La crisis del coronavirus ha obligado a las administraciones públicas a trabajar a contrarreloj. Tanto a nivel normativo como a la hora de llevar a cabo compras millonarias de material sanitario, contratar determinados servicios o levantar desde cero nuevas infraestructuras. Y, en este sentido, la vía de emergencia ha jugado un papel fundamental. El coronavirus ha normalizado el uso de esta fórmula, reservada para situaciones excepcionales. Tanto es así que entre marzo y finales de diciembre las administraciones habían publicado más de 20.000 contratos de estas características, según las cifras que maneja la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano integrado en el Ministerio de Hacienda. Destaca la Comunidad de Madrid, donde constan unos tres millares de licitaciones de este tipo con un presupuesto base que alcanza los 720 millones de euros. Le siguen Cataluña y la Comunitat Valenciana, con 658 y 337 millones, respectivamente.
La vía de emergencia se reserva por ley para aquellos casos en los que la Administración "tenga que actuar de manera inmediata" como consecuencia de "acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan un grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional". Y se limita a escenarios tan excepcionales porque, precisamente, esta fórmula lleva aparejada una rebaja de las exigencias en la contratación en tanto que permite pedir algo directamente a una compañía sin necesidad de un concurso público. "El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente ley", recoge en su artículo 120 la norma que regula los contratos del sector público.
Este procedimiento de tramitación permite, por tanto, actuar sin perder un solo segundo, evitando papeleos y todos aquellos trámites que habitualmente alargan las licitaciones. Es, por tanto, la fórmula perfecta para actuar con rapidez frente a una pandemia histórica. Y, por eso, se ha recurrido a ella en miles de ocasiones a lo largo de los últimos meses. Según el último Informe especial de supervisión de los contratos tramitados por la vía de emergencia, elaborado por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), entre marzo y diciembre del año pasado –últimas cifras disponibles– las administraciones públicas sacaron 22.372 contratos por la vía de emergencia por valor de 7.139 millones de euros, de los que más de la mitad –4.198 millones de euros– corresponden a la Administración General del Estado. Para hacerse una idea de la dimensión, en los dos años previos el órgano recoge algo más de tres centenares. Sesenta veces menos.
Por regiones, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza. La Oirescon cifra en tres millares el número de licitaciones de estas características publicadas, de las cuales 296 corresponden a la administración local, 786 a la comunidad autónoma, 1.863 a entidades de derecho público y 55 a otras entidades del sector público. En total, el presupuesto base de licitación de todos ellos se sitúa en los 720,2 millones de euros –680 millones si se excluye la administración local madrileña–. Es la cifra más alta de todas las que recoge a nivel territorial el órgano integrado en Hacienda. En Cataluña, se sitúa en los 658,7 millones de euros, a pesar de que la cantidad de contratos tramitados por el procedimiento de emergencia es mucho mayor –7.904–. Y en la Comunitat Valenciana alcanza los 337 millones de euros. La Oirescon, no obstante, indica que las cifras económicas deben entenderse como una "aproximación" por las "dificultades que existen para su obtención".
De Ifema al Zendal pasando por los test y rastreadores
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido desde el comienzo de la pandemia a esta fórmula para poner en marcha dos de sus principales proyectos sanitarios: Ifema y el Hospital Enfermera Isabel Zendal. En el primer caso, se compraron por la vía de emergencia camas, colchones, accesorios, material quirúrgico o equipos de protección individual y se contrataron los servicios de lavandería, restauración o limpieza. En el segundo, esta fórmula sirvió para levantar un nuevo centro sanitario desde cero. Se adjudicaron a dedo los estudios, los servicios –desde la vigilancia al mantenimiento de las instalaciones–, los suministros y, por supuesto, los trabajos de construcción, que se han comido buena parte del gasto y que recayeron directamente sobre algunas de las constructoras más potentes del país. Actualmente, el coste del hospital milagro de Ayuso se sitúa en más de 157 millones de euros.
También se ha recurrido a esta fórmula en las famosas externalizaciones de servicios. Por la vía de emergencia se adjudicaron directamente a United Laboratories España (Unilabs) y a Ribera Salud, a través de una unión temporal de empresas, ocho contratos por valor de 32,5 millones de euros para la realización de pruebas PCR y test serológicos de detección de anticuerpos en el ámbito del Laboratorio Clínico Central, privatizado hace más de una década. El mismo método que se utilizó para adjudicar a comienzos de agosto el seguimiento de contactos directamente a Quirón Prevención, a pesar de que las autoridades sanitarias llevaban semanas avisando a las administraciones de la necesidad de contar con una fuerte capacidad de rastreo tras la primera ola de la pandemia. O para que la Consejería de Políticas Sociales otorgase de forma directa a Vitalia el proyecto de residencia covid.
