La jueza Mercedes Alaya puso por escrito en su último auto, conocido el martes, que había llegado el momento de dar "un paso cualitativo" en la instrucción del caso ERE. "Paso cualitativo" entendido también por el Ejecutivo andaluz y por el PSOE, quien ha abandonado su prudencia y ha acusado a la magistrada de impulsar una "causa general" contra los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una expresión, la de "causa general", idéntica a la empleada el pasado 24 de junio por el PP para defenderse del caso Bárcenas. Los socialistas justifican sin fisuras que se haga ese juicio tan duro de la decisión de la instructora, plagada, dicen, de "aberraciones jurídicas", como el hecho de que no se atribuya delito a los 20 imputados, no se fije fecha y hora de toma de declaración más que a dos de ellos e incluso se "impute selectivamente", dejando fuera a los aforados y señalando a los que no tienen protección. Cuestión esta última que se singulariza con una pregunta citada por varios cargos del partido consultados por este diario: "¿Por qué sí está imputada Magdalena Álvarez y no José Antonio Viera?".
La imputación de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía de la Junta, señalada por haber "dictado las normas" que permitieron "el dispendio continuado de fondos públicos", conmovió al PSOE, tanto en Ferraz, la sede federal, como en Andalucía. La noticia saltaba además el mismo día en el que el Comité Director del PSOE-A, el máximo órgano entre congresos, ponía en marcha el proceso de primarias que culminará el 29 de julio con la elección, precisamente, del sucesor de Griñán. Pero el impacto del auto de la jueza eclipsó la reunión. El vicesecretario general, Mario Jiménez, reconoció en declaraciones a los medios que su partido siempre había sido "absolutamente respetuoso" con la instrucción, pero "llegado este día", estaba "muy preocupado" porque en la actuación de Alaya "no existen las casualidades". "Empieza a ser ya intolerable la coincidencia entre la agenda política del PSOE-A y los pasos que está siguiendo la instrucción", sostuvo. Y añadió: lo que quiere la jueza es trasladar a la opinión pública con sus resoluciones una "causa general contra los Gobiernos de Chaves y Griñán sin ningún sentido".
Tras las palabras de Jiménez, se sucedieron ayer, miércoles, no pocas declaraciones públicas de dirigentes socialistas con un nexo común: las críticas nada disimuladas a Alaya. El auto, dijo Griñán, "no contiene absolutamente ningún reproche penal" por lo que es "manifiestamente recurrible". Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, puso "la mano en el fuego" por Álvarez y por Griñán, sucesor de esta en la Consejería de Economía y Hacienda y hoy presidente de la Junta. La número dos se detuvo en las "casualidades" que denunciaba Jiménez: "Es bastante chocante de qué manera tan precisa la jueza coordina la comunicación de sus autos con hechos políticos importantes del partido en Andalucía". El texto, abundó, carece de "fundamentación" porque los afectados "son personas que estaban cumpliendo la ley". La defensa que Valenciano hizo del PSOE andaluz y de la Junta sonó tan rotunda en Sevilla que Jiménez la telefoneó para agradecerle el gesto.
"Daño irreparable" a los señalados
Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno andaluz, también respaldó en su blog a los cargos y ex altos cargos de la Junta imputados como servidores públicos "honestos y responsables por el mero hecho de cumplir una ley, la Ley de Presupuestos aprobada todos los años en el Parlamento, y se les somete a la pena del telediario sin atribuirles ningún delito", situándoles "al borde de la indefensión y del escarnio público gratuitamente", causándoles un "daño político y personal" ya "irreparable". El portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, también incidió en que la magistrada, al afirmar que era inadecuado el procedimiento de transferencia de fondos públicos para abonar ayudas sociolaborales, está poniendo en duda la misma Ley de Presupuestos, que año a año aprueba la Cámara autonómica: "Alaya ha decidido que el procedimiento por el que se ejecutaban los fondos es ilegal, con lo que el kilómetro cero de esa ilegalidad es el Parlamento", una situación "inaudita".
