Ya han pasado cuatro años desde el estallido de la pandemia. Pero aún hoy es difícil tener un análisis exhaustivo sobre cómo se comportó el mercado sanitario mundial ante dicha crisis sin precedentes. Es evidente que el coronavirus disparó la demanda de equipos de protección individual o de pruebas de detección. Y que, en este contexto, surgieron numerosos "agentes oportunistas" –así los define el Tribunal de Cuentas– sin experiencia en el sector dispuestos a aprovecharse de la necesidad para hacerse de oro. Era, por tanto, un mercado persa con precios extremadamente volátiles y al alza. "Variaban en función de las circunstancias debido a una demanda exorbitante y muy rígida y un funcionamiento irregular de las redes de suministro", resumía recientemente el organismo fiscalizador.
Ese fue el contexto en el que se movió Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Y el que permitió a la firma que se encuentra en el epicentro del llamado caso Koldo hacerse de oro. En apenas unos meses, esta compañía, sin apenas trayectoria en el mercado sanitario, pasó de tener una cifra de negocios de cero euros en 2019 a superar los 54 millones de ingresos en 2020 como consecuencia de la adjudicación de diferentes contratos, que ahora se encuentran bajo la lupa de la justicia, para el suministro de material sanitario por parte de administraciones públicas. La compañía suministró, en concreto, a Puertos del Estado, a ADIF, al Ministerio del Interior y a los servicios de salud de Baleares y Canarias.
Los precios que puso sobre la mesa esta empresa para la venta de mascarillas de tipo FFP2 resultaban competitivos. O eso es, al menos, lo que se desprende del sumario y de los diferentes informes de fiscalización realizados en los últimos años por el Tribunal de Cuentas. En la mayoría de contratos, el precio unitario de dichos cubrebocas, adquiridos por las diferentes administraciones entre finales del mes de marzo y comienzos de mayo, fue de 2,50 euros. Sólo se situó algo por encima el acordado por el Ministerio del Interior, al que la trama habría vendido mascarillas a 3,27 euros la unidad –si bien en otra factura localizada se rebaja el coste unitario a 2,7 euros–, según se desprende de uno de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Precios por debajo de otras empresas públicas
El Tribunal de Cuentas analizó algunas de estas licitaciones. Y llamó la atención sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, que los contratos hubiesen sido adjudicados a una empresa "cuyo objeto social no amparaba tales suministros". O que no se hubiera justificado en el expediente "las circunstancias que determinaron la imposibilidad de realizar comprobación alguna" sobre la "capacidad y solvencia" de las adjudicatarias. Ahora bien, no encontró entonces ninguna irregularidad. Ni tampoco hizo mención en aquel informe, centrado en la contratación de emergencia en empresas del sector público estatal, al precio que tanto Puertos del Estado como ADIF pagó por las mascarillas de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
Aquellos cubrebocas, de hecho, se adquirieron a un precio más bajo que el que pagaron otras empresas del sector público en los momentos más duros de la pandemia. Así se desprende del propio análisis del organismo fiscalizador: "Cuatro entidades de las analizadas adquirieron mascarillas FFP2/KN95 durante los meses de marzo y abril de 2020 a precios que han oscilado entre los 1,27 y los 5,9 euros la unidad. El precio medio pagado por el total de las mascarillas fue de 3,43 euros la unidad, siendo en marzo de 3,38 euros". Correos, entonces, pagó de media por mascarilla 3,66 euros, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Parecido al precio medio de compra de Tragsa: 3,78 euros por unidad.
Hay que tener en cuenta, en este sentido, que tanto Puertos del Estado como ADIF hicieron compras enormes, de ocho y cinco millones de mascarillas, respectivamente. En este sentido, el organismo fiscalizador ha puesto de relieve en otro estudio reciente de las adquisiciones de mayor volumen resultaron más baratas que las de menor volumen.
Medina y Luceño: 6,24 euros la unidad
Lo mismo pasa si se pone el foco sobre los contratos de emergencia para la compra de mascarillas FFP2/KN95 adjudicados por los ayuntamientos de las grandes ciudades entre finales de marzo y principios de mayo y auditados por el Tribunal de Cuentas. Sólo en tres de los veintisiete expedientes analizados, según consta en un informe de octubre de 2021, el precio unitario de los cubrebocas era inferior o igual al que fijó Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en la mayoría de las adjudicaciones que ahora están siendo analizadas en la Audiencia Nacional: 1,60 en una adjudicación del Ayuntamiento de Zaragoza, 2,15 euros en otra del Ayuntamiento de Córdoba y 2,50 euros en una tercera del Ayuntamiento de Barcelona.
