"En las controversias más grandes no se ha avanzado". Para Melinda St. Louis, directora de campañas internacionales de Public Citizen –una organización estadounidense de defensa de los consumidores contraria a la aprobación del Tratado Transatántico de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés)–, ese es el diagnóstico del estado actual de las negociaciones que mantienen desde 2013 EEUU y la UE. St. Louis estuvo este martes en Madrid ofreciendo una conferencia sobre las consecuencias de la eventual aprobación del tratado, e infoLibre tuvo la oportunidad de charlar con ella antes de su charla.
Los puntos más polémicos del tratado, por el momento, se han centrado en temas como el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y empresas, inicialmente conocido como ISDS, que se ha renombrado como ICS después de que la Comisión Europea se viese obligada a introducir cambios por el rechazo que generó la propuesta inicial entre la ciudadanía. Asimismo, otros órganos contemplados en las negociaciones del TTIP también han provocado enorme controversia: es el caso del Consejo de Cooperación Regulatoria, un comité cuyas funciones no están claras pero que tendría la capcidad de revisar las propuestas legislativas para, cuando considere que van contra las directrices desreguladoras del TTIP, proponer modificaciones.
PREGUNTA:
¿En qué punto se encuentra la negociación del TTIP?
RESPUESTA: No se ha avanzado mucho en los últimos meses. En esta última ronda de negociación que se celebró en Bruselas [entre el 22 y el 26 de febrero] se presentaron nuevos textos, por ejemplo la nueva propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo mecanismo de protección de las inversiones, el ICS. Es la primera vez, supuestamente, que discutían la propuesta, y al final la única conclusión de los negociadores es que hay dos propuestas, pero no alcanzaron un acuerdo al respecto. Sobre la cooperación regulatoria, también la Comisión Europea ha hecho una propuesta y ha cambiado un poco sus postulados, aunque no sabemos hasta qué punto. Han aparcado la parte relativa al Consejo de Cooperación Regulatoria, aunque se dice que se va a decidir cuál va a ser la estructura institucional de este mecanismo más adelante.
Pero no creo que realmente se haya avanzado tanto, y aunque hay mucha presión para que el TTIP se cierre este año, para mí es imposible imaginar cómo podrían combinar las propuestas. Lo que hemos visto y escuchado en el lado estadounidense es que ni siquiera se ha comenzado a preguntar a los estados [federales] si quieren comprometer la capacidad de otorgar contratos públicos en el tratado, algo que es necesario según la Constitución estadounidense. En algunas cosas sí hay avances, pero en las controversias más grandes no se ha avanzado.
P: ¿Cuál es el problema fundamental para que no avancen las negociaciones?
R: Yo creo que la UE ha sentido que EEUU no ha hecho propuestas suficientemente ambiciosas sobre asuntos como la contratación pública. Por otro lado, EEUU dice que la UE no ha sido suficientemente ambiciosa en otros aspectos como la cooperación regulatoria, un asunto en el que existen visiones muy diferentes. Lo que quiere EEUU, básicamente, es exportar el sistema norteamericano, que da más oportunidadades a las empresas para que influyan a la hora de promover las regulaciones, y en ese sentido, pienso que la UE está cediendo en algunas cosas.
P: Precisamente con respecto a este tema, la Comisión Europea planteaba establecer un Consejo de Cooperación Regulatoria encargado de elaborar opiniones sobre las leyes que aprueben los Estados para evitar que interfieran con el TTIP. ¿Existen novedades al respecto?
R: En la propuesta de la UE, que se ha reformulado en las últimas negociaciones, se indica que se decidirá sobre este consejo más adelante. EEUU, básicamente, pretende establecer comités temáticos que aborden cada uno de los asuntos y áreas –uno sobre servicios, otro sobre sanidad y estándares fitosanitarios...– y decidan sobre la cooperación regulatoria. Pero nosotros nos tememos que esa podría ser aún peor que la europea, porque serían los funcionarios de las agencias de comercio estadounidense y europea [sendos departamentos del Gobierno norteamericano y la Comisión Europea] los que manejarían los comités, y esas agencias no piensan en cómo proteger a los consumidores, sino en cómo mejorar el comercio.
P:La comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Mälmstrom, vendió como un gran cambio la incorporación a las negociaciones del mecanismo ICS, que sustituye al polémico tribunal de arbitraje ISDS. ¿Qué diferencias hay entre ambos?
R: Los cambios que han propuesto son fundamentalmente de procedimiento, pero los problemas principales del ISDS no se tocan en el ICS, y quienes éramos críticos con el mecanismo ISDS lo somos también con el ICS. Bajo este nuevo sistema, existe una corte de 12 árbitros, que van a ser seleccionados al azar en cada proceso, en lugar de como se planteaba en el sistema anterior, en el Estado denunciado escogía a uno de los árbitros y la empresa denunciante a otro. Pero el conflicto de interés que hay dentro del sistema es mucho más profundo, porque los árbitros siguen sin ser jueces y siguen sin tener un salario fijo, sino que cobran por horas por trabajar en cada uno de estos casos, que pueden prolongarse mucho en el tiempo. Como sólo son las empresas las que pueden acudir a este sistema y no los Estados, hay muchos incentivos para fallar a favor de ellas, porque si quieres tener más casos en el futuro y ganar más dinero, dar la razón a los Estados desincentiva a las empresas a la hora de recurrir a este tribunal.
