El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a poner sobre la mesa una medida impositiva de amplio calado, que ha surgido por las recientes subidas de la factura de la luz. La recomendación de la institución es la de aplicar un Impuesto de Valor Añadido (IVA) reducido a la electricidad "por tratarse de un bien esencial", una propuesta que ya ha sido abanderada otras veces por políticos y sociedad civil y que el Gobierno del PP ha negado en varias ocasiones por razones presupuestarias y, también, "de justicia social". Tras la subida de 2012, a la electricidad se le aplica el 21%, como a la mayoría de productos y servicios en España. Se trata de uno de los mayores gravámenes a la luz de los Estados miembros de la UE, solo por detrás de Portugal y los países nórdicos, pero el dato contiene una trampa: esos países recaudan más en este concepto porque su IVA general es más alto, lo que no quiere decir ni que los Estados que nos superan castiguen especialmente a la luz ni que los que están por debajo apliquen tipos reducidos, salvo excepciones como Reino Unido o Italia, que sí aplican un tipo más bajo.
Un consumidor medio podría ahorrarse entre 6,5 y 10 euros al mes (entre 78 y 120 euros al año, dependiendo que el IVA se redujese al 10 o al 4%) con la medida propuesta por el Defensor del Pueblo, defendida por asociaciones de consumidores y ecologistas, despreciada por el Ejecutivo y poco común en Europa.
"La electricidad es un suministro indispensable para una vida digna y condición necesaria para el ejercicio de los derechos fundamentales, como el disfrute de la vivienda, la educación, la alimentación o la salud de las personas", ha sido la argumentación del Defensor del Pueblo para realizar la petición al Gobierno, basada en las quejas de consumidores. "Es una petición que llevamos tiempo reclamando", asegura Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua, que comparte la plataforma No más cortes de luz junto a 27 organizaciones que han ratificado su manifiesto.
En España existen tres tipos de IVA: el general, del 21%; el reducido, del 10%, y el superreducido, del 4%, para productos de primera necesidad. El documento del Defensor del Pueblo, aunque habla de un tipo "reducido", no se decanta por un tipo o por otro, solo solicita que se reduzca, según confirman en el departamento de prensa de la institución. Las organizaciones que sustentan No más cortes de luz, sin embargo, sí apuestan por el 4% por ser un "servicio esencial". Según los datos relativos a septiembre de 2017 que maneja Facua, el perfil del usuario medio paga 56,67 euros al mes de electricidad (contando la potencia instalada y la energía consumida). A estos 56,67 euros se les aplica el Impuesto Especial sobre la Electricidad (del 5,112%), por lo que la cifra alcanza los 59,56 euros. El IVA del 21% se le aplica a este montante hasta alcanzar, para este consumidor medio, los 71,96 euros. Un IVA del 10% sobre la electricidad, como el aplicado en Italia, por ejemplo, reduciría la factura final hasta los 65,46 euros: 6,5 euros menos. De aplicarse el tipo superreducido del 4% (sin precedentes en la Unión Europea), hablaríamos de 61,94 euros al mes que pagaría ese usuario medio, un ahorro de algo más de 10 euros.
Muchos países de la Unión Europea aplican un IVA menor a la electricidad, comparados con España. Pero la mayoría aplican un IVA menor a todos los productos. Por ejemplo, Alemania aplica un 19% tanto a la luz como al tabaco. Solo seis países del club comunitario aplican un tipo inferior a la electricidad con respecto a otros productos no considerados de necesidad: Reino Unido, Malta, Luxemburgo, Italia, Irlanda y Grecia. Especialmente reseñable es el caso de Reino Unido, que mientras que grava con un 20% la mayoría de ámbitos sujetos al IVA, en el caso del suministro de electricidad lo tasa con un 5%, igual que Malta. Francia es una excepción: aplica un 5,5% sobre el término fijo de la factura y un 20% sobre el variable. Se trata de una medida impositiva avalada por la UE: como recuerda el Defensor del Pueblo, en el artículo 112 de su directiva 2006/112/CE sobre el IVA, se establece que "los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia".
