El TS admite que García Ortiz no reveló nada nuevo pero le imputa por una filtración de datos que tenía más gente

Era un rumor que circulaba desde hacía meses. Y que, al final, se ha confirmado. El Supremo ha abierto este miércoles causa penal contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el marco de la querella interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que el Alto Tribunal imputa al jefe del Ministerio Público. Tras asumir que la nota de la Fiscalía que desmentía un bulo sobre el caso no reveló nada que no se supiera, la Sala de lo Penal pone ahora el foco en la filtración a los medios de unos correos electrónicos a los que tuvieron acceso más de una veintena de personas.

Para entender los hechos es necesario remontarse al 13 de marzo, pocas horas después de conocerse que la Fiscalía Provincial de Madrid había presentado una denuncia contra González Amador por haber defraudado al fisco 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Aquella noche, el diario El Mundo publicó una información asegurando que el Ministerio Público había ofrecido a la pareja de Isabel Díaz Ayuso un pacto para que admitiese los delitos fiscales tras el estallido del caso. Aquella información se apoyaba en un email que el diario reproducía de forma íntegra enviado por el fiscal de la causa, Julián Salto, al abogado del empresario.

Pocos minutos después, laSexta señalaba que la historia había sido al revés: que fue González Amador quien planteó el acuerdo. Entonces, intervino en redes sociales el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: "Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al Sr. González, antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes “de arriba” para que no haya acuerdo y entonces vayan a juicio". Y la derecha mediática comenzó a reproducir el bulo de Rodríguez, que lleva días adelantando la que finalmente ha sido la decisión del Supremo.

Pero la mentira fabricada desde la Puerta del Sol empezó a derrumbarse cuando varios medios de comunicación comenzaron a publicar fragmentos de un correo electrónico que el abogado de González Amador había enviado a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid semanas antes del email en el que se basaba la información de El Mundo. "Es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado", podía leerse en el mismo, fechado el 2 de febrero.

Una nota que no reveló nada

En la mañana del día 14 de marzo, finalmente, el Ministerio Público salió a aclarar lo sucedido. En una nota informativa, la Fiscalía Provincial de Madrid exponía de forma cronológica los hechos y cortaba de raíz el falso relato que había tratado de colocar el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Y lo hacía sin recoger nada que no estuviese publicado ya en los medios. Aquel comunicado fue, sin embargo, una de las patas en las que se apoyó la querella por revelación de secretos de González Amador, quien también puso el foco en la filtración a los medios del email de su abogado que desmontaba el bulo creado en Sol.

La emisión de la nota había sido hasta el momento la piedra angular del caso. Es más, la exposición razonada que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó al Supremo, y que ha supuesto la apertura de causa penal, giraba alrededor de dicho comunicado. "Contiene una exhaustiva, minuciosa y detallada narración, descripción y secuencia de los hechos, datos y circunstancias relativos a las diligencias de investigación", recogía aquel escrito. Y completaba: "Aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros".

El Alto Tribunal, sin embargo, concluye que la nota informativa no revelaba secreto alguno. Así, en un auto adoptado por unanimidad y del que ha sido ponente la progresista Susana Polo, la Sala de lo Penal admite que las informaciones que se contenían en dicho escrito del Ministerio Público ya habían sido "sacadas a la luz por distintos medios informativos", con la única excepción de algunas fechas. Y eso también incluye el correo de la defensa de González Amador. "De lo anterior se desprende que, aparentemente, no hay información indebidamente revelada ante el conocimiento público de los hechos", apunta el Supremo.

Un correo a la vista de mucha gente

La Sala de lo Penal, sin embargo, ha decidido imputar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y lo hace poniendo ahora el foco no en el comunicado, sino en la filtración de los correos. En este sentido, la resolución del Supremo, que en ningún momento hace referencia al bulo que desencadenó todo, señala que la instrucción del Tribunal de Justicia de Madrid quedó "inconclusa" al tener que elevar el caso al Supremo. Principalmente, en cuanto a "extremos relevantes y necesarios" para "valorar" el "elemento" del delito que se analiza: "En concreto, cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos horas antes a dar publicidad a la nota informativa".

Los magistrados señalan en su auto que estos emails se encontraban en poder de García Ortiz y de Rodríguez desde las 22.00 horas del 13 de marzo. "Dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa", añade el Tribunal Supremo. Según se desprende de la instrucción, el fiscal del caso, Julián Salto, se los remitió a Rodríguez, quien se los había requerido después de que El Mundo publicase su primera información en base a una filtración interesada de los mismos. Unas comunicaciones que, posteriormente, la fiscal jefa provincial remitió al fiscal general del Estado.

García Ortiz y Rodríguez no fueron, sin embargo, los únicos que tuvieron acceso a los mismos. El correo electrónico del 2 de febrero, en el que el abogado de González Amador reconocía los dos delitos fiscales y sobre cuya filtración gira ahora todo el caso, fue enviado a una dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid a la que tenían acceso, según apuntan fuentes fiscales, una veintena de personas, entre miembros del Ministerio Público y funcionarios. Dichos emails también fueron remitidos a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Y, por supuesto, los tenía el novio de Ayuso y su abogado.

El instructor del caso

La Sala de lo Penal ha designado como instructor de la causa, conforme al turno establecido, a Ángel Luis Hurtado. El magistrado aterrizó en el Alto Tribunal en plena pandemia. El suyo fue uno de los nombramientos discrecionales que hizo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones antes de la reforma legal que le impidió seguir haciendo este tipo de designaciones. Antes de llegar al Palacio de las Salesas, Hurtado estuvo en la Audiencia Nacional. Allí, presidió el tribunal que juzgó la pieza Época I del caso Gürtel. En el marco de esta causa, el magistrado se opuso a la declaración del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio, algo que finalmente se produjo. Y también a que el PP fuese condenado como partícipe a título lucrativo.

A pesar de su imputación, el fiscal general del Estado descarta dimitir. Considera que su continuidad en el cargo es "lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo". "Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales", ha sostenido García Ortiz en un comunicado, en el que recuerda también que es deber del Ministerio Público garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir "información veraz".

Una decisión que el jefe de la Fiscalía explicará este jueves tanto en la Junta de Fiscales de Sala, cúpula de la carrera, como en el Consejo Fiscal. En ninguno de los dos casos está previsto que se vote nada. Sin embargo, se da por hecho que serán reuniones tensas. Al fin y al cabo, tanto la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que acumulan la mayoría de asientos en el Consejo Fiscal, han pedido públicamente la dimisión de García Ortiz, a quien respalda la Unión Progresista de Fiscales (UPF). "La condición de investigado de quien dirige el Ministerio Fiscal genera una tensión sin precedentes y erosiona la credibilidad", han lanzado desde la conservadora AF.