Es un drama humanitario que no cesa y al que las autoridades españolas parecen no querer mirar de frente. Más de 22.000 personas llegaron a las costas españolas durante el año 2017, el doble que el año anterior. En el intento, perdieron la vida 223. El director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, avisó de que esta sería la tónica de este año 2018 y, por el momento, parece que estaba en lo cierto. Sin ir más lejos, este martes Salvamento Marítimo rescató una patera a la deriva en la que viajaban 39 personas. Dos de lo ocupantes eran niños. Y precisamente ellos, los menores de edad, que en numerosas ocasiones viajan solos, son el colectivo más vulnerable.
Se les conoce como MENA (menores extranjeros no acompañados), aunque detrás de esa denominación hay nombres, apellidos y problemas concretos. En Melilla, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya son 540, de los cuales la mayoría son trasladados a centrosde menores como La Purísima, Gota de Leche o La Divina Infantita. Los demás quedan condenados a vivir a la intemperie. Su objetivo, no obstante, no es permanecer en la Ciudad Autónoma sine díe, si no alcanzar, en la mayoría de los casos, otros países europeos. En tan solo tres semanas, la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local interceptaron, en las inmediaciones del puerto, a 120 menores sin acompañar cuyo objetivo era viajar de polizones en los barcos que unen la ciudad con Málaga, Almería y Motril (Granada). La solución a esto, para el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, pasa por la instalación de concertinasconcertinas en las vallas del puerto para impedirlo, puesto que, para él, estas cuchillas son "un elemento estático que no ataca a nadie".
Por otro lado, el consejero de Economía y Empleo de Melilla, Daniel Conesa (PP), anunció a finales de enero que su Gobierno va a presentar una iniciativa para proponer al Gobierno una serie de medidas que permitan modificar las leyes y adaptarlas a las circunstancias específicas de Melilla puesto que, en su opinión, la mayoría de estos menores prefiere vivir en las calles en lugar de ser acogidos en un centro público. "El problema que percibe la gente sobre los menores extranjeros no es, por ejemplo, que en el Centro de la Purísima haya 500 sobrepasando su capacidad, sino lo que les preocupa tanto a los melillenses como al Gobierno y al Partido Popular son aquellos que deambulan por las calles de Melilla", dijo. Pero es que la situación en estas instalaciones tampoco es mucho mejor. Además de estar por encima de sus capacidades, tal y como admitió Conesa, dos jóvenes fueron hallados muertos en el Centro Asistencial de Melilla.
Ante este hecho, la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla Prodein vertió duras críticas al Gobierno autonómico y señaló, además, que "no es normal" que mueran menores que están dentro de un sistema de protección. El conservador Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social de Melilla, anunció además que no tenía ninguna intención de recibir a los que dijeron ser los padres de estas dos personas puesto que "debían haberse preocupado antes". "Para que vengan a llevarse un cadáver que hubieran venido antes a por sus hijos", dijo.
Por su parte, el Ejecutivo aseguró que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social destinó en 2017 más de seis millones de euros a la mejora de la atención prestada en los centros de acogida para los menores de Ceuta y Melilla. Concretamente, a la Administración melillense le correspondieron más de cuatro millones, el doble de los fondos con los que contó en 2016.
Jóvenes que "reniegan del sistema"
El Gobierno autonómico tan sólo tiene "lo que ha buscado", opina José Palazón, presidente de Prodein. Las autoridades, explica a infoLibre, "han provocado una crisis con los menores extranjeros en toda España", puesto que esta situación se da en todas las comunidades autónomas de nuestro país. El problema, para él, es que estas personas acaban renegando del sistema porque ni siquiera existe para ellos.
"Los niños y niñas se marchan de los centros de menores porque son entornos inhabitables", lamenta. Estas personas, cuando cumplen 18 años, son expulsadas de las instalaciones sin recibir ningún tipo de documentación, por lo que quedan "abandonadas" en la calle. "Si les coge la policía, les devuelve a Marruecos", explica. Lo que provoca esto es que, desde hace unos cuatro años, ni siquiera quieran vivir allí o, si son obligados, se escapen para vivir en la calle. El sistema "pierde credibilidad, por lo que reniegan de él".
