El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a poner fin a las trabas que desde hace siete años deben asumir los electores españoles en el extranjero para poder ejercer su derecho a voto. El líder socialista no ha dado detalles sobre la reforma pero sí se ha marcado un objetivo: terminar con el voto rogado antes de las próximas elecciones de mayo. La problema, que lleva tiempo orbitando aldededor del Ejecutivo, se ha plasmado además en el acuerdo con Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado. En el documento se cita, aunque sin un desarrollo exhaustivo, la promesa de modificar "la Ley Electoral con el objetivo de acabar con las trabas del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior".
El pasado martes 25 de septiembre la subcomisión del Congreso creada en abril de 2017 con el cometido de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral, se reunió para buscar una solución concreta que diera forma a la promesa de Sánchez. A priori, todos los grupos parlamentarios coinciden en la urgencia de poner fin a este sistema e idear uno nuevo antes de los comicios autonómicos y europeos de mayo. Tal y como ha podido saber este diario mediante fuentes cercanas a la subcomisión, el Ministerio de Asuntos Exteriores colaborará en la reforma y propondrá, a través de un informe, diferentes modelos para sustituir al actual.
Con la fecha de las elecciones andaluzas ya marcada en el calendario –se celebrarán el 2 de diciembre–, el procedimiento para rogar el voto se ha abierto ya y las demandas de los españoles residentes en el extranjero han vuelto a cobrar protagonismo. Marea Granate denunció este pasado viernes que, a tres días de haber quedado abierto el plazo para rogar el voto en los comicios, "sigue existiendo un error en la presentación de la solicitud del voto CERA –electores españoles residentes ausentes que viven en el extranjero– vía internet". El colectivo ha comenzado a reclamar una ampliación de los plazos.
Voto rogado para las elecciones andaluzas.
El voto rogado surge en el año 2011 como fórmula ideada por el PP y el PSOE para terminar con el fraude que achacaban al voto emigrante. Dos años después nace el colectivo Marea Granate, un movimiento formado por emigrantes "cuyo objetivo es luchar contra las causas y quienes han provocado la crisis económica y social" que les ha llevado a emigrar. La plataforma emerge tras constatar cómo las dificultades burocráticas lastraban el derecho a sufragio de los españoles residentes en el extranjero.
Marea Granate aplaude el compromiso del Gobierno pero lo mira con recelo. Especialmente después de los pasos en falso que no han logrado prosperar. El último, en abril de 2017, cuando el Senado aprobó por unanimidad una moción de Unidos Podemos para derogar esta forma de sufragio y "facilitar la participación electoral" de los emigrantes. El pasado mes de diciembre, además, María Almena y Berta Burguete, portavoces del colectivo, defendieron ante el Congreso las propuestas elaboradas por la plataforma para terminar con el voto rogado. Burguete explica en conversación con infoLibre que desde su comparecencia en diciembre "no se ha avanzado nada". En el propio evento todos los partidos, continúa la activista, felicitaron al colectivo "por el trabajo exhaustivo" que habían realizado. Pero desde entonces, lamenta, nada. "Vamos un poco a tientas y no se nos ha involucrado en el proceso", señala.
Burguete explica que la solución para terminar con los problemas estructurales del actual sistema de voto pasa por "una reforma integral". Sólo derogar el voto rogado, agrega, "no va a ser suficiente". La activista apela a todos los obstáculos que hay que sortear y que no sólo implican el ruego de la papeleta. La norma, dice la plataforma, debe permitir inscripciones consulares con facilidad, descargar automáticamente las papeletas, establecer plazos adecuados para trámites y reclamaciones para, finalmente, fiscalizar el proceso de manera que se garantice la llegada del voto a su destino.
Respecto a las opciones que podrían moldear la futura reforma, el colectivo se opone firmemente a recuperar el modelo anterior a la modificación de 2011. "Hemos insistido mucho en que no queremos volver al sistema de antes porque no es suficientemente garantista", subraya Burquete. También descarta, no obstante, un sistema basado en el voto electrónico. El motivo, "las escasas garantías democráticas y constitucionales que presenta", especialmente en lo que concierne a "la universalidad, igualdad, libertad y secreto del voto por internet". Este tipo de sufragio "es vulnerable, inseguro, caro e innecesario" y supone además "una pérdida completa de auditabilidad del proceso electoral por parte de los ciudadanos".
