La querella presentada por la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por las presuntas ilegalidades en el proceso de privatización sanitaria en Madrid, y por la que está imputada la cúpula de la Consejería de Sanidad que impulsó ese proceso, incluye varios documentos que ponen de manifiesto cómo los profesionales son conminados a derivar enfermos a hospitales privados. En la denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre, se detallan también los casos de enfermos a los que se les niegan los traslados a hospitales públicos a pesar de requerirlo la complejidad de sus patologías o de los tratamientos que requieren.
La querella contiene una carta remitida por la Dirección Asistencial Sur –responsable de la organización de la atención primaria en la zona meridional de la comunidad– a todos los directores de los centros de salud de las localidades de Parla y Griñón en la que se les obliga a derivar "todas" las colonoscopias que se prescriban en sus centros a hospitales de gestión privada. También adjunta un email remitido el 21 de febrero de 2013 por el director de continuidad asistencial del Hospital de La Paz, Miguel Amengual Pliego, a todos los centros de atención primaria del área norte –donde está ubicado este hospital– con el siguiente texto: "Las colonoscopias se canalizan a través de clínicas concertadas. Si el paciente quiere venir a La Paz debe saber que hay una demora importante".
Los médicos argumentan que la derivación de pruebas es "injustificada", pues la lista de espera en los hospitales públicos es de 25-30 días y, por tanto, entra en los límites que marcó la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, en su promesa electoral de reducir a menos de 30 días el tiempo de espera para someterse a intervenciones quirúrgicas o pruebas preoperatorias.
En este sentido, los profesionales denuncian que a los pacientes no se les da información veraz y que "se les priva de circuitos de atención bien establecidos". Asimismo, señalan que, tras estas derivaciones, "no es infrecuente que haya extravío o retraso en recibir resultados" y que incluso pruebas que ya están citadas en la pública se desvían a la privada sin anular la primera, "lo que implica duplicidades y pérdida de recursos".
Algunos casos concretos
Los facultativos señalan que denunciar casos concretos es complicado por la "delicada situación" en la que quedan los profesionales que los sacan a la luz y por el principio de reserva en la información de cuestiones que afectan a los pacientes. No obstante, en el texto remitido al juez sí se detallan algunas experiencias particulares.
“¡No vamos a pagar vuestra deuda con sanidad y educación!”
En este sentido, incluye el caso de una mujer que fue derivada del Hospital 12 de Octubre al Montepríncipe, un centro privado de gran lujo situado en Boadilla del Norte, para una operación de menisco. En este último se le indicó que tenía que regresar de nuevo al público, pues en el privado no podían hacerle el seguimiento posterior a la operación. Los médicos denuncian que, en Madrid, se ha llegado a derivar a pacientes que requerían ser operados a centros en los que no se practica la cirugía que requieren o no se les puede atender en las condiciones idóneas tras la intervención.
Traslados
Los facultativos remitieron al juez información sobre los problemas que están teniendo algunos pacientes para trasladarse desde centros de gestión privada a puramente públicos a pesar de que ese sea su deseo o así lo requiera la patología que padecen. Según los facultativos en ocasiones se ofrece a los enfermos como única posibilidad el traslado a la Fundación Jiménez Díaz –gestionada por Capio y que mantiene un concierto con el Servicio Madrileño de Salud– e incluso se han dado casos en los que los pacientes se han visto obligados a desplazarse por sus propios medios tras negarles el uso de una ambulancia en los traslados a un centro público.
La querella presentada por la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por las presuntas ilegalidades en el proceso de privatización sanitaria en Madrid, y por la que está imputada la cúpula de la Consejería de Sanidad que impulsó ese proceso, incluye varios documentos que ponen de manifiesto cómo los profesionales son conminados a derivar enfermos a hospitales privados. En la denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre, se detallan también los casos de enfermos a los que se les niegan los traslados a hospitales públicos a pesar de requerirlo la complejidad de sus patologías o de los tratamientos que requieren.