Cierra el mandato 2015-2019, que prometía marcar un hito con las llamadas "remunicipalizaciones", es decir, el rescate de servicios públicos para su gestión directa por parte de los ayuntamientos. Aún es pronto para saber si este interés ha supuesto sólo un paréntesis en medio de una época de privatizaciones o la apertura de una larga etapa de reversión. Lo que sí se puede saber ya es que la conclusión del periodo llega con el ambicioso plan de "desprivatizaciones" –el otro término al uso– cumplido sólo a medias. Jamás se había avanzado tanto en la materia, en un cambio de tendencia que se da significativa pero no única en los llamados "ayuntamientos del cambio", aquellos gobernados por fuerzas vinculadas a Podemos, IU y otros partidos a la izquierda del PSOE. Pero queda mucho, sobre todo en la gestión del agua. El panorama resultante se podría resumir así: se ha desprivatizado más que nunca, pero menos de lo previsto.
"Ha habido un cambio, claramente. Es un comienzo. Esto es un aprendizaje. Se necesitan cuatro años más, o incluso más tiempo, para consolidarlo. Yo creo que dentro de cuatro años habrá más pueblos y ciudades con gestión pública", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Españolas de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Babiano ciñe su análisis al agua, el servicio municipal más sensible. Aeopas estima que el 50% de la gestión municipal del agua en España está en manos privadas. Pero no es un estudio oficial. Ni la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ni el Gobierno ofrecen estudios oficiales sobre el volumen de servicios gestionados por privados.
Para llenar este vacío, la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid acaba de publicar un informe, que abarca de 2010 a 2019 y que –admiten sus autores– no garantiza que no se escapen desprivatizaciones que hayan pasado inadvertidas. Con los datos ofrecidos, contrastados con los de Aeopas y los manejados por sindicatos y fundaciones defensores de la gestión pública de los servicios públicos, es posible componer una panorámica de las remunicipalizaciones en España. Y salta a la vista una primera conclusión: el empeño ni es exclusivo, ni es original de los "ayuntamientos del cambio", que sí le han dado fuerza, cohesión, dirección y liderazgo, situándolos en primera línea del debate político local.
La segunda conclusión es cuantitativa: en el periodo 2010-2019 se han municipalizado al menos 90 servicios, un fenómeno que no abarca sólo rescate de servicios de gestión privada parte de ayuntamientos, sino también de mancomunidades, así como algún caso aislado de creación de nuevo servicio público antes inexistente. Más de 65 servicios corresponden al periodo 2015-2019. La cuenta se ha hecho por servicios. Es decir, si se rescata una concesión con dos servicios no se considera una remunicipalización, sino dos. La comunidad donde más remunicipalizaciones ha habido es Cataluña (26); paradójicamente, es la autonomía con mayor índice de concertación en la educación y la sanidad. Después van Madrid, Andalucía (16 cada una), Castilla La Mancha (9) y Galicia (5).
Las desprivatizaciones abarcan agua, recogida de residuos, limpieza viaria, de playas y de edificios, ayuda a domicilio, atención al ciudadano, televisión local, mantenimiento de arbolado y jardinería, aparcamientos, multas, recaudación, laboratorio, alumbrado, grúa, piscina... La remunicipalización más abundante es la de la gestión del agua, con 25 servicios. "A veces se habla sólo de remunicipalizar. Y es importante. Que se haya remunicipalizado en Valladolid es un avance importantísimo. O en Terrasa [que rescató el servicio tras 75 años en manos privadas]. Pero no sólo hay que mirar ahí, o a lo que han conseguido las grandes ciudades. Ha habido avance en la gestión. Las empresas del agua de Sevilla, Cádiz y Córdoba, emblemáticas, muy robustas, que ofrecen servicios de calidad, han hecho avances en transparencia y rendición de cuentas", señala Luis Babiano.
No sólo los gobiernos "del cambio"
No hay que mirar sólo a los ayuntamientos con marchamo de "cambio": Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Ferrol y Cádiz. Ha habido desprivatizaciones en otros municipios. Y antes. Cazorla (Jaén), Lucena (Córdoba), Mogán (Gran Canaria), Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia) y los municipios barceloneses de Arenys de Munt, Figaró-Montmany, Vilalba Sasserra y Santa Maria de Palautordera, entre otros, municipalizaron el agua antes del actual mandato. Pasaia-Pasajes (Gipuzkoa) lo hizo con la limpieza en 2014. Guardamar del Segura (Alicante) es otro municipio pionero. El fenómeno predomina en la izquierda, pero no es exclusivo. Arteixo (A Coruña), estando gobernada por el PP, remunicipalizó el agua en 2013 por los incumplimientos de la concesionaria Aqualia.
