El marido de Aguirre colocó productos de una empresa familiar en el Congreso y la Asamblea

Los diputados en Cortes y los autonómicos de Madrid han contribuido durante los últimos años, probablemente sin saberlo, a mejorar la situación financiera de la familia de Esperanza Aguirre. Según ha podido saber infoLibre, la empresa Corrales Nuevos Artesanos SL, constituida por el marido y dos hijos de la dirigente del PP, colocó sus productos lácteos en las cafeterías del Congreso y de la Asamblea a través del Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. Este último fue presidente de la patronal madrileña hasta diciembre de 2014 y uno de los empresarios que entregó dinero a Fundescam, la fundación utilizada por el PP para financiar de forma ilegal las dos campañas electorales de Aguirre en 2003.

La empresa del marido de Aguirre también colocó los quesos que produce en una tercera institución pública: el Club de Campo Villa de Madrid, propiedad en un 51% del Ayuntamiento de la capital. También en este caso lo hizo a través del Grupo Cantoblanco.

Fernando Ramírez de Haro, esposo de la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, administra tres sociedades: Savial SL, Ganadera Bornos SC y Corrales Nuevos Artesanos SL. Esta última es la de más reciente creación, ya que inició su actividad el 21 de diciembre de 2009. Las dos primeras se dedican a la ganadería y agricultura y, tal y como desveló infoLibre, se embolsaron 2,5 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.

Corrales Nuevos Artesanos SL tiene como objeto social “la comercialización y distribución de productos lácteos y alimenticios”. Su sede está en el palacete del barrio de Malasaña, en el centro de Madrid, donde reside el matrimonio Ramírez de Haro-Aguirre. La empresa se constituyó con un capital de 3.024 euros, repartido de la siguiente forma: el marido de Aguirre se quedó con el 52% de las participaciones, mientras que sus hijos Fernando y Álvaro suscribieron un 24% cada uno.

Fernando Ramírez de Haro fue elegido administrador único, por tiempo indefinido, de Corrales Nuevos Artesanos SL. Desde el momento de creación de la empresa, el esposo de Aguirre jamás ha cumplido la obligación legal de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, establecida en la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, lleva cinco años sin presentar los estados financieros. Aplica en esta empresa el mismo criterio de opacidad contable que en Savial SL, que pese a recibir millonarias subvenciones de la UE lleva siete años sin presentar sus cuentas en el Registro, según informó este periódico.

En su página web, Corrales Nuevos Artesanos SL explica que se dedica a “la elaboración artesanal del queso puro de oveja, siguiendo un proceso de antigua tradición”.

Sólo en los años 2012 y 2013, la empresa del marido de Aguirre facturó al Grupo Cantoblanco más de 12.000 euros en quesos con destino a las cafeterías del Congreso, de la Asamblea y del Club de Campo Villa de Madrid, de acuerdo con los datos que obran en poder de infoLibre.

Amigos desde la infancia

Arturo Fernández es amigo de Esperanza Aguirre desde la infancia, cuando ambos coincidieron en el Colegio Británico. Presidente de la patronal madrileña (CEIM) entre 2007 y 2014, era el principal propietario del Grupo Cantoblanco, que llegó a tener cerca de 4.000 empleados. En octubre de 2014 fue declarado en concurso de acreedores. Su deuda con Hacienda y la Seguridad Social superaba los 20 millones de euros.

Meses antes había empezado a perder parte de las adjudicaciones públicas que tenía. El Congreso decidió que, a partir del 1 de enero de 2014, se encargase de la gestión de sus restaurantes y cafeterías Eurest, después de que el grupo de Arturo Fernández hubiese disfrutado de dicha adjudicación durante 22 años. Poco después perdió la concesión del Club de Campo Villa de Madrid, tras acumular 11 meses de impagos al Ayuntamiento de la capital, y en agosto del año pasado cerró la cafetería de la Asamblea madrileña.

