La Audiencia Nacional ratificó en octubre una resolución por la que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había obligado a Wolters Kluwer España SA a pagar 3,7 millones por el impuesto de sociedades de 2008 y 2009. Lo paradójico de la condena, dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia y ajena por tanto al ámbito penal, es que cabe definir a Wolters Kluwer como gigante de la edición de libros jurídicos y bases de datos, la implantación de herramientas digitales y la organización de cursos y otros eventos donde los protagonistas son jueces, fiscales y abogados de alto nivel. La segunda mitad de la paradoja estriba en que en 2008, el primero de los dos años en que una posterior inspección de Hacienda puso en jaque sus números sobre el impuesto de sociedades, Wolters activó una fundación sin ánimo de lucro. Y en la práctica, esa fundación se fue convirtiendo en mecenas de juristas, buena parte de ellos del sector conservador. Entre ellos, Enrique Arnaldo, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) cuyo dictamen contra la reforma legal para la renovación de ese mismo tribunal ha maniatado al Parlamento.
InfoLibre no ha logrado recabar la versión de la empresa que con su recurso ante la Audiencia Nacional intentó sin éxito anular la orden de pagar 3,7 millones, orden que a tenor de sus últimas cuentas anuales dictó un tribunal administrativo ya en 2012 y que la empresa desembolsó: de lo contrario, y así lo explican las fuentes jurídicas consultadas, no habría podido acudir a los tribunales, como hizo al plantear el recurso que ha terminado tumbando la Audiencia Nacional. Tampoco ha sido posible contactar con la fundación ni acceder a sus estatutos, su actual patronato y sus memorias y cuentas anuales.
Como se lee en el BOE del 24 de abril de 2008, que anunció su inscripción oficial, la fundación había sido constituida por la empresa de la que tomó el nombre: Wolters Kluwer España SA. Arnaldo era uno de los tres miembros con poderes para actuar en nombre de la recién nacida fundación, en cuyo patronato ostentaba el cargo de secretario. Fuentes del TC trasladaron el viernes a infoLibre que Arnaldo abandonó la fundación en cuanto quedó confirmado en noviembre de 2021 que se convertiría en uno de los integrantes del tribunal de garantías.
De Jaume Matas al hoy consejero madrileño Enrique López
En el patronato –es decir, el órgano de gobierno– de Fundación Wolters Kluwer compartían en 2008 mesa con Arnaldo otras figuras del mundo del derecho. Entre ellas, Jaume Matas, más tarde condenado por corrupción en el caso Palma Arena y con quien Enrique Arnaldo hizo negocios de doble dirección: a través de su empresa privada –Estudios Jurídicos y Procesales SL–, cobró del Gobierno balear que presidía Matas al tiempo que ejercía como letrado del Congreso y le pagó luego a Jaume Matas 60.000 euros después de que en julio de 2007 dejara de ser jefe del Ejecutivo del archipiélago. Como desveló la Cadena Ser, Estudios Jurídicos y Procesales SA cobró un millón de euros de distintas administraciones gobernadas por el PP.
Como patronos fundacionales también aparecían en el BOE de abril de 2008 los siguientes políticos: Enrique López, ahora consejero de Justicia de Madrid en el Gobierno de Isabel Diaz Ayuso, antes vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, luego magistrado del TC, responsable de Justicia del PP con Pablo Casado y que dirigió el Observatorio de la Calidad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer; José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar; y Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes con Felipe González.
De las razones que justificaban aquellos pagos efectuados por Arnaldo a Matas escribió una carta en marzo de 2010 el hoy presidente del TC, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato caducó en junio. En el pleno del TC que ha provocado un choque institucional inédito, Trevijano votó la semana pasada contra la reforma legal que, de haberse aprobado, le habría obligado a abandonar de inmediato el tribunal.
Otra misiva de descargo sobre aquellos pagos de Arnaldo para Matas llevaba la firma de Rosalina Díaz Valcárcel, entonces directiva del grupo empresarial de Wolters Kluwer y primera presidenta y tesorera de su fundación.
Bajo el paraguas de una empresa que en 2020 facturó a tenor de sus cuentas oficiales 95,8 millones y habitual colaboradora del Ejecutivo autonómico de Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la Fundación Wolters Kluwer carece de página web. En 2010, el Gobierno regional llegó a otorgarle la Distinción a la Excelencia Europea. Y en 2016 le encargó una Guía Jurídica: en este caso, para “acercar la justicia a las personas con discapacidad intelectual”.