Otra diferencia es que se incluye un proceso de apelación, que era una de las principales críticas del ISDS. Pero el problema sigue siendo que no es un sistema jurídico, porque aunque las autoridades vendan que estará compuesto por jueces, en realidad no es así, y tampoco han cambiado en absoluto los derechos de los inversores, que son muy amplios e incluyen lo que ellos llaman "expropiación indirecta", que permite a las empresas atacar las leyes que se aprueben para proteger los servicios públicos o el medio ambiente si afectan a sus beneficios. Esas leyes no tienen por qué implicar que el Estado se haya quedado con una inversión, simplemente basta con que sea una regulación que haya afectado a las ganancias de las empresas. Pero es que en la propuesta de ICS también se establece que las "expectativas legítimas" pueden ser la base de un caso: una empresa podría denunciar a un Estado si espera ganar un dinero y luego no lo gana.
P: ¿El TTIP puede poner en peligro los servicios públicos?
R: Los partidarios del acuerdo dicen siempre que en el preámbulo de la propuesta negociadora de la Comisión Europea se dice expresamente que se protegerán los servicios públicos. Y, en realidad, no es que se obligue a los Estados a privatizarlos, pero los únicos servicios públicos que se garantiza que no podrán ser privatizados son los monopolios estatales y no colaboran con ninguna empresa privada. De esos hay muy pocos, porque lo más normal es que un servicio, aunque sea público, cuente con contratistas privados: por ejemplo, la sanidad es pública, pero hay algunos hospitales privados que prestan servicios bajo el régimen de contratación pública. En este caso, [el TTIP establecería que el mercado de ese sector] estaría abierto a toda la competencia procedente de EEUU. Pero no es el único peligro, ya que si un servicio se privatizó y después las autoridades deciden que ha sido un error, el TTIP prohíbe volver para atrás y revertir la privatización.
P: ¿Esas son las famosas cláusulas de trinquete y standstill?standstill
R: Sí, y seguro que van a tratar de incluirlas en el tratado.
P:Se lo pregunto porque estos son algunos de los puntos más controvertidos del TISA, el acuerdo sobre servicios públicos que negocian varias decenas de países, que es incluso menos conocido en España que el TTIP. ¿En qué se resume este tratado?
R: Es una negociación entre 50 países, que básicamente busca la liberalización de los servicios. Y cuando te hablan de los servicios se incluye todo: desde energía, telecomunicaciones o sector financiero hasta salud o educación. Cuando se habla de bajar las barreras al comercio en servicios, realmente se pretende desrregular los servicios para que haya más apertura a la competencia, y lo que pretenden tanto el TISA como el capítulo de servicios del TTIP es ir mucho más allá de lo que las grandes empresas europeas y estadounidenses han conseguido a través de la Organización Mundial del Comercio.
P: Por otra parte el CETA, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, se encuentra en la fase final de su aprobación. Los sectores más críticos lo consideran la antesala del TTIP ¿Hasta qué punto esta afirmación es cierta?
R: Sería muy preocupante que se diese luz verde al CETA, porque incluiría un mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados como el ISDS o el ICS. E incluso si se consiguiese que el ICS o el ISDS no estuvieran incluidos dentro del TTIP, el 80% de las empresas estadounidenses [con capacidad para denunciar a los Estados según el TTIP] podrían utilizar sus filiales en Canadá para iniciar este tipo de denuncias. Ese es sólo un ejemplo, pero además sería más difícil convencer a los parlamentarios de que respetasen las líneas rojas en la negociación sobre el TTIP si estas líneas están aprobadas dentro del CETA.
P:¿Sería irreversible firmar el TTIP?
La UE negocia con 22 países el TiSA, un tratado que amenaza con privatizar los servicios públicos
R: Al firmar un tratado de libre comercio se fija la regulación más laxa posible. Y a partir de ahí es muy difícil cambiar: tendrías que negociar con la otra contraparte cualquier cosa que quisieras cambiar, y además tendrías que ofrecer algo a cambio. Normalmente es casi imposible salir o cambiar las reglas de un tratado de libre comercio una vez esté firmado: soberanamente, un Estado sí podría hacerlo, pero no ocurre.
P:¿Queda tiempo para parar el TTIP?
R: Yo creo que sí, porque hay muchas controversias y diferencias en la negociación. Lo que hemos visto en el TPP [el Tratado Transpacífico, en sus siglas en inglés, firmado por EEUU con países como Japón, Malasia, Singapur o Brunéi] es que, aunque concluyeron las negociaciones, las grandes empresas no recibieron el 100% de lo que querían y al final no están apoyando el acuerdo. Eso significa que, si la UE mantiene sus líneas rojas en asuntos como la protección de los servicios públicos o la negativa a bajar sus estándares en cuanto a los transgénicos, no creo que haya acuerdo. Además, veo un movimiento muy fuerte en Europa: ahora vengo de Alemania, donde ha habido un cuarto de millón de personas en la calle marchando contra el TTIP, en Austria también hay mucha oposición, y ahora que estoy en España veo que ha crecido mucho la movilización con respecto a hace dos años, cuando no existía casi nada.
"En las controversias más grandes no se ha avanzado". Para Melinda St. Louis, directora de campañas internacionales de Public Citizen –una organización estadounidense de defensa de los consumidores contraria a la aprobación del Tratado Transatántico de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés)–, ese es el diagnóstico del estado actual de las negociaciones que mantienen desde 2013 EEUU y la UE. St. Louis estuvo este martes en Madrid ofreciendo una conferencia sobre las consecuencias de la eventual aprobación del tratado, e infoLibre tuvo la oportunidad de charlar con ella antes de su charla.