Médicos de la sanidad privada acceden a las historias clínicas de la red pública de más de 420.000 madrileños

Facultativos que trabajan para aseguradoras privadas tienen acceso a información protegida de pacientes que son tratados en el sistema público. Ocurre en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un centro sanitario propiedad de la multinacional IDC Salud –antigua Capio– y que cuenta con una doble faceta, pública y privada. Por un lado mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de 426.136 pacientes del sistema público (según los datos de 2012, que son los últimos publicados). Y, por otro, es un centro privado en el que médicos pasan consulta a pacientes asegurados en distintas compañías de salud.

Aunque el centro sanitario cuenta con instalaciones y personal dedicado exclusivamente a la atención de pacientes privados, no existe esta separación tan clara en lo relativo a información tan sensible como las historias clínicas. Esto provoca que los facultativos que ejercen su profesión de forma privada tengan la posibilidad de acceder a estos registros como si fueran de la pública.

Un portavoz autorizado de IDC Salud admite, en declaraciones a infoLibre, que si un paciente acude a ese hospital a una consulta privada el médico que le atiende puede tener acceso a "cierta información del sistema público, pero no a toda". Asegura que sólo puede visualizar datos sobre los procesos (consultas, pruebas...) realizadas en los dos centros de especialidades públicos de la capital que están en manos de la misma multinacional que gestiona la Jiménez Díaz: Pontones y Argüelles. Ambos ambulatorios, construidos con fondos públicos, fueron cedidos a esta compañía de sanidad privatizada. 

La explicación que ofrece es que ambos pertenecen administrativamente al hospital. Y que, por tanto, es "de sentido común" que los archivos se compartan con el objetivo de "dar un mejor servicio". Asimismo, señala que el hospital entiende que los pacientes, cuando acuden a tener asistencia sanitaria, dan su "consentimiento tácito" a que se pueda acceder a todo su historial. Por último, resalta que la gestión de esos datos es muy segura y que solo pueden acceder a ella los profesionales médicos acreditados. En la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con quien la clínica mantiene este convenio, declinan comentar este asunto y dicen remitirse a las palabras dadas por la multinacional IDC Salud. 

El caso de Julia R.

Julia R. vivió esta experiencia en primera persona. Acudió a acompañar a su hermana, que padece una dolencia pulmonar, a la consulta de un facultativo de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz con el que pidió cita a través de un seguro de salud contratado por la compañía Mapfre. "Cuando le estaba dando los detalles de su diagnóstico el doctor hizo un comentario sobre una radiografía que mi hermana se había hecho en la espalda hacía tiempo en el centro de especialidades de Pontones [uno de los dos ambulatorios que gestiona IDC Salud]", relata. 

"Esta prueba se había realizado meses antes por indicación de su médico de cabecera del centro de salud, es decir, por la vía pública", relata. Extrañada, le preguntó cómo tenía él acceso a los resultados de pruebas encargadas por profesionales del sistema público. La respuesta –según su testimonio– fue que, como el hospital también tiene asignada la atención de pacientes de la red pública los facultativos tienen claves con las que acceder a las historias clínicas. A su juicio, este hecho colisiona con el derecho a la protección de datos de los pacientes y señala que podría llegar a hacerse un mal uso de esa información, lo que podría tener consecuencias, por ejemplo, a la hora de revisar sus pólizas. 

Consultados por este asunto, en la Agencia Española de Protección de Datos señalan que no pueden pronunciarse sobre un asunto concreto sin conocer y recuerdan que los ciudadanos que consideren que ha podido haber una cesión o acceso irregular a su historia clínica pueden denunciar este hecho ante la agencia. No obstante, la información personal que hace referencia a la salud se considera especialmente protegida por la legislación sobre protección de datos y autonomía del paciente. 

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El doctor Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cree que esta cesión de información protegida entre centros públicos y privados ocurre porque no hay un "cortafuegos" que evite que facultativos que trabajan para compañías privadas dentro de ese mismo centro sanitario tengan acceso a las historias clínicas de los pacientes que acceden a través del servicio público.

En los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid los profesionales disponen de un programa denominado HORUS que les permite visualizar la información clínica de los pacientes (historia clínica de Atención Primaria, informes de Atención Especializada de diferentes servicios, citas pendientes, acceso a partes de interconsulta…etc.). A juicio de Sánchez Bayle, que médicos de la sanidad privada accedan a estos ficheros es una situación "grave" que evidencia como la Comunidad de Madrid mantiene un sistema "diseñado para que el sector privado se beneficie".

José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo de la URJC y asesor jurídico de la asociación de facultativos Afem, considera que esta práctica supone una utilización ilegítima de documentación que pertenece al sistema público de salud. "Si no ha formalizado por escrito su consentimiento, en un sinsentido decir que un paciente autoriza el acceso a sus datos de la red pública sólo por el hecho de pretender tener una buena asistencia".