La migración, el octavo problema personal de los españoles que la derecha agita con los menores

El Congreso se prepara para debatir en la primera quincena de abril el decreto aprobado por el Gobierno, tras el pacto con Junts, para establecer una fórmula de reubicación de los menores migrantes no acompañados entre las autonomías. La norma saldrá adelante gracias al bloque de investidura, pero los populares y Vox ya hacen oposición y amagan con boicotearla en sus comunidades.

Por el momento no hay cálculos concretos, a la espera de que las comunidades, como señala el decreto, envíen hasta el día 31 de este mes sus datos sobre los menores no acompañados en cada autonomía. El Ejecutivo avisa de que si las autonomías populares se niegan a trasladar las certificaciones, buscará en registros propios datos para poner en marcha la iniciativa legal.

Una de las grandes preocupaciones que hay también en el Gobierno, según señalan varias fuentes, es que se instale por parte del PP un discurso xenófobo arrastrado por Vox. En este punto se mira al presidente valenciano, Carlos Mazón, que ha abrazado el mensaje más ultra tras su pacto con los de Santiago Abascal para sacar adelante los presupuestos autonómicos.

"No se puede convertir en un espectáculo"

En el Gobierno dan por descontado el rechazo del Partido Popular durante la tramitación parlamentaria a pesar de haber estado varias veces cerca de un gran pacto sobre la distribución de los menores ante la situación de hacinamiento en Canarias y en Ceuta. Asimismo, fuentes del Ejecutivo señalan que prevén un “frente común” de las autonomías populares. En el decreto no se contemplan medidas sancionadoras ante posibles incumplimientos, pero en La Moncloa recuerdan que el Estado tiene “instrumentos” para hacer cumplir el decreto que convalidará el Congreso. Respecto a la tramitación, en la coalición se abren a que pueda ser debatido posteriormente como proyecto de ley para que algunos grupos propongan algunos cambios. Otro de los elementos para el cumplimiento pasa por el papel de la Fiscalía, que tiene la competencia de la garantía de los derechos de los niños.

El Ejecutivo, además, trata durante estas horas de frenar el discurso con tintes xenófobos que se instala en la derecha. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó en su respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, en la sesión de control en el Congreso de este miércoles: “Cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España, trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país. Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera contra los intereses de España y para destruir Europa. Lo que amenaza la prosperidad no es la migración, sino los aranceles al campo y a la industria ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, sino los tecno-oligarcas a los que pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales”.

En el Gobierno, según confiesan varias fuentes, hay preocupación por el modo de la derecha de abordar el tema de los menores y la migración en general. Como indican en La Moncloa: “Son seres humanos. Es un tema muy complejo y deberíamos abordarlo como una cuestión de Estado. No se puede convertir en un espectáculo. Y es que vamos camino de que canales de YouTube se pongan a retransmitir en directo el traslado de los jóvenes”.

El Ejecutivo insiste en que se debería realizar “con normalidad” entre las administraciones y pone en el espejo al PP por criticar una medida que afecta principalmente a Canarias y a Ceuta, en cuyos gobiernos están presentes los conservadores. “Si tienen alguna idea mejor, que la digan”, señalan en el Gobierno, donde recuerdan que se ha intentado durante meses llegar a un acuerdo con los populares, que se echaron siempre atrás en el último momento por las amenazas de la ultraderecha.

Solo el 2,4% de los españoles cita la migración como su primer problema

El tema de la migración se ha convertido en una de las banderas de la derecha contra el Gobierno. Una de las paradojas que se da en esta cuestión la refleja la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción de los españoles. En el barómetro publicado este lunes se señala que los españoles, a título personal, solo lo sitúan como el octavo problema en sus vidas. Solo el 2,4% lo nombra como su mayor preocupación, muy por debajo de cuestiones como la situación económica (14,9%), la vivienda (10%), la sanidad (8,6%) y el empleo (6,6). Escala, no obstante, a la cuarta posición cuando se hace la pregunta de los problemas a nivel de país. Una diferencia que está muy marcada también por el contexto mediático y por los discursos de los partidos de la derecha.

La preocupación por la migración está mucho más extendida, además, entre los votantes de la derecha. Por encima de la media de los encuestados a nivel personal como problema (7,5%), se sitúan los electores de Coalición Canaria (36,1%), Vox (21,4%), Junts (15,2%), PNV (14,2%), UPN (9,2%) y PP (8,1%). Por debajo están PSOE (4,5%), ERC (3%), Sumar (2,6%) y Pacma (1,8%).

El Gobierno se encuentra a la espera ahora de que las autonomías manden los datos certificados sobre el número de menores no acompañados registrados para poder hacer los cálculos definitivos. El modelo diseñado establece que una comunidad podrá solicitar la reubicación de menores cuando se declare en situación de contingencia al triplicar su capacidad ordinaria de acogida. La Conferencia Sectorial puede adoptar los criterios si se logra la unanimidad. En todo caso, el decreto establece los parámetros para la distribución: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).