Omar (Bangui, República Centroafricana, 2004) ha tratado de entrar en España en dos ocasiones: una por Melilla, en 2021; otra por Ceuta, en 2022. La primera vez intentó saltar la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos, pero el gas y el impacto de una pedrada de los agentes marroquíes le hicieron caer, tras lo que fue golpeado por guardias civiles y devuelto al país vecino. Un año después, las fuerzas de seguridad marroquíes le interceptaron mientras trataba de acceder a Ceuta y le trasladaron de manera forzosa a Casablanca. Más tarde, consiguió que Acnur lo enviara a un centro de protección en Massira (Temara, cerca de Rabat). No importó su minoría de edad ni su perfil apto para recibir protección internacional. Y como este caso, hay muchos más. Así lo recoge el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, publicado este lunes, que vuelve a denunciar el "olvido" de los derechos humanos en la frontera sur española.
La reapertura de los pasos fronterizos que echaron el cierre el 14 de marzo de 2020 por la pandemia de covid-19 no ha evitado que, igual que antes de la crisis sanitaria, haya "personas con perfil de protección desprotegidas en la frontera". Y es que ésta solo está abierta para las personas con ciudadanía española y de la UE, marroquíes con visado Schengen y trabajadores marroquíes transfronterizos debidamente autorizados. El acceso a la oficina de asilo que se sitúa en Benzi Enzar, por tanto, es "inaccesible desde los puestos de control marroquíes para quienes carecen de la documentación requerida", por lo que solo pueden llegar a ella "quienes hayan entrado en Melilla fuera de los pasos habilitados a tal efecto", explica la ONG. Es decir: saltando las vallas, nadando o a bordo de una embarcación. "Arriesgando la vida o la integridad física", denuncia el documento.
Este problema, que suscriben otras ONG, ha sido negado en varias ocasiones por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la tragedia ocurrida en Melilla el pasado 24 de junio, aseguró que era "falso e irresponsable" asegurar que muchas de las personas que saltaron aquel día la valla lo hicieron porque pedir asilo de otro modo resultaba imposible. "La Ley de Asilo define claramente los espacios donde solicitar asilo", aseguró. Y es cierto que se puede antes de cruzar la frontera, lo que ocurre es que en la práctica eso no es tan sencillo.
"El Ministerio del Interior asume que su misión constite en proteger la frontera de cualquier intento de entrada fuera de los pasos fronterizos, por los que solo deja pasar a quien tenga título suficiente o manifieste su intención de solicitar protección internacional. [...] La solicitud en la embajada y en los consulados resulta prácticamente inviable. Estos grupos tratan de saltar las vallas, ganar la costa melillense a nado o a bordo de embarcaciones", lamenta el Servicio Jesuita a Migrantes en su informe.
Según los datos recogidos por la organización, el número de saltos ha disminuido en cualquier caso por la instalación de "peines invertidos" que dificultan el paso. En 2021, detalla, se produjeron 15 saltos con entradas, la mayoría por zonas por las que no estaban instalados. En 2022, por su parte, han sido tres, aunque el número de migrantes que consiguieron pasar aumentó notablemente, algo que la ONG atribuye al "conflicto diplomático" entre Marruecos y España que acabó con la carta enviada por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en la que afirmaba que España apoya la propuesta de autonomía del Sáhara propuesta por el reino alauí.
Devoluciones sin garantías y dificultades para pedir asilo
Una vez se consigue entrar, sin embargo, los problemas no acaban. Las devoluciones en caliente se siguen produciendo, y desde el 19 de noviembre de 2020 avaladas por el Tribunal Constitucional, que consideró en una sentencia que el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla –siempre que se respeten las garantías legales– recogidas en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada ley mordaza, son constitucionales. Según esta doctrina, "el rechazo en frontera es una actuación material de carácter coactivo, que tiene por finalidad restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre".
No obstante, el Servicio Jesuita a Migrantes cuestiona precisamente ese respeto de las garantías legales. Y no es el único organismo que lo ha hecho. Respecto a la tragedia de Melilla del pasado mes de junio, el Defensor del Pueblo concluyó que los 470 rechazos en frontera practicados "no cumplieron las previsiones legales nacionales e internacionales relativos a la protección internacionsal y a la garantía de otros Derechos Humanos", recoge el informe de la ONG. Interior, por su parte, respondió que que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron "dentro de las más estricta legalidad". Los datos de la Guardia Civil, además, rebajaron de 470 a 101 la cifra de los rechazos en frontera, según precisaron fuentes del cuerpo.
Por otro lado, y según denuncia el informe del Servicio Jesuita a Migrantes, esas devoluciones se producen bajo una "violencia" que ejercen "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas". "El gas que disparan [...] aturde a quienes están escalando las vallas. Las caídas desde lo alto provocan fracturas en el cráneo (en la parte occipital, según las radiografías que aportan los migrantes entrevistados), piernas, tobillos y pies. Quienes son detenidos [...] también sufren porrazos antes de ser entregados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad marroquíes", detalla el informe.
Prueba de ello, recuerda el SJM, es lo ocurrido el pasado 24 de junio, cuando hasta el Defensor del Pueblo, una vez estudiado el material audiovisual remitido por el Ministerio del Interior, concluyó que una avalancha de personas provocó un amontonamiento y aplastamiento con consecuencias mortales.
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No todo acaba aquí. Cuando se consigue eludie la devolución y las consecuencias graves tras cruzar la frontera, comienza un nuevo problema: las trabajas para pedir asilo. "Quien ha entrado en Melilla eludiendo la devolución sumaria puede solicitar protección internacional. Pero muchas veces se encuentra con vicios en la tramitación: abuso del procedimiento en frontera, entrevistas someras, defectos en la asistencia letrada y en la interpretación, transcurso de un mes sin resolver sobre la administración a trámite...", relata el documento.
Propuestas de la organización
Por todo ello, la ONG propone publicar de manera urgente un reglamento que desarrolle la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, "especialmente en lo tocante al procedimiento para solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles". "Dada la imposibilidad práctica de acceder a las oficinas de asilo en las dependencias policiales de los puestos fronterizos, es preciso regular la formación de corredores humanitarios en territorio marroquí para canilizar el acceso seguro", detalla la organización, que también plantea derogar la disposición adicional décima de la Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Como detalla el Servicio Jesuita a Migrantes, "la eficacia de esta medida para rechazar en frontera a algunas de las personas que tratan de salvar los obstáculos fronterizos terrestres en Ceuta y Melilla priva de sus derechos a personas necesitadas de protección internacional que no pueden acceder a las dependencias policiales de los puestos fronterizos y a menores que no van acompañados por sus familias".
Omar (Bangui, República Centroafricana, 2004) ha tratado de entrar en España en dos ocasiones: una por Melilla, en 2021; otra por Ceuta, en 2022. La primera vez intentó saltar la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos, pero el gas y el impacto de una pedrada de los agentes marroquíes le hicieron caer, tras lo que fue golpeado por guardias civiles y devuelto al país vecino. Un año después, las fuerzas de seguridad marroquíes le interceptaron mientras trataba de acceder a Ceuta y le trasladaron de manera forzosa a Casablanca. Más tarde, consiguió que Acnur lo enviara a un centro de protección en Massira (Temara, cerca de Rabat). No importó su minoría de edad ni su perfil apto para recibir protección internacional. Y como este caso, hay muchos más. Así lo recoge el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes, publicado este lunes, que vuelve a denunciar el "olvido" de los derechos humanos en la frontera sur española.