Su vida en las calles de Melilla, en cambio, tampoco es mucho mejor. "Crean grupos identitarios que son constantemente criminalizados, creando un sistema de alarma social que no se corresponde con la realidad", afirma Palazón. Y la criminalización viene, directamente, de las autoridades. El presidente de la Ciudad Autónoma ha intentado, en todo momento, "deshumanizarlos". Por ejemplo, refiriéndose a los menores como "menas", sin utilizar nombres ni apellidos. "En una semana saldrán a la calle grupos de controladores que velarán por el comportamiento de los menas", escribía en su perfil de Twitter. Lo hizo también Ventura, "que acusó a uno de los fallecidos en un centro de menores de ser un drogadicto", como denuncia Palazón.
Estas declaraciones no hacen si no sacar a estas personas aún más del sistema, por lo que su objetivo es, a toda costa, salir de la ciudad. O incluso de España. "Para algunos es el objetivo, para otros es necesidad", explica Palazón. "Y la culpa es de las autoridades que no se ocupan de ellos. Si un niño o una niña roba una manzana, es simplemente porque no tiene para comer". infoLibre preguntó al Gobierno autonómico sobre todas estas críticas, pero no obtuvo ninguna respuesta.
Normativa rechazada por las ONG
Pero el simple rechazo a los centros de acogida no siempre es el motivo de que cientos de jóvenes vivan en las calles de Melilla. Las políticas adoptadas por las autoridades en relación a los MENA se regulan por el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, que se aprobó en octubre del año 2014, no sin el rechazo de algunas organizaciones. El origen de las críticas: las polémicas pruebas de determinación de la edad.
Es el ejemplo de la Fundación Raíces, que a día de hoy continúa luchando para su modificación. Su presidenta, Lourdes Reyzábal, recuerda en una conversación con este periódico que el texto "fue firmado por todos los ministros" del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, "en un momento en el que el Tribunal Supremo estaba dictando sentencias sobre la prohibición de realizar pruebas de determinación de la edad" cuando estas personas llegaran a España con algún tipo de documentación que acreditara su minoría de edad. Para el TS, si el pasaporte determina que la persona tiene menos de 18 años, automáticamente debe ser puesto a disposición de los servicios de protección del menor.
Sin embargo, el protocolo firmado anulaba esta decisión. "Ahora, incluso con pasaporte o documentos del consulado de su país en el que se indica que son menores de edad, se les somete a estas pruebas", afirma Reyzábal. ¿En qué consisten? "Son tres: una radiografía de la muñeca, de la boca, y la exploración de los genitales". Para la Fundación Raíces, esta última es una prueba "intrusiva y degradante" puesto que, además, se realiza en la Fiscalía. "Estas pruebas, además, tienen un margen de error altísimo", coinciden Reyzábal y Palazón, que afirman que siempre constará que la persona tiene la mayor edad posible, aunque contradiga la posible documentación.
El Gobierno cifra en 6.248 los menores migrantes no acompañados en España y analizará sus problemas en una comisión
"La negativa a someterse a estas pruebas, además, les determina como mayores de edad de manera automática", critica Reyzábal, que avisa de los peligros que esto supone para estas personas: "Se les priva de todos los derechos de la infancia y de todos los derechos de los adultos, dejándoles en un limbo absoluto. No son ni mayores ni menores de edad", lamenta.
Por ello, la organización que preside presentó un recurso de casación ante el Supremo, buscando el cambio de la normativa. Sin embargo, el TS decidió que como el texto fue firmado por cuatro ministerios y la Fiscalía no tiene carácter de norma reglamentaria, sino que se trata de una instrucción interna y, por tanto, no cabe recurso contra ella. "A juicio de este Tribunal, no cabe conferir al Protocolo aprobado el carácter de norma reglamentaria, sino de Instrucción interna y, por tanto, excluido del recurso directo pretendido por la recurrente, siendo procedente la declaración de inadmisibilidad declarada por el Tribunal de instancia", consideró la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo.
Tras esta decisión, Rayzábal confirma que la organización recurrirá ante el TC y, en caso de inadmisión a trámite, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es un drama humanitario que no cesa y al que las autoridades españolas parecen no querer mirar de frente. Más de 22.000 personas llegaron a las costas españolas durante el año 2017, el doble que el año anterior. En el intento, perdieron la vida 223. El director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, avisó de que esta sería la tónica de este año 2018 y, por el momento, parece que estaba en lo cierto. Sin ir más lejos, este martes Salvamento Marítimo rescató una patera a la deriva en la que viajaban 39 personas. Dos de lo ocupantes eran niños. Y precisamente ellos, los menores de edad, que en numerosas ocasiones viajan solos, son el colectivo más vulnerable.