Pero también otras instituciones cooperan con la fundación. Por ejemplo, en diciembre de 2020 el TC presentó el libro Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del que la organización impulsada por el grupo Wolters Kluwer fue coeditora junto con el BOE, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el propio Tribunal Constitucional.
“Fraude de ley”
A día de hoy, pertenece al patronato de la fundación el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena. Y en 2020 se incorporó la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña, la abogada Eugènia Gay, cuya versión no ha conseguido este periódico.
A preguntas de este periódico, Marchena recalcó que la sentencia por la que la Audiencia Nacional ratifica la resolución del TEAC que impuso a Wolters Kluwer España SA el pago de 3.751.341,94 euros concierne a hechos anteriores a su entrada en el patronato de la fundación.
Tras consultar una base de datos jurídica, el magistrado facilitó a infoLibre otra sentencia que involucra a Wolters Kluwer, esta por discrepancias tributarias en 1987: aquí, relativas al IRPF. En ese caso, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó la resolución del TEAC donde se declaraba la existencia de un “fraude de ley” en la venta masiva de acciones por parte de dos personas físicas a Wolters Kluwer España SA.
“He podido comprobar –relató Marchena en un mensaje para infoLibre– la existencia de una sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de fecha 1 de junio de 2006, que declaró fraudulentas las liquidaciones practicadas por Wolters Kluwer, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1989, por cuantía –la mayor– de 5.566.635,39 euros”.
En noviembre de 2018, el nombre del presidente de la más que relevante Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ocupó grandes titulares. Ocurrió tras difundirse un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, presumía ante los suyos de que el partido seguiría controlando “desde detrás” la Sala Segunda del Supremo.
¿Qué nexo enlazaba a Marchena con aquel mensaje cuya difusión dinamitó como una bomba el acuerdo alcanzado ya entonces por PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? Pues que aquel pacto le asignaba la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. Pero una vez el whatsapp de Cosidó vio la luz, el magistrado saltó como un resorte y renunció de inmediato a asumir ese puesto. A partir de ahí y como sigue haciendo hoy, el PP bloqueó la renovación del CGPJ.
Quién mueve los hilos en el motín del TC: un presidente de mandato agotado y un magistrado de pasado oscuro
En referencia a la Fundación Wolters Kluwer y a las dos sentencias de la Audiencia Nacional confirmatorias de resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), Marchena se expresó en los siguientes términos: “Pertenezco a esa fundación desde el año 2013, por tanto, con posterioridad a todo lo relacionado con los hechos que motivaron esas sentencias”.
El magistrado subrayó que cuenta “con la declaración de compatibilidad del CGPJ” y que ha tenido “la oportunidad de coincidir” con “juristas tan relevantes como Virgilio Zapatero –patrono fundador–, Ángeles Amador –ex ministra de Sanidad en el gobierno de Felipe González–, Miguel Rodríguez Piñero –presidente del Tribunal–, Juan Fernando López Aguilar –ministro de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y actual eurodiputado por el Partido Socialista–, y Eugenia Gay, actual delegada del gobierno en Cataluña”.
El correo electrónico dirigido el jueves a la “Recepción” del holding siguiendo las indicaciones de una operadora ha quedado sin respuesta. Por tanto, este medio ignora de momento cuál es la relación nominal completa del patronato de la fundación y cómo pueden consultarse sus estatutos así como las cuentas y memorias anuales, datos todos ellos de carácter público. Quienes atendieron las distintas llamadas telefónicas tampoco facilitaron una web de la entidad sin ánimo de lucro, si es que existe. La url que emerge en algunos buscadores ya no funciona.
La Audiencia Nacional ratificó en octubre una resolución por la que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había obligado a Wolters Kluwer España SA a pagar 3,7 millones por el impuesto de sociedades de 2008 y 2009. Lo paradójico de la condena, dictada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia y ajena por tanto al ámbito penal, es que cabe definir a Wolters Kluwer como gigante de la edición de libros jurídicos y bases de datos, la implantación de herramientas digitales y la organización de cursos y otros eventos donde los protagonistas son jueces, fiscales y abogados de alto nivel. La segunda mitad de la paradoja estriba en que en 2008, el primero de los dos años en que una posterior inspección de Hacienda puso en jaque sus números sobre el impuesto de sociedades, Wolters activó una fundación sin ánimo de lucro. Y en la práctica, esa fundación se fue convirtiendo en mecenas de juristas, buena parte de ellos del sector conservador. Entre ellos, Enrique Arnaldo, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) cuyo dictamen contra la reforma legal para la renovación de ese mismo tribunal ha maniatado al Parlamento.