Al menos tres comunidades ya derivan pacientes con covid-19 a la sanidad privada en esta segunda ola. Se trata de Madrid, Cataluña y Navarra, informa a infoLibre la patronal de hospitales ASPE y confirman autoridades de las tres autonomías. La relación entre la sanidad pública y la privada se ha vuelto más compleja que en la primera ola. Ahora no hay un marco tan claro como tras el primer decreto de alarma, cuando el Gobierno dio al ministro de Sanidad, Salvador Illa, manos libres para ocupar la red privada. En esta segunda ola no hay prevista una medida similar, aunque sí la posibilidad de forzar “prestaciones obligatorias”. La intervención queda excluida, al menos de momento. A ello se suman las tensiones y cuentas pendientes acumuladas durante la pandemia. La patronal de hospitales privados no oculta su recelo por lo que considera un injusto trato del sector público tras la intervención de sus instalaciones en el primer pico de la pandemia, sobre todo en las comunidades más desbordadas. Sin resolver aquellas cuentas económicas, con la incertidumbre de la gravedad que alcanzará ahora la pandemia, vuelven los momentos de fuerte presión sobre los sistemas sanitarios.
¿Tiene margen la red hospitalaria privada para ayudar si el golpe de esta segunda ola es fuerte? Sí, responde Rus. Pero con cautelas. El dirigente de la patronal hospitalaria, que se muestra molesto por lo que considera un trato injusto de las administraciones, en especial del Gobierno central, reitera la disponibilidad de los hospitales a colaborar y asegura que tienen una considerable capacidad para acoger pacientes. No obstante, advierte de falta de capacidad en cuanto a “enfermería”. Y recalca que, en esta segunda ola, la tensión puede extenderse a un mayor número de sistemas sanitarios, porque la evolución de la pandemia es más homogénea, por lo que cree necesario crear “un marco estable de colaboración” en todas las comunidades autónomas. Lamenta que los grupos hospitalarios tengan que negociar por separado con cada una de ellas.
Con estas incógnitas y recelos sobre la mesa, ya se están produciendo derivaciones de la pública a la privada. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz-Ayuso (PP), está haciendo de momento un uso mínimo de este recurso. El departamento de Sanidad cifra sólo en 6 las derivaciones realizadas desde la sanidad pública a la privada en esta segunda ola. Se trata de “casos concretos por circunstancias muy específicas”, añade Sanidad. En total, son 412 los pacientes con covid-19 ingresados en hospitales privados, 354 en planta y 58 en UCI, lo cual supone un 13,9% del total (2.962). De estos, sólo 6 son derivados, según Sanidad.
La Comunidad de Navarra, presidida por la socialista María Chivite, también está realizando derivaciones en el marco de una “red integrada de salud” puesta en marcha en septiembre. Desde entonces el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha traspasado un total de 235 pacientes a los centros privados, según datos de la comunidad foral. En la actualidad hay ingresados en centros privados 101 pacientes con covid-19 derivados desde el Sistema Navarro de Salud, 5 en UCI.
En Cataluña, gobernada por JuntsxCat y ERC, las derivaciones han sido ininterrumpidas porque “desde el estado de alarma del mes de marzo” la red privada “no ha dejado de estar integrada” en el sistema público catalán, señala del Departament de Salut. Los pacientes con covid-19 derivados de la sanidad pública a la privada han sido 213, 10 de ellos a la UCI. El número ha ido creciendo mes a mes, según datos de Salut:
– Julio: 42 derivaciones, 4 de ellas a la UCI.
– Agosto: 69 derivaciones, 1 de ellas a la UCI.
– Septiembre: 102 derivaciones, 5 de ellas a la UCI.
El crecimiento entre julio y septiembre ha sido del 142%.
Estas tres comunidades tienen un porcentaje de camas y camas UCI ocupadas por pacientes con covid-19 mayor que el conjunto de España, según datos del Ministerio de Sanidad de este martes. En todo el país los porcentajes son de 13,93% y 25,04%, respectivamente. En Madrid son el 19,48% y el 40,05%. En Cataluña, el 14,21% y el 36,08%. En Navarra, el 18,3% y el 36,84%.