Hasta el secretario general del PSOE de Jaén –el territorio más crítico con Griñán, feudo de la mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías–, Francisco Reyes, también calificó de "injustas" algunas "actuaciones" en el caso ERE, un proceso "muy lento, extremadamente lento", y dijo no entender "la coincidencia" de decisiones judiciales con "determinados hitos" del PSOE-A.
El goteo de declaraciones públicas no hacía sino apuntalar la idea de "causa general" proclamada por Jiménez. ¿Es contraproducente utilizar la misma expresión que Floriano hace tan sólo unos días? Varios responsables de la dirección federal y regional, y también en la Junta, asumían que, tal vez, "mediáticamente" sí se pueda ver como una coincidencia, pero rechazaron que sean paragonables las respuestas del PSOE al caso ERE y del PP a la trama Gürtel y los papeles del extesorero Luis Bárcenas. "Nosotros no sólo no hemos sido expulsados de la causa –decía un alto cargo del Ejecutivo consultado por infoLibre–, sino que hemos denunciado el caso, hemos facilitado más de 300.000 folios a la jueza, y hemos pedido fianza a los cargos implicados. Hemos colaborado y queremos que se persiga a los culpables y se llegue hasta el final con la máxima celeridad posible. Y vamos a seguir colaborando para que se siga el rastro del dinero y se recupere lo malversado, pero no vamos a aplaudir aberraciones jurídicas como esta".
Los solapamientos de calendarios y autos
Ferraz y Sevilla convergen en los argumentos. Primero, citaban la coincidencia "clamorosa" de la agenda política e institucional del PSOE andaluz y los autos de mayor impacto de Alaya. El PSOE ha compilado varios ejemplos: la campaña de las generales de 2011 (la jueza reclama las operaciones de endeudamiento de más de 1,2 millones autorizadas por Griñán en su etapa como consejero de Economía), la campaña de las autonómicas de marzo de 2012 (envío a prisión de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y uno de los principales implicados), la firma del pacto de empleo entre la Junta y los agentes sociales en marzo de 2013 (lanzamiento de la operación Heracles, que desencadenó la detención de 20 personas) o la reunión del Comité Director que encendió el motor de las primarias el martes pasado (imputación de Álvarez y otros 19 cargos y ex altos cargos). "Busca el golpe de efecto, y hasta este martes eso no era tan evidente y chocante", aseguraban fuentes próximas a Jiménez.
El segundo aspecto que enervaba a las direcciones federal y regional es el hecho de que la jueza impute a 20 personas y no diga por qué delitos, y sólo llame a declarar por ahora a Carlos Leal Bonmatí, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y Manuel Gómez, interventor general de la Junta desde 2000 hasta 2010. El primero, último de los imputados en Heracles que aún no había comparecido, pasará hoy jueves por el juzgado. El segundo, el próximo 25 de julio.
Tercer punto, la cuestión de los Presupuestos. La jueza sostiene que, al dictar la orden que recogía el "concepto presupuestario de transferencias de financiación" –teóricamente, traspasos de capital que se usaron para pagar ayudas sin fiscalización–, Álvarez abrió la espita del "dispendio continuado". Esa es la clave de su imputación y de la de otros 19 altos cargos de diferentes etapas que aplicaron esa misma fórmula. "Está cuestionando toda la política autonómica de la Junta, las leyes de Presupuestos aprobadas año tras año por el Parlamento", leyes que contenían la partida 31L de ayudas sociolaborales, la que supuestamente sirvió para desviar el dinero.
Argumentación de Martín Pallín
Cuarto elemento: las personas. Ahí cabe la pregunta extendida de por qué está ya señalada Álvarez y no Viera. La jueza, con la última imputación de 20 personas –la causa ya acumula 93– señala a las cúpulas de las consejerías de Economía y Hacienda, de Empleo y de Innovación. A cargos como Antonio Lozano, director general de Presupuestos (2002-2009) y hoy viceconsejero de Presidencia (el único de hecho con puesto en el Gobierno regional). En cambio, no ha imputado a Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, que firmó en 2001, con su viceconsejero Antonio Fernández, el convenio para empresas en crisis. Fernández, que le sucedería en el cargo, sí está imputado y ha pasado por prisión. Viera es aforado porque es diputado en el Congreso.