Censo, plazos y modelo mixto
La urgencia de la reforma, para los activistas, es incontestable. "Lleva siendo urgente desde que se aprobó la modificación en 2011", dice Burguete, quien alienta a la prisa. "Se nos vienen encima muchas elecciones y es algo que hay que hacer con urgencia y cuidando todos los detalles". Cree que los cálculos temporales pueden cuadrar: "Hay tiempo para por lo menos demostrar voluntad de hacer una reforma integral", explica.
La activista da la bienvenida al anuncio de Sánchez pero no aparta la vista de todo lo demás ¿Y qué es todo lo demás? Más allá de eliminar el ruego del voto, el colectivo plantea medidas relacionadas con cuestiones básicas como la mejora del censo. En este sentido, se inclina por establecer un protocolo permanente de actualización del censo electoral, apuesta por la informatización del procedimiento de inscripción de matrícula consular y defiende la creación de una sede electrónica de trámites consulares.
Marea Granate habla también de implantar un sistema mixto para el ejercicio del voto. Frente al sistema actual, que depende enteramente de métodos postales, el colectivo propone un sistema híbrido "que plantee diversas modalidades: un sistema donde el electorado pueda acogerse a la opción que se ajuste a sus circunstancias y elimine las barreras que impiden su ejercicio al voto". Las modalidades que desarrolla son tres: voto por correo, voto presencial y voto por delegación de poder.
Piden, asimismo, una "reforma general en los plazos de todo el proceso electoral que permita una ampliación efectiva de los tiempos de los envíos". Una medida que debe comprender "tanto la ampliación de margen de tiempo en el envío de la documentación desde España a los electores –de quince a siete días actualmente– como en el envío de ésta desde los consulados a las Juntas Electorales provinciales –de cuatro días–".
En cuanto a las trabas económicas que asumen los electores, Marea Granate observa que "en muchas ocasiones han tenido que abonar por adelantado franqueos y envíos tanto a la oficinas consulares como a las Juntas Provinciales en el Estado Español". Las garantías de recuperar el importe, dicen "son escasas o nulas", lo que puede ser "motivo de abstención para algunos electores en posteriores elecciones". El colectivo reclama la puesta en marcha de los "medios necesarios para garantizar que dichos pagos se efectúen de forma adecuada e íntegra" y sugiere que se "impulsen la mayor cantidad de acuerdos bilaterales con servicios postales de otros países así como que el control pase de manos privadas a trabajadores del sector público".
Entre las propuestas de Marea Granate también se encuentra un aumento de los recursos para contratación de personal y una "mejora de los medios materiales y tecnológicos en los consulados, de manera proporcional a la población emigrada local, teniendo en cuenta no sólo inscripciones consulares sino otros parámetros estadísticos que contabilicen personas no inscritas".
Desplome de la participación
Último intento en el Congreso para suprimir el voto rogado antes de las elecciones de mayo
Las elecciones del 2011, una vez puesto en marcha el mecanismo de voto rogado, construyeron los cimientos de una tendencia que no ha cesado: la participación de españoles en el extranjero cayó hasta el 4,95%. Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 terminaron con un 37% de los emigrantes españoles recibiendo tarde las papeletas, y sólo el 4,7% pudo ejercer su derecho al voto, la participación más baja en tres décadas. La escena se repitió el 26 de junio, cuando el 29% de los residentes en el extranjero que lo pidieron no recibieron los documentos a tiempo, y la participación fue del 6,3%.
En las elecciones europeas de 2014, de las 1.692.618 personas inscritas en el censo CERA, 62.002 solicitaron el voto pero sólo 34.310 ejercieron finalmente el derecho a elegir a sus representantes en la Cámara Europea, es decir, apenas el 2%.
En septiembre de 2016, los comicios vascos y gallegos también fueron una odisea para el voto exterior. De las 446.270 personas inscritas como residentes ausentes en Galicia, únicamente 19.700 rogaron el voto, y de ellas sólo 10.777 remitieron su sufragio. Es decir, únicamente el 4,4% de los gallegos en el extranjero pudo ejercer su derecho a voto. En el caso de los vascos, el porcentaje fue del 6,8%.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a poner fin a las trabas que desde hace siete años deben asumir los electores españoles en el extranjero para poder ejercer su derecho a voto. El líder socialista no ha dado detalles sobre la reforma pero sí se ha marcado un objetivo: terminar con el voto rogado antes de las próximas elecciones de mayo. La problema, que lleva tiempo orbitando aldededor del Ejecutivo, se ha plasmado además en el acuerdo con Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado. En el documento se cita, aunque sin un desarrollo exhaustivo, la promesa de modificar "la Ley Electoral con el objetivo de acabar con las trabas del voto rogado de las españolas y españoles en el exterior".