Nuevo estado de alarma
El nuevo estado de alarma deja fuera la intervención de la sanidad privada, que sí estaba recogida en el decreto de marzo. Las medidas adoptadas para la primera ola permitían al ministro de Sanidad, Salvador Illa, “ejercer aquellas facultades que resulten necesarias” en los “establecimientos sanitarios de titularidad privada” para reforzar el “Sistema Nacional de Salud”. Además, habilitaban al ministro para “intervenir y ocupar transitoriamente [...] establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico”.
Estas potestades no están recogidas en el decreto del domingo. Fuentes jurídicas señalan que la exclusión de la intervención de las instalaciones de la sanidad privada impide, al menos si no se modifica el decreto, la posibilidad de imponer esta medida. A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Sanidad explica que “las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas”.
El artículo que atañe a los hospitales privados es el 11, que permite a las comunidades autónomas, apoyándose en la ley de 1981 que regula el estado de alarma, “imponer en su ámbito territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias”. ¿Qué significa esto? Según Sanidad, “habilita” a las comunidades “para a que puedan reforzar con personal el sistema sanitario y sociosanitario”.
La situación ha cambiado ostensiblemente con respecto a la primera ola, cuando el Gobierno puso bajo su mando la sanidad privada, en la que sobresalen grupos como Quirón, de la alemana Fresenius, Vithas, de capital español, y Ribera, de la americana Centene, entre otras. En cada comunidad la puesta a disposición del sistema público de los recursos privados fue diferente. Resultó intensa en comunidades como Madrid y Cataluña. La patronal hospitalaria ASPE, que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, ha protestado insistentemente por lo que considera falta de respuesta económica a dicha intervención. Esta organización ha cifrado el montante adeudado en 246 millones de euros y asegura que sólo ha alcanzado un acuerdo con un gobierno autonómico para la compensación, el de Cataluña. Esta comunidad estableció que cada ingreso en UCI supone 43.400 euros, que cada hospitalización sin UCI son 2.500 euros si son menos de 72 horas, 5.000 sin son más, y que cada PCR son 93 euros. No hay acuerdos similares en el resto de comunidades autónomas, según ASPE.
Discrepancia económica
De modo que la segunda ola llega con las cuentas de la primera sin arreglar. El Ministerio de Sanidad asegura que son las comunidades las que deben pagar. Pero los acuerdos se resisten. La patronal ASPE encargó al bufete Santiago Mediano Abogados un dictamen jurídico, al que ha tenido acceso este periódico, que concluye que había mimbres para una reclamación económica al Estado en los tribunales. “Los daños patrimoniales sufridos con ocasión de la pandemia por covid-19 son consecuencia directa de decisiones administrativas”, señala el dictamen. La eventual decisión de acudir a la vía judicial sería de cada grupo hospitalario, no de la patronal. De momento, ninguno ha anunciado esta vía.
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Mientras tanto, siguen las negociaciones. “Madrid está cerrando un acuerdo, Murcia está negociando, la Comunidad Valencia tiene previsto pagar precios públicos... Hasta ahora, la única que decretó cómo hacer el pago fue Cataluña. Y Ahora Andalucía está contando con la privada para establecer un marco estable de colaboración, aunque todavía no están cerrados los detalles”, explica.
Aunque no es citada por Rus, la Comunidad de Extremadura asegura a este periódico que ha llegado a un acuerdo de valoración “similar” al catalán, pero con precios “importes acordes con la renta económica de la región (entre 250-270 euros día de estancia)”. El consejero de Sanidad, el socialista José María Vergeles, explica a este periódico que el recurso a los hospitales privados en la primera ola fue residual y que, hasta la fecha, no ha sido necesario en la segunda, aunque añade que tiene la guarda alta porque puede haber “incrementos” de ocupación. Vista la evolución de la pandemia, nadie descarta nada.
Extremadura ofrece un ejemplo perfecto de cómo cada comunidad busca su solución en un panorama de relaciones con la sanidad privada muy abierto. Vergeles señala que el acuerdo entre la sanidad pública extremeña y los grupos privados se basa en una compensación y en el uso de los hospitales privados para aliviar las listas de espera. Ante la segunda ola, Vergeles asegura que ya tiene una interlocución abierta con los tres grupos privados que trabajan en Extremadura, Quirón, Ribera y Caser.