En aquel informe llamaban la atención dos adquisiciones realizadas por el consistorio de Madrid. Ambas se habían producido el 25 de marzo, cuatro días después de que Puertos del Estado adjudicase a la empresa de la trama del caso Koldo el primer contrato que ahora está bajo la lupa judicial. La primera de ellas fue a la firma malaya Leno: un millón de mascarillas a un precio unitario de 6,24 euros.
Por esta operación, así como por otras dos de compraventa de material sanitario, están a la espera de juicio el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina. En su auto de transformación de diligencias, el instructor les acusa de "haber inflado el precio" de los contratos en un 60% para las mascarillas, un 81% para los guantes y un 71% para las pruebas de detección "a causa de las elevadas comisiones" que fueron fijadas por Luceño y que reportaron a éste 5,1 millones de dólares y 1 millón de dólares a Medina.
Solomon y Sinclair&Wilde: 5 euros la mascarilla
La segunda adjudicación vinculada al consistorio de la capital que destaca el informe del Tribunal de Cuentas es la que fue a parar a manos de la compañía Sinclair&Wilde, una consultora especializada en la provisión de soluciones geopolíticas afincada en suelo estadounidense y tras la cual figuraba el empresario franco-israelí Philippe Solomon. En este caso, la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que era por aquel entonces la encargada de adquirir el material sanitario para el personal municipal, compró a dicha firma medio millón de cubrebocas por 2,5 millones de euros. Es decir, pagó un precio de cinco euros por unidad. Unas mascarillas que nunca pudieron llegar a utilizarse por no ajustarse a los requisitos técnicos exigidos.
Feijóo vetó investigar los contratos del covid, entre ellos los del cofundador de la SL de Ayuso y su hermano
Este asunto, al igual que el anterior, se encuentra en estos momentos judicializado. Las actuaciones se incoaron a raíz de un atestado elaborado por la Policía Municipal de Madrid, a la que acudió el consistorio de la capital tras sentirse engañado. Los hechos se investigan como un presunto delito de estafa agravada. La causa, sin embargo, ha avanzado muy lentamente ante las dificultades para dar con el paradero del empresario franco-israelí, con el que infoLibre consiguió hablar hace casi dos años. Al igual que en el caso de Medina y Luceño, en este procedimiento el juez también considera al consistorio de la capital y a la empresa funeraria como perjudicados.
El pelotazo del hermano de Ayuso: 5 euros la mascarilla
La Fiscalía Anticorrupción también investigó hace meses otro jugoso contrato de emergencia para la compra de material sanitario adjudicado por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid durante los momentos más duros de la pandemia. Pero en este caso decidió no judicializarlo al considerar que no había indicios de delito. Fue, en concreto, el que se adjudicó a la empresa Priviet Sportive SL el 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2 por un importe de 1.512.500 euros. El precio unitario de cada cubrebocas ascendió a 5 euros. La firma, que tenía como "actividad principal" el "comercio al por mayor de prendas de vestir", estaba administrada por Daniel Alcázar, amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
En total, según el decreto de archivo de Anticorrupción, Priviet Sportive habría invertido 540.661 euros por adquirir, traer y colocar unas mascarillas por las que luego cobró 1,5 millones de euros, tres veces más. Es decir, la empresa se embolsó un millón de euros en la operación. Un negocio en el que también participó el hermano de la presidenta regional: Díaz Ayuso cobró de la firma en concepto de "comisión comercial" –así figuraba como concepto en las facturas emitidas– 234.103,52 euros. Una parte, relativa a 175.000 euros, corresponde a los trabajos que realizó para la empresa adjudicataria "en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada", mientras que los 59.203,52 euros restantes se corresponden con "el bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid" –alrededor del 4%–.
Ya han pasado cuatro años desde el estallido de la pandemia. Pero aún hoy es difícil tener un análisis exhaustivo sobre cómo se comportó el mercado sanitario mundial ante dicha crisis sin precedentes. Es evidente que el coronavirus disparó la demanda de equipos de protección individual o de pruebas de detección. Y que, en este contexto, surgieron numerosos "agentes oportunistas" –así los define el Tribunal de Cuentas– sin experiencia en el sector dispuestos a aprovecharse de la necesidad para hacerse de oro. Era, por tanto, un mercado persa con precios extremadamente volátiles y al alza. "Variaban en función de las circunstancias debido a una demanda exorbitante y muy rígida y un funcionamiento irregular de las redes de suministro", resumía recientemente el organismo fiscalizador.