La magistrada tampoco ha señalado a Carmen Martínez Aguayo, viceconsejera con Griñán y diputada andaluza (y actualmente consejera de Economía). Ni a Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación y hoy aforado al ser parlamentario autonómico. La conclusión que extraen Ferraz y Sevilla es que Alaya está "imputando selectivamente", esquivando a los aforados para no perder la causa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –en el caso de los que son diputados autonómicos– o en favor del Supremo (en el caso de Griñán, Chaves o Viera). "Lo lógico es que hubiera imputado a Viera, a quien la Guardia Civil le atribuía un 'papel esencial' en la concesión de ayudas. Pero no lo hace", comentaba indignada una dirigente muy próxima al jefe del Ejecutivo andaluz.
El apoyo a la argumentación oficial se sentía ayer bastante general. Aunque no unánime. "Creo que es un error hablar de causa general. Hay otras maneras de decir las cosas sin esa expresión, porque efectivamente se nos asocia al PP", analizaba un miembro muy relevante del sector crítico con Griñán, quien añadía que eso mismo lo pensaba "seguro" más gente en el partido.
Ferraz y Sevilla se agarraban a las razones ofrecidas, "entre otros juristas", por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien en una entrevista en la cadena Ser consideró que el auto del martes es "nulo" porque Alaya no aclara qué delito atribuye a los 20 señalados y porque "no puede criminalizar la forma política, administrativa y financiera" con la que se llevó a cabo el convenio para reservar un fondo para empresas con problemas. Martín Pallín también vio "sospechoso" que "pare" en quienes no están aforados.
En la Junta, niegan que Griñán se temiera el explosivo auto del martes y que, por eso, anunciara su retirada la semana pasada. Sí recalcan la intencionalidad "política" de la magistrada, que "viene escopeteando en sus autos, con la intención de llegar a lo más alto de la pirámide", según un alto cargo del Gobierno. Esto es, al propio presidente. Sin embargo, fuentes del Gabinete y del PSOE dijeron no temer la imputación de Chaves o de Griñán. "Lo habría hecho ya", apuntaban ayer.
La jueza atribuye a Magdalena Álvarez responsabilidad en el diseño de los pagos de los ERE
Recursos individuales
La estrategia inmediata pasa por recurrir la última decisión de Alaya. Según confirmaron fuentes de la Junta a infoLibre, se presentarán impugnaciones "individuales" ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Es el caso de Lozano, quien ayer mismo renunció a su condición de secretario de actas del Consejo de Gobierno, pero no dimitió como viceconsejero.
El socio de Gobierno del PSOE en Andalucía, IU, prestó cobertura a Griñán. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, confesó sentirse "preocupado" por la "escasa imparcialidad" del auto. Aunque avisó: "Ningún imputado o procesado puede estar en el Gobierno ni en ningún cargo de responsabilidad".
La jueza Mercedes Alaya puso por escrito en su último auto, conocido el martes, que había llegado el momento de dar "un paso cualitativo" en la instrucción del caso ERE. "Paso cualitativo" entendido también por el Ejecutivo andaluz y por el PSOE, quien ha abandonado su prudencia y ha acusado a la magistrada de impulsar una "causa general" contra los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Una expresión, la de "causa general", idéntica a la empleada el pasado 24 de junio por el PP para defenderse del caso Bárcenas. Los socialistas justifican sin fisuras que se haga ese juicio tan duro de la decisión de la instructora, plagada, dicen, de "aberraciones jurídicas", como el hecho de que no se atribuya delito a los 20 imputados, no se fije fecha y hora de toma de declaración más que a dos de ellos e incluso se "impute selectivamente", dejando fuera a los aforados y señalando a los que no tienen protección. Cuestión esta última que se singulariza con una pregunta citada por varios cargos del partido consultados por este diario: "¿Por qué sí está imputada Magdalena Álvarez y no José Antonio Viera?".