David Marjaliza, principal involucrado en la trama Púnica junto con el ex número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y que en junio de 2015 decidió colaborar con Anticorrupción para recuperar la libertad, señaló en una de sus declaraciones judiciales a uno de sus socios como el intermediario que hizo supuestos “pagos en efectivo” a ciertos alcaldes.
Marjaliza citó de forma expresa y extensa al antiguo líder partido en Madrid y exregidor de Parla, Tomás Gómez. Pero también mencionó las "gestiones" en Getafe, Aranjuez, Pinto, Yebes, Toledo y, por supuesto, Valdemoro. Marjaliza fue cauto: remachó que nunca estuvo presente en la entrega de dinero a los alcaldes. Pero que eso es lo que le decían: que el dinero era el alcalde en cuestión.
El antiguo socio señalado por Marjaliza como quien hacía pagos a Tomás Gómez es otro imputado –investigado, según la nueva terminología- en la causa: José Antonio Alonso Conesa, quien a su vez fue alcalde socialista de Cartagena en el primer cuatrienio de los noventa.
Conesa, con quien este martes habló infoLibre, lo niega todo. Y el abogado Wilfredo Jurado, que fue concejal con Tomás Gómez, anunció una querella por injurias contra Marjaliza al tiempo que subrayó la existencia de un auto de la Audiencia de Madrid que en 2007 archivó una denuncia de IU cuyo relato de hechos coincidía en lo esencial con el efectuado ahora por el empresario amigo de Granados.
De Valdemoro a Toledo pasando por Pinto y Getafe
El gran conseguidor de la Púnica junto con Francisco Granados se retrata a sí mismo en sus declaraciones poco menos que como alguien que se veía en la obligación de pagar.
Según su versión, también hubo pagos en el feudo socialista de Getafe, dijo de forma más vaga, aunque aquí señaló como intermediario "a un amigo de [José Luis] Capita", otro de sus socios investigados, que igualmente habría ejercido también de sobornador directo en Toledo y que Marjaliza "cree" que pudiera ser "el presidente del Getafe" aunque no está seguro de ello. El presidente del Getafe es Ángel Torres, a quien este diario no ha podido localizar.
De su relato parece desprenderse que los intermediarios o pagadores directos de los supuestos sobornos se dividían atendiendo al color de aquellos a quienes pretendían comprar. "En Valdemoro [feudo de Granados y localidad natal de ambos] hacía yo la gestión; en Pinto, Capita; en Aranjuez, Parla y Yebes, José Antonio [Alonso Conesa]; en Toledo un amigo de Capita hizo la gestión". Marjaliza no especificó a qué etapas se refería en el caso de Toledo ni qué adjudicaciones concretas habría conseguido ni para quién.
El empresario, que ha adoptado la posición de arrepentido, expuso sus acusaciones situándose a sí mismo a resguardo: nunca fue testigo presencial de las entregas, declaró ante el juez Eloy Velasco, pero “supone” que el dinero era para los alcaldes a cambio de adjudicaciones.
“Yo no le he pagado a ningún político de Parla, lo que sí es verdad que me han pedido para el político de Parla”, dijo en una de las tres declaraciones que ha efectuado desde que decidió colaborar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de salir de prisión. ¿Quién le pidió?, acotó el juez. Alonso Conesa, respondió.
Un auto judicial exculpatorio sobre los mismos hechos
Según Marjaliza, Parla le otorgó una adjudicación para 500 viviendas protegidas –“mucho dinero”- en el área denominada Parla Este a cambio de pagar actos del PSOE. El juez le preguntó en qué periodo y el empresario respondió que “sería entre el tres y el siete”, es decir, entre 2003 y 2007. ¿Parla Este?, inquirió el magistrado, a lo que el imputado asintió. ¿Y era la misma mecánica?, repreguntó el juez Velasco en alusión a una afirmación previa de Marjaliza según la cual pagaba “entre 3.000 y 6.000 euros” de soborno por cada vivienda cuya construcción obtenían sus empresas.
“En Parla –matizó aquí- pedían menos efectivo y más pagar cosas”. Cosas del PSOE, quería decir y así lo explicitó. “¿Pero también efectivo para el alcalde?”, prosiguió Velasco, a lo que el interrogado ofreció una respuesta acusatoria pero con la que se cura en salud: “A mí me decían que era para el alcalde, supongo que era para el alcalde pero yo no estaba cuando se lo daban". ¿Y qué tipo de cosas se le pagaban al alcalde?, terció entonces una de las fiscales. "Campañas, publicidad, libros, banderolas, mítines, cócteles…”, respondió.
Ver másEl Tribunal de Cuentas ‘absuelve’ a Tomás Gómez del ‘caso del tranvía de Parla’
Los afines a Tomás Gómez, defenestrado como secretario general del PSOE madrileño por Pedro Sánchez en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, replican que la adjudicación de 500 viviendas a empresas de Marjaliza no se produjo en el mandato 2003-2007 sino al final del inmediatamente anterior. Es decir, a comienzos de 2003.
Y que el organismo que adjudicó el suelo fue un consorcio donde la Comunidad de Madrid, entonces controlada por Gallardón, controlaba la mayoría del accionariado. Uno de los involucrados en la denuncia que archivó la Audiencia madrileña era José María Fraile, quien terminó sucediendo a Tomás Gómez en la alcaldía de Parla y que ahora permanece imputado en la Operación Púnica desde el primer momento por sus presuntos manejos con la compañía energética Cofely.
Marjaliza, quien dijo haberse librado papeles que avalarían sus acusaciones -"destruí anotaciones porque el miedo guarda la viña"-, ofreció no obstante documentar con escrituras los éxitos urbanísticos que los presuntos sobornos le han ido deparando.
David Marjaliza, principal involucrado en la trama Púnica junto con el ex número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y que en junio de 2015 decidió colaborar con Anticorrupción para recuperar la libertad, señaló en una de sus declaraciones judiciales a uno de sus socios como el intermediario que hizo supuestos “pagos en efectivo” a ciertos alcaldes.