Cuando se convirtió en jefe, era el menos veterano de la terna. Corría el mes de septiembre de 2014. Y por aquel entonces, Manuel Marchena, fiscal en excedencia, llevaba siete años en el Alto Tribunal. Pero logró imponerse a sus dos rivales: Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo aupó hasta uno de los puestos clave de la judicatura: la Presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo. Un cargo que ahora, diez años después, el magistrado abandona. Ahora bien, su salida apenas influye en los equilibrios de una sala que continuará bajo la influencia de una mayoría conservadora.
La Segunda, como también se la conoce, es la encargada de instruir y enjuiciar causas de alto voltaje político. En concreto, aquellas que afectan a aforados: desde el presidente del Gobierno y los diputados o senadores hasta altos cargos de la cúpula judicial y fiscal. De ahí, la atracción que genera sobre los partidos políticos. Un interés que puso negro sobre blanco el exsenador del PP Ignacio Cosidó en aquel whatsapp que en 2018 hizo saltar por los aires la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [...]. Y además, controlando la Sala Segunda desde detrás".
Aquel "presidente excepcional" con "capacidad de liderazgo y auctoritas" al que aludía el exportavoz del PP en la Cámara Alta no era otro que Marchena. Él había sido el elegido para llegar a lo más alto de la carrera, presidiendo un órgano de gobierno de los jueces de mayoría progresista. Pero la filtración de aquel mensaje hizo descarrilar un acuerdo que ya estaba cerrado. El magistrado renunció a presidir el Supremo y el Poder Judicial, un paso al lado que para Pedro Sánchez, que acababa de llegar a La Moncloa, demostraba "lo acertado de su nombramiento". Y culminó su primer mandato al frente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, un cargo que revalidó, como permite la ley, por otros cinco años.
En esta segunda ocasión, sin embargo, fue el único candidato. Y eso le permitió obtener un respaldo mayor que en la primera –los vocales progresistas arroparon entonces a Conde-Pumpido–. Durante la entrevista para revalidar su cargo al frente de la Sala de lo Penal, al magistrado se le preguntó por la gran mancha de su primer mandato: la filtración de aspectos fundamentales de la sentencia del procés tres días antes de su notificación. "Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder", lanzó el magistrado, que presidió el tribunal que juzgó a los líderes independentistas. El CGPJ anunció que investigaría la filtración, pero finalmente nadie fue castigado.
La causa del procés ha sido la más potente de entre todas las que han pasado por la Sala de lo Penal durante esta última década. Y la que ha generado más roces con el Gobierno. Con ponencia de Marchena, se pronunció por unanimidad en contra de los indultos a los dirigentes independentistas –"una solución inaceptable"– y criticó que el Ejecutivo crease espacios de "impunidad" con la reforma penal que eliminó el delito de sedición. Y también ha cargado con dureza contra una amnistía cuya aplicación rechaza: "La precipitación con la que este texto legal ha visto la luz contribuye de manera decisiva a dificultar la labor interpretativa".
No es el único asunto de alto voltaje político. La Sala de lo Penal también se pronunció sobre los intentos por abrir causa penal contra Pablo Casado por el caso Máster o Pablo Iglesias por el caso Dina, algo que rechazaron. O sobre el exdiputado Alberto Rodríguez, a quien condenó a un mes y quince días de prisión por atentado a agente de la autoridad –que provocó la retirada de su escaño–. Y puso punto y final a los ERE confirmando, entre otras, las sentencias contra los expresidentes José Antonio Griñán o Manuel Chaves, una decisión que, al igual que la de Rodríguez, ha terminado siendo corregida por el Tribunal Constitucional, quien ha acusado al Supremo de extralimitarse en su fallo.
Ferrer y Arrieta
Pero si por algo estará marcada la salida de Marchena será por la histórica decisión de la Sala Segunda de abrir causa contra el fiscal general del Estado. La investigación alrededor de Álvaro García Ortiz por la filtración de un email –y no por la publicación de la nota que durante meses había centrado todas las pesquisas– en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales –y que desmontó el bulo, lanzado desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid, de que la Fiscalía buscaba un acuerdo– será el gran caso que tendrá el Alto Tribunal entre manos durante los próximos meses.
La Sala de lo Penal también tiene sobre la mesa una querella contra el presidente del Gobierno por usar a la Abogacía del Estado para querellarse por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado u otra contra el sector progresista del Constitucional por su pronunciamiento en el caso ERE. Habrá que ver si ambos asuntos quedan zanjados antes de que Marchena vuelva a convertirse en magistrado raso del Supremo el próximo 3 de noviembre o si los hereda quien le sustituya en el cargo. Suena, en este sentido, el nombre de Andrés Martínez Arrieta, quien como miembro de mayor antigüedad sería el sustituto provisional hasta la elección de la nueva Presidencia de Sala.
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Con bastantes papeletas cuenta también Ana Ferrer. La magistrada, que se descolgó de sus compañeros en la amnistía o en el caso ERE, parte como favorita del bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial, que ya en su día la intentó colocar al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Tribunal Supremo. La designación del nuevo jefe o jefa de lo Penal, sin embargo, no será para nada sencilla. Principalmente, porque requiere de un amplio consenso. La ley exige para acuerdos de este tipo tres quintos del Pleno del CGPJ, una mayoría reforzada de la que no disponen ninguno de los dos sectores.
"Seguirá teniendo ascendiente sobre la mayoría"
Algunas voces dentro de la judicatura no creen que la salida de Marchena vaya a cambiar nada en la Sala de lo Penal. "Aunque no ostente la Presidencia, seguirá teniendo ascendiente sobre la mayoría", predice un veterano magistrado. Una influencia que, deja caer, alcanza a algunos compañeros con un perfil más progresista. Pone sobre la mesa, como ejemplo, el auto por el que la pasada semana se acordó abrir causa penal contra el fiscal general del Estado. Aquella resolución se adoptó por unanimidad. Y tuvo como ponente a la magistrada Susana Polo, que se encuentra en la órbita de Juezas y Jueces para la Democracia.
Un baile de sillas que no altera el juego de equilibrios de una Sala de lo Penal que desde hace décadas cuenta con mayoría conservadora –de hecho, el último presidente que tuvo un perfil progresista fue José Jiménez Villarejo a finales de los noventa–. De los quince magistrados que integran ahora mismo la Segunda del Supremo –hay una plaza que está vacante–, solo cuatro son marcadamente progresistas.
Cuando se convirtió en jefe, era el menos veterano de la terna. Corría el mes de septiembre de 2014. Y por aquel entonces, Manuel Marchena, fiscal en excedencia, llevaba siete años en el Alto Tribunal. Pero logró imponerse a sus dos rivales: Miguel Colmenero y Cándido Conde-Pumpido. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo aupó hasta uno de los puestos clave de la judicatura: la Presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo. Un cargo que ahora, diez años después, el magistrado abandona. Ahora bien, su salida apenas influye en los equilibrios de una sala que continuará bajo la influencia de una mayoría conservadora.