El debate, en el Congreso
El debate sobre el IVA de la electricidad y su consideración como producto de necesidad ha aparecido varias veces en el Congreso de los Diputados. El último intento de consideración fue en 2015, gracias a una propuesta de ley de Izquierda Pluraluna propuesta de ley de Izquierda Plural para reducir el IVA no solo de la electricidad, sino de gas, agua y transporte colectivo, considerados suministros básicos. Gracias a la respuesta parlamentaria podemos conocer, de manera extensa, la opinión del partido que sigue gobernando, el PP, sobre este asunto.
En 2015, la diputada conservadora Matilde Asian argumentó que "a pesar de coincidir en el fondo con la propuesta, es decir, queremos luchar contra la pobreza y queremos bajar los impuestos, no podemos estar de acuerdo en hacerlo con el IVA. ¿Por qué? La primera razón, de técnica tributaria, es que el IVA no es un instrumento adecuado para bajar precios; el IVA es un impuesto neutral". Asian se refería a que el IVA se baja en el mismo porcentaje para quien tiene contratada la mínima potencia para gastar lo mínimo posible y para quien tiene tres chalets y cuatro frigoríficos: no es proporcional al consumo. "Seguramente, si nosotros aceptáramos esta propuesta sin reflexionarla, habría quien nos diría que nosotros, bajando la facturación del IVA a la energía y al agua, estamos ayudando a llenar la piscina de los ricos". No mencionaba la parlamentaria que Izquierda Plural proponía, complementariamente, la aplicación de figuras impositivas que graven "consumos suntuarios".
Otras críticas del PP a esta bajada de impuestos se basaban en la ausencia de un análisis del impacto recaudatorio de la medida y, también, del impacto medioambiental. "Hay que observar que (la reducción del IVA a los suministros básicos) trae medidas favorecedoras del consumo, un incentivo al consumo de la energía, del transporte. Esto tiene un impacto medioambiental. Parece que esta propuesta entraría en contradicción con otras propuestas de corte medioambiental que su mismo grupo ha presentado en esta Cámara", aseguraba Asian.
A principios de este año, y ante la subida de la factura que sufrieron los consumidores, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, volvía a proponer en el hemiciclo esta bajada impositiva, en la sesión de control al Gobierno. El líder del Ejecutivo rechazó la medida, sin concretar por qué.
A pesar de que el IVA de la electricidad no va a modificarse al menos a corto plazo, se han tomado medidas contra la pobreza energética desde el Gobierno. A principios de este mes se aprobaba el llamado bono social, un descuento en la factura eléctrica al que pueden acogerse los consumidores según su nivel de renta. Sus requisitos no gustaron ni a algunas comunidades autónomas ni a organizaciones como Facua, que, tras analizar los criterios, sentenció: "Si en un hogar entran más de 807 euros al mes no podrá accederse al bono si en él vive una persona, una pareja sin niños menores o una con hijos de más de 18 años, por ejemplo". La medida "no hará más que ayudar a seguir agravando la pobreza energética", concluyen.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a poner sobre la mesa una medida impositiva de amplio calado, que ha surgido por las recientes subidas de la factura de la luz. La recomendación de la institución es la de aplicar un Impuesto de Valor Añadido (IVA) reducido a la electricidad "por tratarse de un bien esencial", una propuesta que ya ha sido abanderada otras veces por políticos y sociedad civil y que el Gobierno del PP ha negado en varias ocasiones por razones presupuestarias y, también, "de justicia social". Tras la subida de 2012, a la electricidad se le aplica el 21%, como a la mayoría de productos y servicios en España. Se trata de uno de los mayores gravámenes a la luz de los Estados miembros de la UE, solo por detrás de Portugal y los países nórdicos, pero el dato contiene una trampa: esos países recaudan más en este concepto porque su IVA general es más alto, lo que no quiere decir ni que los Estados que nos superan castiguen especialmente a la luz ni que los que están por debajo apliquen tipos reducidos, salvo excepciones como Reino Unido o Italia, que sí aplican un tipo más bajo.