Medina Sidonia (Cádiz), tras la entrada de IU en 2011, culminó en 2015 el proceso con el agua, la recogida de residuos y la limpieza. "No me gusta llamarlo 'remunicipalizar'. Prefiero 'renacionalizar'", afirma su alcalde, Fernando Macías, que afirma que cuando FCC se encargaba de la limpieza había una zona, el Prado de la Feria, que estaba fuera de contrato. "Había que hacerlo como servicio extraordinario. Se encarecía mucho", señala.
Dificultades técnicas
El alcalde Macías, que ha impulsado una gran empresa de servicios públicos (Medina Global) y presume de haber sido pionero en la implantación del "mínimo vital", admite que los procesos de privatización son de gran complejidad técnico-jurídica. Los ayuntamientos empeñados en la remunicipalización coinciden en que las conocidas como "leyes de austeridad" aprobadas durante la etapa del PP (2011-2018), la reforma de la administración local y la reforma del artículo 135 de la Constitución dificultan la tarea.
Además, los modelos de colaboración público-privada tienen tradición en España. "Desde el siglo XIX vienen empleándose fórmulas de colaboración público-privada, tanto contractuales como institucionales, que han conocido en estos últimos 15 años una fuerte expansión", señala el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno Feliú en su artículo Remunicipalización de servicios y derecho comunitario (2016). "La técnica de remunicipalización –añade– tiene importantes límites derivados del derecho europeo".
De Botella a Carmena
Para ninguno de los gobiernos "del cambio" las remunicipalizaciones han sido un camino de rosas. Pero tampoco se han quedado en el dique seco. En todas ha habido avances, a pesar de las dificultades. El Ayuntamiento de Madrid, durante el periodo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha municipalizado la funeraria –que gestiona cementerios, tanatorios y crematorios–, cinco aparcamientos, el teleférico de la Casa de Campo y el servicio de alquiler de bicicletas Bicimad. Queda en el tintero Calle 30, que gestiona la M-30. "Lo tenemos avanzado. Es una empresa mixta, lo ideal es que pase a ser 100% municipal", señala Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda. También se retrasa la remunicipalización de tres polideportivos. Las cosas no son fáciles técnicamente.
"Los contratos firmados durante la etapa de [Ana] Botella de limpieza viaria y alumbrado público acaban en 2021", explica García Castaño. ¿Se descarta alguna remunicipalización? No es que se descarte, explica el concejal, "pero con las escuelas infantiles hemos optado por una gestión indirecta que da entrada a la economía social y no prima el precio". "Estamos satisfechos", añade. En cuanto al agua, el caso de Madrid es particular porque corresponde al Canal de Isabel II. Su gestión es pública y no exclusivamente municipal.
Colau: del agua a Betevé
Con Ada Colau en la alcaldía, el Gobierno local de Barcelona ha comprobado que la casuística de la remunicipalización es amplia. Se ha desprivatizado la atención a mujeres, así como varias guarderías municipales, mantenimiento de arbolado y control de plagas. El ayuntamiento ha creado una comercializadora energética y ha habilitado servicios como el dentista municipal. "Es un servicio que no existía en lo público y hemos creado", señala Eloi Badía, concejal de Presidencia, Agua y Energía.
El gran caballo de batalla ha sido el agua, de gestión mixta y que ha enfrentado al Gobierno de Colau con Agbar. No se ha logrado remunicipalizar. "Ha habido mucha litigiosidad, sobre todo con el agua. Agbar ha judicializado incluso la consulta ciudadana. Estamos perplejos, y a la vez más convencidos que nunca [de la gestión pública del agua]", añade. También se han quedado en el tintero la funeraria y la atención domiciliaria. Queda pendiente la ejecución de un acuerdo con las educadoras de calle para su "internalización", explica Badía.
En el canal de televisión local Betevé, explica el concejal, "nos encontramos con una cesión ilegal de trabajadores". "Eran servicios externalizados con los trabajadores en las dependencias municipales, con ordenadores del ayuntamiento. Una intrusión", explica.
Badía asegura que la situación general era de "descontrol". "Nos hemos encontrado situaciones en que estaba privatizado el pliego y el seguimiento, todo".
El escollo del agua
La dinámica de las dos mayores ciudades se extiende al resto. Algunos logros, algunos retos pendientes. Valencia ha recuperado aparcamientos y servicios culturales y ha creado nuevos mecanismos de control sobre la gestión. El alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha descartado remunicipalizar el agua por el alto coste de romper la concesión.
