La ‘marea blanca’ obliga a Madrid a renunciar a la privatización sanitaria

La lucha de la marea blanca, en la calle y en los tribunales, ha acabado por obligar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dar marcha atrás en su plan de privatizar la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció este lunes que dejará "sin efectos" la adjudicación para los próximos 10 años a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL, de la parte sanitaria de estos centros hospitalarios. Esta decisión llega después de que el TSJ madrileño desestimara los recursos de reposición presentados por la Comunidad y las empresas contra la suspensión cautelar de este proceso dictada el pasado septiembre a instancias de Afem, el colectivo de médicos impulsor de la movilización. 

Esta decisión ha provocado también la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, principal impulsor de este plan. "He decidido dejarlo porque fui yo quien lo puso en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible. Asumo la responsabilidad de no haberlo conseguido y por eso dejo la Consejería", aseveró. En este sentido, asumió que este proceso había motivado "un alto grado de debate" y señaló que dejaba su cargo por "rectitud y sentido de la responsabilidad". González avanzó que Lasquetty será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño.

Aunque González negó que esta paralización definitiva sea un "fracaso" para su Gobierno, la realidad es que la presión de los trabajadores y usuarios del sector sanitario ha sido clave en esta decisión. Desde que, 31 de octubre de 2012, la Comunidad reveló su plan de cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha, de forma inesperada, el sector sanitario, tradicionalmente conservador y poco dado a la movilización, comenzó a dar la batalla primero en la calle y en los centros de trabajo con huelgas y manifestaciones y después en los tribunales. El centro de su movilización fue la defensa del sistema público y la crítica al pretendido ahorro de 200 millones de euros con el que Sanidad justificó el proceso.

La suspensión decretada por la Comunidad conduce a una pregunta lógica: ¿qué ocurre con las empresas adjudicatarias de la gestión de los seis hospitales? En varias ocasiones se le repitió la cuestión, si recibirían algún tipo de contraprestación por daños y perjuicios. González, por toda respuesta, aseguró que las compañías tendrán que "acatar" la decisión judicial. En concreto, Hima San Pablo iba a getsionar el Infanta Sofía y el lote compuesto por el Infanta Cristina y el Hospital del Tajo, mientras Unión Temporal de Empresas en la que participa Ribera Salud iba a hacer lo propio con el Infanta Leonor y el Hospital del Sureste. Sanitas, por su parte, pretendía gestionar el Hospital del Henares. Preguntadas por este diario, las compañías han rehúsado hacer cualquier tipo de valoración al respecto. 

Quirófanos públicos desaprovechados y derivaciones a la privada: así avanza la concertada en las listas de espera

Ver más

En rueda de prensa, González no se movió en ningún momento de la frase cocinada por su equipo: la Comunidad "deja sin efecto" la externalización, "a la vista de la resolución dictada en el día de hoy". Se negó a considerarlo como un "fracaso", pese a la evidente derrota que se ha llevado su Ejecutivo. "Acatamos y cumplimos los fallos judiciales con independencia de que estemos más o menos de acuerdo, como es el caso". Según defendió el presidente, no era "razonable" acumular "ocho meses de indefinición", porque la primera paralización cautelar se produjo en septiembre pasado. La situación de "incertidumbre" –dijo– no se podía "mantener por más tiempo". 

González defiende el sistema

El jefe del Ejecutivo regional se negó siquiera a responder si incluirá la privatización hospitalaria en el programa del PP de las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán en mayo de 2015, y en las que ni siquiera está claro que él vaya a acudir como candidato. González siguió defendiendo el sistema que tuvo que aparcar este lunes. Lo definió como un modelo de gestión "legal y posible", como una medida para hacer "sostenible" el sistema de sanidad pública en Madrid.