Madrid, Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con mayor grado de privatización sanitaria. Así lo evidencia el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que hace una radiografía de la privatización en las distintas comunidades autónomas.
El informe señala que la privatización del sector se ha ido profundizando a raíz de las transferencias sanitarias de 2001 y el primer Gobierno del José María Aznar, aunque en los últimos años la brecha se ha acentuado.
En el trabajo se han utilizado datos de 2012 y 2013 relativos al gasto sanitario dedicado a la concertación con centros privados, la presencia de modelos de colaboración público-privado, la población cubierta por mutualidades de funcionarios, o el porcentaje de camas hospitalarias y equipamiento de alta tecnología que se encuentra en centros privados en cada comunidad.
A partir de estos datos, todas las comunidades han recibido distintas puntuaciones obteniendo un resultado promedio de 15,58 puntos sobre un máximo de 25 puntos posibles. Después, de acuerdo con los resultados obtenidos se ha clasificado el grado de privatización en tres grupos: alto, intermedio y bajo.
Madrid (23 puntos) y Cataluña (21) son las comunidades con un mayor grado de privatización. Le siguen de cerca Galicia (19), Baleares (18) y Canarias (18). Entre las comunidades con un grado de privatización intermedio encontramos a Aragón (17), País Vasco (17), Castilla y León (16), Murcia (16), Valencia (16), Navarra (15) y Cantabria (14). Por último, con un grado bajo están Andalucía (12), Asturias (12), La Rioja (12), Castilla-La Mancha (10) y Extremadura (9).
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La FADSP señala que “previsiblemente estos datos se habrán modificado a peor en la mayoría de las comunidades”, puesto que los datos utilizados para el estudio se corresponden de manera fundamental a 2012 y algunos a 2013. Los datos del informe ponen de manifiesto una gran desigualdad entre las comunidades, lo que evidencia una falta de cohesión del Sistema Nacional de Salud.
“Las cifras de contratación del sistema público con el sector privado”, según advierte el informe, “están infraestimadas por la presencia del modelo MUFACE (mutualidad de funcionarios), que dedica fondos públicos a financiar seguros privados y porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (pruebas diagnósticas, etcétera) que se incluyen en los presupuestos de centros públicos”.
La federación también lamenta que, “como siempre, la gran limitación del estudio está en la ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias”, que dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las comunidades autónomas” y califica esta situación como “un fraude a la ciudadanía que es la que las sufraga con sus impuestos”.
Madrid, Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con mayor grado de privatización sanitaria. Así lo evidencia el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que hace una radiografía de la privatización en las distintas comunidades autónomas.