Zaragoza (con el gobierno de Zaragoza en Común) ha rescatado el servicio de atención telefónica, tras un proceso lleno de sobresaltos judiciales. El Gobierno local está en fase de recuperación de la depuración de aguas. El suministro de agua ya es público.
Santiago de Compostela (Martiño Noriega, Compostela Aberta) ha remunicipalizado la asesoría jurídica, el aparcamiento regulado y la grúa. Para el próximo mandato, el Gobierno local pretende remunicipalizar el agua. "En Santiago el servicio lleva 36 años en manos de la misma empresa, con un contrato que fue sucesivamente prorrogado a cambio de medidas cuestionables como la concesión de un préstamo de 2 millones de euros para la financiación de actividades culturales en 2010, que se acabó de pagar este año a un interés del 7%, préstamo que el propio Consello de Cuentas de Galicia consideró irregular", señala un portavoz municipal.
En Ferrol (Jorge Suárez, Ferrol en Común) se ha desprivatizado el servicio de socorrismo, pero no ha sido posible con la recogida de basuras, ni con el agua. A Coruña (Xulio Ferreiro, Marea Atlántica) ha avanzado en la desprivatización de bibliotecas. La gestión del agua es pública.
El Ayuntamiento de Cádiz, con el alcalde José María González Kichi gobernando en coalición de Por Cádiz Sí Se Puede e IU, ha rescatado servicios de salvamento y socorrismo, limpieza de arena y gestión de módulos de la playa –vestuario y sanitarios–, así como el izado y arriado de una bandera de España. El proceso ha dominado la agenda política local y aún tiene pendientes flecos judiciales. Fuentes municipales señalan que las "reticencias" del secretario y el interventor han puesto las cosas más difíciles de lo que ya eran. En Cádiz la gestión del agua es pública.
Óscar Puente contra el "lobby del agua"
Ningún gobierno local "del cambio" ha remunicipalizado el agua, bien porque ya es pública (Madrid, Cádiz, A Coruña), bien porque el proceso ha sido hasta ahora inviable. Sí lo consiguió el Ayuntamiento de Valladolid, concretamente en 2017. Y el tema aún colea.
El alcalde, el socialista Óscar Puente, se ha desatado esta misma semana denunciando en Twitter el mal perder de los perdedores de dicha privatización. Puente arremete contra el "lobby del agua" y expresamente cita a Ramón Tamames y a los exministros socialistas Francisco Caamaño y Valeriano Gómez, a los que acusa de promover la privatización de servicios a través del observatorio Osur.
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"Neocaciquismo" y Jerez
De vuelta con Luis Babiano, el gerente de la Asociación Españolas de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) señala que aún queda camino para que se instale la idea de que "lo privado debe ser auxiliar de lo público, no al revés". "No olvidemos que en su día lo público floreció porque lo privado fracasó. En Sevilla, por ejemplo, fracasó la compañía de agua de los ingleses [The Seville Waterworks]. La privatización se había producido como una forma de neocaciquismo", señala.
¿Se proyecta ese "neocaciquismo hacia hoy? Babiano cree que hay ejemplos insoportables, como la privatización de la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a manos del PP en 2012, con un contrato de 80 millones por 25 años adjudicado a Aqualia (FCC). "El agua se entendió aquí como caja financiera. Con los ingresos se enjuagaban algo las cuentas, se pagabas algunas deudas... A la larga es una gran pérdida", afirma Babiano. Habrá que esperar para ver regresar la gestión del agua en Jerez a manos públicas. De momento, en 2017, con un nuevo gobierno del PSOE, el ayuntamiento remunicipalizó la ayuda a domicilio. Algo es algo.
Cierra el mandato 2015-2019, que prometía marcar un hito con las llamadas "remunicipalizaciones", es decir, el rescate de servicios públicos para su gestión directa por parte de los ayuntamientos. Aún es pronto para saber si este interés ha supuesto sólo un paréntesis en medio de una época de privatizaciones o la apertura de una larga etapa de reversión. Lo que sí se puede saber ya es que la conclusión del periodo llega con el ambicioso plan de "desprivatizaciones" –el otro término al uso– cumplido sólo a medias. Jamás se había avanzado tanto en la materia, en un cambio de tendencia que se da significativa pero no única en los llamados "ayuntamientos del cambio", aquellos gobernados por fuerzas vinculadas a Podemos, IU y otros partidos a la izquierda del PSOE. Pero queda mucho, sobre todo en la gestión del agua. El panorama resultante se podría resumir así: se ha desprivatizado más que nunca, pero menos de lo previsto.