Además de declararse admirador político de Aguirre, Fernández le ayudó a financiar sus campañas electorales. En mayo de 2009, el diario Público desveló que el PP madrileño se había financiado a través de una fundación denominada Fundescam. En 2003, el año que Aguirre llegó a la Presidencia de la Comunidad después del Tamayazo –la huida de dos diputados socialistas que impidió que se formase un Gobierno de coalición entre PSOE e IU–, Fundescam recaudó casi 650.000 euros en donaciones de empresarios afines. Un año después recibió cerca de 300.000 euros. El mayor donante con 246.000 euros en total era Gerardo Díaz Ferrán, concuñado de Arturo Fernández, presidente de la CEOE entre 2007 y 2010 y ahora encarcelado por el vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans. Fernández, por su parte, aportó 57.000 euros a Fundescam en cuatro entregas repartidas entre mayo de 2003 y marzo de 2004.

La Fiscalía Anticorrupción concluyó que las campañas electorales de Aguirre en 2003 se habían financiado ilegalmente, pero el asunto no fue juzgado porque los presuntos delitos habían prescrito. La ahora candidata a la Alcaldía de la capital no asumió ninguna responsabilidad política por el caso y puso en la diana a Pío García Escudero, presidente del PP de Madrid entre 1996 y 2004. “Pregunten a Pío, Pío, Pío”, respondió Aguirre cuando le preguntaron por Fundescam.

La financiación del PP no es el único escándalo que ha salpicado a Arturo Fernández. En febrero de 2013, la Cadena Ser lo acusó de pagar en dinero negro parte del sueldo de sus empleados. La información se basaba en el testimonio de extrabajadores del Grupo Cantoblanco, quienes aseguraron que en ocasiones el pago en negro llegaba a ascender a la mitad de su salario. El empresario negó dichos pagos irregulares.

Sin embargo, otro escándalo con dinero B por medio terminaría por costarle el puesto al frente de la patronal madrileña. Fernández se vio implicado en el uso de las tarjetas black de Caja Madrid. Gastó más de 37.000 euros con su tarjeta opaca para Hacienda, y lo más llamativo es que de ello 10.495 los gastó en sus propios restaurantes. Su explicación define al personaje: “Usé la black en mis restaurantes porque eran míos”.black

Pese a este historial, Arturo Fernández sigue siendo presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Aguirre y su "admirable" marido

Esperanza Aguirre lleva seis días sin ofrecer explicaciones serias sobre las actividades empresariales de su marido.

Este periódico publicó que Fernando Ramírez de Haro trabajó en 2014 como lobista para la empresa Herrero y Asociados (H&A), una de las principales agencias españolas de gestión de propiedad industrial. Su tarifa: una comisión del 10% sobre la facturación lograda por H&A gracias a sus labores de cabildeo. Una de las cuestiones más llamativas es que buena parte de su trabajo de cabildeo lo realizó el marido de Aguirre con empresas que dependen directa o indirectamente de la Comunidad de Madrid. La respuesta que dio la dirigente del PP a esta noticia fue la siguiente: "Mi marido es absolutamente admirable". Ni una palabra sobre su actuación como lobista.

La semana pasada, infoLibre descubrió que dos empresas del marido de Aguirre dedicadas a la ganadería y la agricultura –Savial SL y Ganadera Bornos SC– se habían embolsado 2,5 millones de euros en subvenciones de la UE. La dirigente del PP, que en su día defendió con entusiasmo la necesidad de terminar con “los subsidios, subvenciones y mamandurrias”, se limitó a señalar que las empresas de su esposo recibían subvenciones porque cumplían con sus obligaciones fiscales. Ni una palabra sobre el hecho de que en la economía familiar hubiesen entrado 2,5 millones en lo que ella llamaría "mamandurrias".

Tampoco dio mayor importancia Aguirre al hecho de que su marido llevase siete años ocultando las cuentas de la empresa Savial SL, incumpliendo así la Ley de Sociedades de Capital. La dirigente del PP aseguró que todo era un mero "defecto administrativo" y añadió que no se atrevía a decirle nada a su esposo porque los agricultores estaban teniendo un mes de mayo muy complicado. Ni una palabra sobre la conveniencia o no de que los ciudadanos cumplan las leyes.

Por último, ante el hecho de que la decisión de su Gobierno de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio había beneficiado a su esposo con 60.000 euros al año desde 2011, Aguirre respondió que esa medida no beneficiaba "a su marido, sino a la ley". Ni una palabra sobre el beneficio directo que su decisión le generó a Fernando Ramírez de Haro.