Rodolfo Martín Villa declaró este jueves por videoconfenrecia desde el Consultado de Argentina en Madrid ante la jueza María Servini en relación a la causa abierta por "genocidio" por las muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición. El que fuera ministro de Adolfo Suárez defendió su inocencia y alabó el papel de esta étapa histórica: "He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", declaró según fuentes cercanas al político español. La magistrada tiene ahora diez días hábiles para acordar su procesamiento, decretar el archivo provisional o pedir una prórroga para reclamar nuevas pesquisas.
Martín Villa ya remitió una carta hace unos días a la magistrada reiterando su disposición a declarar -ya lo hizo en dos misivas anteriores en noviembre de 2016 y febrero del pasado año-. En ese escrito, que contiene en esencia lo que declaró a la jueza, defiende que antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años, no quedó en España "un solo preso político en las cárceles" ni tampoco "un solo español exiliado en el mundo". "Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978", aseguró el exministro.
El exministro también aseguró que "de aceptarse la versión de la querella" el propio Adolfo Suárez, "si viviera", estaría también acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, "situación que no me atrevo a calificar". Martín Villa ha advertido durante su comparencia que las acusaciones de la querella contienen errores y falsedades en su catalogación de las muertes como genocidio, en la imputación de responsabilidades hacia él y en la versión que presenta de la Transición y la Ley de Amnistía que "no se hizo para amnistiar a gobernantes sino a terroristas."
En su relato ha expuesto que "pudo suceder que yo hubiese sido un ministro que rehuyese las responsabilidades políticas. No ha sido así, y puede comprobarse en los Diarios de Sesiones de las Cortes. Pudo suceder que los policías y guardias civiles que causaron muertes lo hicieran por obediencia debida a decisiones mías. No fue así, y puede comprobarse que mis instrucciones y las del Gobierno buscaron evitar que se produjeran muertes por actuaciones policiales". Asimismo, también asegura que no existía durante la Transición "un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes".
Respecto a la primera de las acusaciones contra él, ha mencionado que, sin tener competencia sobre la Policía cuando ocurrieron los sucesos de Vitoria, el 3 de marzo de 1976, siendo él ministro de Relaciones Sindicales, y en relación con las muertes por disparos policiales siendo él ministro del Interior, "me encuentro con una acusación no por responsabilidad política sino penal, y además se me atribuye un delito tan monstruoso como es el de genocidio". Frente a la versión de la querella, que le atribuye haber ordenado junto con Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, el desalojo policial, el exministro ha precisado que la intervención de los tres se produjo "después, no antes, del desalojo policial" y que "comenzó tras conocerse la noticia de las primeras muertes y consistió en adoptar medidas para evitar que hubiese más violencia, que se declarase el estado de excepción y para impedir la injerencia de alguna autoridad militar".
Con respecto a las cinco muertes en la Semana Proamnistía de mayo de 1977, ha indicado que en esas fechas no quedaban ya "presos políticos en las cárceles y la amnistía que se pedía era para terroristas que se encontraban en prisión por asesinatos". "Ninguna de esas muertes formó parte de un plan deliberado para poner fin a la vida de aquellas personas", ha reconocido Martín Villa. En relación con una nueva acusación contra él por una muerte causada por un disparo policial durante las fiestas de San Fermín en Pamplona en julio de 1978, ha precisado que en esos momentos España llevaba ya un año en democracia.
Aunque la causa contra el exministro se inició en 2014 la juez ha intentado interrogarle en múltiples ocasiones, si bien encontró todo tipo de trabas procesales. El último intento fue el pasado mes de marzo, cuando solicitó viajar a nuestro país el día 20 de ese mes mediante un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto. La crisis del covid-19 dio al traste con esta visita y con su posterior aplazamiento al mes de mayo.
Familiares de víctimas piden a la jueza que procese a Martín Villa
Antes de su comparecencia, integrantes del colectivo Ceaqua en apoyo a la querella que se instruye en Argentina por los crímenes franquistas, entre ellos familiares de varias víctimas de actos violentos ocurridos a finales de los años 70, han mostrado este jueves su confianza en que la jueza Servini dictará acto de procesamiento contra Martín Villa.
Según los responsables de este colectivo, que han ofrecido una rueda de prensa horas antes del interrogatorio, las víctimas se han visto obligadas a acudir a la justicia argentina ante la inacción de las autoridades y de la judicatura española, "basada en el olvido, la amnesia y el silencio", si bien creen que la declaración de Martín Villa supone un primer paso para romper esta dinámica. Asimismo, han calificado de injerencia las cartas de apoyo al exministro que éste ha aportado a la causa en las que 19 personalidades políticas y sindicales de la época, entre ellas los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en las que todos ellos alaban la figura de Martín Villa durante la Transición. Han añadido que estos apoyos no le sorprenden aunque dudan que tengan efecto en la jueza.
En la comparecencia han participado los querellantes Andoni Txasko de la Asociación 3 de Marzo; Fermín Rodriguez, integrante de Sanfermines 78 gogoan! ; y Manuel Ruiz, de los colectivos La Comuna, asociación de Presxs y Represaliadxs del Franquismo, que han relatado los hechos que afectaron a sus familiares y que más de 40 años después siguen impunes.
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Así, Txasko ha relatado los hechos que causaron la muerte de cinco obreros y más de cien heridos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, durante una movilización por huelga general, y que fueron los que iniciaron la causa contra Martín Villa hace seis años así como su orden de detención por parte de Servini, que fue posteriormente anulada. El propio querellante resultó herido y perdió la visión en un ojo, y ha lamentado que tras una andadura por diferentes juzgados los hechos terminaran en la jurisdicción militar, donde se archivaron por falta de pruebas contra personas determinadas.
Manuel Ruiz, por su parte, ha narrado el asesinato de su hermano Arturo el 20 de enero de 1977 por parte de los Guerrilleros de Cristo Rey durante una marcha pro amnistía celebrada en las inmediaciones de la Plaza de España en Madrid.Según su testimonio, el presunto culpable de los disparos a su hermano fue protegido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como confidente de la Guardia Civil, y pese a que la familia informó a la Audiencia Nacional de que se encontraba en Madrid nunca pudo conseguir que se abriera una investigación por lo ocurrido.
Por su parte Fermín Rodríguez ha calificado lo ocurrido en la plaza de Toros de Pamplona en los San Fermines de 1978 como "operación organizada" en la que la policía utilizó botes de humo y fuego real contra los ciudadanos. Se ha preguntado cómo se puede decir que Martín Villa no tuvo que ver con los hechos cuando no se investigó lo ocurrido ni se abrió a ningún expediente ni se pusieron sanciones a los agentes que participaron por lo ocurrido,
Rodolfo Martín Villa declaró este jueves por videoconfenrecia desde el Consultado de Argentina en Madrid ante la jueza María Servini en relación a la causa abierta por "genocidio" por las muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas en la Transición. El que fuera ministro de Adolfo Suárez defendió su inocencia y alabó el papel de esta étapa histórica: "He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", declaró según fuentes cercanas al político español. La magistrada tiene ahora diez días hábiles para acordar su procesamiento, decretar el archivo provisional o pedir una prórroga para reclamar nuevas pesquisas.