Uso "demasiado intenso" de la emergencia
Eduardo Gutiérrez, diputado de Más Madrid, partido que liderará la oposición durante los dos próximos años, considera que la administración regional está "abusando" de este tipo de tramitación excepcional. "Creemos fielmente que la pandemia ha sido la excusa perfecta para conductas clientelares con adjudicaciones a dedo", apunta el parlamentario al otro lado del teléfono, quien considera que la caída del estado de alarma pondrá punto y final al uso continuo de esta vía. No obstante, recuerda que la Cámara de Cuentasde Madrid tiene entre sus tareas pendientes la fiscalización de este tipo de adjudicaciones. No es la única. También el Tribunal de Cuentas estatal pondrá este 2021 la lupa sobre aquellos contratos de emergencia tramitados a lo largo del año pasado por la administración pública estatal, por las comunidades y ciudades autónomas que no tengan órgano propio de control externo y por los ayuntamientos de las localidades con una población superior a los 300.000 habitantes.
El catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y colaborador del Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno, considera que las administraciones están haciendo un uso "demasiado intenso" de este tipo de tramitación. Aunque estemos en una pandemia, explica, esta vía no puede convertirse en "ordinaria". "No siempre lo justifica", recalca el experto. En este sentido, señala que esta herramienta está pensada para aquellas situaciones en las que se tienen "unas necesidades sobrevenidas no planificadas" y unas prioridades, como proteger la salud de las personas, que son "incompatibles" con los "plazos" habituales de contratación. El ejemplo más claro se encontraría durante la primera ola, cuando el coronavirus pilló a todos por sorpresa, sin equipos de protección individual o sin respiradores en plena avalancha de contagios.
Pero otra cosa bien diferente, considera, es cuando la pandemia ya lleva meses marcando el funcionamiento de medio mundo. "Cuando ya está tan extendida, hay posibilidad de planificar a medio y largo plazo", opina. Al jurista le preocupa que se hayan normalizado este tipo de procedimientos. Y le preocupa, principalmente, porque "abre brechas importantes". "Con la vía de emergencia no hay competencia, se compra a precios sin contrastar y hay riesgo de que puedan producirse conductas corruptas o irregulares", reflexiona.
Retrasos en la rendición de cuentas
Algunas organizaciones internacionales ya avisaron al comienzo de la pandemia de que la crisis sanitaria podía ser el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de conductas ilícitas. "En las decisiones o procedimientos de emergencia, es posible que no siempre se siga el proceso debido y que la documentación quede incompleta, lo que dificultará la realización de auditorías e inspecciones o investigaciones", apuntaba a finales de mayo de 2020 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por eso, tanto esta como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se cortaban en pedir a los países un compromiso para la realización de auditorías ex post y para actuar con la mayor transparencia posible. Sobre todo, apunta Gimeno, en procedimientos tan excepcionales como la emergencia. "Hay que explicar todo con el mayor detalle posible, porque eso es una de las señas de identidad de una democracia sana", dice el catedrático.
El problema, recuerda Gutiérrez, es que hay adjudicaciones que no se publican en el perfil del contratante en tiempo y forma. En este sentido, la Ley de Contratación del Sector Público fija un plazo de quince días para hacerlo. Sin embargo, una investigación del pasado mes de marzo del colectivo Civio reveló que esa transparencia en los contratos de emergencia en España tardó en llegar, de media, unos 43 días, casi el triple. "No hay argumentos que justifiquen retrasos, en algunos casos de meses, a la hora de subir adjudicaciones de este tipo al Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid", sostiene el parlamentario del partido verde al otro lado del teléfono, quien asegura que una de las prioridades de su formación en estos dos próximos años de legislatura –en 2023 hay una nueva cita con las urnas– girará alrededor del "control del gasto público".
En la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso hay varios ejemplos en este sentido. Destaca, sobre todo, el de los famosos aviones de material sanitario que llegaron desde China durante la primera ola de la pandemia. De los 23 fletes que se produjeron desde principios de abril a comienzos de julio, una quincena se los llevó, como desveló infoLibre, Sport Logistics Solutions SL, que cobró por su trabajo el doble que las empresas que organizaron los otro ocho viajes. Unas adjudicaciones que, sin embargo, no se publicaron en el Portal de la Contratación regional hasta febrero de 2021. Casi diez meses de retraso.
La crisis del coronavirus ha obligado a las administraciones públicas a trabajar a contrarreloj. Tanto a nivel normativo como a la hora de llevar a cabo compras millonarias de material sanitario, contratar determinados servicios o levantar desde cero nuevas infraestructuras. Y, en este sentido, la vía de emergencia ha jugado un papel fundamental. El coronavirus ha normalizado el uso de esta fórmula, reservada para situaciones excepcionales. Tanto es así que entre marzo y finales de diciembre las administraciones habían publicado más de 20.000 contratos de estas características, según las cifras que maneja la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, órgano integrado en el Ministerio de Hacienda. Destaca la Comunidad de Madrid, donde constan unos tres millares de licitaciones de este tipo con un presupuesto base que alcanza los 720 millones de euros. Le siguen Cataluña y la Comunitat Valenciana, con 658 y 337 millones, respectivamente.