Rechazo unánime. Esa ha sido la reacción de expertos, partidos de la oposición, sindicatos y colectivos sociales a la propuesta realizada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de limitar las manifestaciones en la ciudad a "itineriarios alternativos" que se encuentren "fuera del corazón de la ciudad", una iniciativa con la cual, según el concejal de UPyD Diego Ortega, la regidora pretende "limitar derechos fundamentales".
Y Ortega no es el único que piensa así. Patricia Goicoechea, abogada y directora adjunta de Rights International Spain (RIS), explica que la propuesta de Botella –que ha recibido el apoyo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz–, carcece de "encaje legal" en la legislación española, ya que contraviene el derecho fundamental de reunión, recogido en la Constitución, y como consecuencia de esto también violaría el de participación ciudadana en asuntos públicos.
Goicoechea asegura que el derecho de reunión "lleva inherente la elección por parte de aquellos que lo ejercen de un lugar específico para hacerlo". "Una concentración busca expresar un mensaje a una audiencia lo más amplia posible, y el lugar donde se celebra forma parte de ese mensaje", amplía la experta, que pone un ejemplo muy claro: "Si yo me quiero manifestar contra la privatización de la sanidad, por ejemplo, no tiene sentido que vaya a hacerlo a la Casa de Campo", sino que lo lógico, explica, sería concentrarse delante de un lugar simbólico para esta reivindicación.
Goicoechea asegura que esta interpretación de la ley es la más habitual tanto en los tribunales españoles como en los internacionales. Y no sólo ellos apoyan este planteamiento: también lo comparte el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiaide, que en abril del año pasado publicó un informe en el que señalaba que "el acceso al espacio público significa concretamente que los organizadores y los participantes [de manifestaciones] deberían poder utilizar las plazas, carreteras y calles públicas para celebrar reuniones pacíficas, ya sea estáticas o en movimiento".
La discrepancia no acaba ahí: en contraposición a la postura de Botella, que puso como modelo a la ciudad de París, donde según explicó las manifestaciones quedan "limitadas a las grandes avenidas que evitan el centro de la ciudad" y prohibidas "en la proximidad de los edificios de la Asamblea Nacional", el relator de Naciones Unidas afirmaba explícitamente en su informe que "los espacios que rodean edificios emblemáticos, como los palacios presidenciales, los parlamentos o los monumentos, deberían considerarse también espacios públicos", por lo que "debería permitirse que se celebraran reuniones pacíficas en ellos".
La directora adjunta de RIS tampoco considera adecuado que la alcaldesa haya basado su propuesta de limitar el derecho de manifestación en el argumento de que la "libertad sin límites para unos cuantos no puede cercenar los derechos y libertades de todos los ciudadanos". Goicoechea admite que el ejercicio de este derecho "choca con otros, y hay que ponderarlos" para garantizar el ejercicio de las libertades por parte de todos los ciudadanos, pero insiste en que "el derecho de reunión es un derecho fundamental, y hay otros que alegan las autoridades que no lo son". Y la abogada recuerda que "tiene que haber una preeminencia de la protección de los derechos fundamentales".
No obstante, las iniciativas en esta dirección restrictiva no son exclusivas de España. Goicoechea pone el ejemplo de Reino Unido, donde se presentó el pasado año una ley similar que finalmente tuvo que ser moderada porque violaba la legislación. De igual forma, relata la abogada, "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a varios Estados por ser demasiado restrictivos" a la hora de gestionar las manifestaciones, y varias de estas condenas se produjeron precisamente por alterar "el lugar de la protesta". "Que exista esa tendencia en Europa no debe intepretarse como una patente de corso para implantarla aquí", denuncia la directora adjunta de RIS.
Oposición y colectivos, también en contra
Y al contrario que al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que considera “muy atinado” circunscribir el derecho a manifestarse a “un lugar específico”, los colectivos que habitualmente organizan marchas y que se verían directamente afectados por la prohibición se muestran totalmente contrarios. Pablo Padilla, miembro de Juventud Sin Futuro, considera que el Gobierno busca enmascarar "un problema político" haciéndolo pasar por uno de orden público y poniendo el foco en que "el problema son las manifestaciones" y no los recortes. Sin embargo, Padilla también afirma que la propuesta de Botella puede ser un "globo sonda" para ver qué reacción provoca en la sociedad, un método que, según su criterio, "no es la primera vez" que es utilizado por la regidora.
"No se trata de si prima más el derecho del viandante o del manifestante, no se trata de reducirlo a una cuestión de orden público", afirma el integrante de Juventud Sin Futuro, que asimismo denuncia un supuesto doble rasero de la Administración a la hora de tratar las concentraciones. "Con las manifestaciones que ellos apoyan desde su partido no hay ningún problema", se queja Padilla, que pone como ejemplo las "misas multitudinarias" que se han celebrado en alguna ocasión en la Plaza de Colón de Madrid. "El PP prefiere la flagrante injusticia siempre que se mantengan las formas, cuando Cifuentes dice que la gran mayoría de manifestaciones ocurren de forma pacífica y ordenada", remacha.
Cuestionado por cómo afectaría que se aprobasen estas restricciones a las movilizaciones que a diario se producen en las calles de Madrid, Padilla lo tiene claro: los manifestantes no dejarían de concentrarse en el centro de la ciudad aunque estuviese prohibido. "Desde el estallido del 15-M", explica, "en un legítimo ejercicio de desobediencia civil, muchas manifestaciones son informadas a la autoridad competente a través de canales más informales: redes sociales, carteles, notas de prensa...", una laxitud que le hace pensar que las limitaciones serían "infructuosas".
Sáenz de Santamaría dice que el Gobierno no se plantea un ‘manifestódromo’
Su opinión la comparte un portavoz de la Coordinadora del 22-M, que asegura que los convocantes de las marchas pueden estar dispuestos a "negociar" en caso de que las autoridades adviertan que su manifestación supone un "perjuicio a la ciudadanía", pero que no obstante rechaza la modificación de Botella porque, a su juicio, restringiría "un derecho fundamental".
A la oposición en el Ayuntamiento de Madrid tampoco le ha gustado la propuesta, que ha sido aprobada este jueves como una declaración institucional en la que se conmina a la Delegación del Gobierno a que vete, junto al propio consistorio, ciertos espacios de la ciudad para realizar manifestaciones. El PSOE, por boca del edil Pablo García-Rojo, ha remarcado que su grupo defiende un "sí rotundo al derecho de manifestación", y ha acusado al PP de hacer un intento de "criminalización de la movilización social" y de pretender recortar el derecho de manifestación.
IU también ha votado en contra y ha tachado la propuesta de Botella de "antisocial" y "provocadora". El partido ha defendido que el derecho a la manifestación "debe ser visible" como lo son precisamente las políticas antisociales que "quitan derechos". Por su parte, UPyD ha denunciado que la iniciativa de la alcaldesa se propone limitar un derecho fundamental de los ciudadanos, y ha acusado al Ejecutivo local de anteponer "los espacios a las personas".
Rechazo unánime. Esa ha sido la reacción de expertos, partidos de la oposición, sindicatos y colectivos sociales a la propuesta realizada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de limitar las manifestaciones en la ciudad a "itineriarios alternativos" que se encuentren "fuera del corazón de la ciudad", una iniciativa con la cual, según el concejal de UPyD Diego Ortega, la regidora pretende "limitar derechos fundamentales".