Miguel Hurtado, portavoz de Infancia Robada: "Las bonitas palabras del papa no protegen a ningún niño"

En su doble condición de portavoz de la organización española Infancia Robada y de la internacional Ending Clergy Abuse, Miguel Hurtado (Barcelona, 1982) tiene una perspectiva tanto local como mundial del problema de la pederastia en el seno de la Iglesia. No sale decepcionado de la cumbre convocada por el papa Francisco. Pero no porque le satisfagan los resultados, sino porque no esperaba nada tangible de la misma. Frente a las 21 medidas anunciadas por el papa, que considera una declaración de intenciones vacía de contenido, Hurtado presentó este lunes otras 21, mucho más contundentes [ver aquí el documento en inglés]. Entre ellas, acabar con el secreto pontificio y obligar a la Iglesia a denunciar a todos los pederastas ante la policía independientemente de lo que diga la ley del Estado en cuestión. Hurtado cree que en el combate contra la pederastia clerical la Iglesia ha perdido la iniciativa y que sus proclamas sobre el perdón o contra Satanás caen ya en saco roto en una sociedad más difícil de engañar que antes: "Las crisis van a seguir estallando país tras país. La duda es cuál va a ser el próximo. ¿España?". Hurtado, hoy psiquiatra, también fue víctima de abusos, a los 16 años, en el Monasterio de Montserrat. Presente en Roma durante la cumbre, ha logrado reunirse con autoridades vaticanas y de la Conferencia Episcopal de Alemania, pero no de la española.

PREGUNTA: ¿Por qué cree que las medidas anunciadas por el papa son un lavado de cara?

RESPUESTA: Son muy genéricas. No concretan. Nosotros le decimos qué leyes canónicas hay que reformar y qué mecanismos hay que establecer. Ahora mismo hay una brecha entre lo que la Iglesia y el papa dicen y lo que hacen. Es decir, el papa dice que se va a denunciar a todos los pederastas, que se va acabar con el encubrimiento, pero cuando preguntas cómo y cuándo, no hay respuesta. No concretan. Esto ha sido una campaña de marketing y relaciones públicas del papa, cuya figura quedó muy tocada con los casos de Chile, de Pensilvania y de George Pell. Tenía la necesidad de un golpe de efecto, pero le ha salido muy mal. Ha sido un brindis al sol.

P: ¿No se ha avanzado nada, entonces?

R: La única diferencia es que los medios de comunicación han sido mucho más asertivos a la hora de exigir medidas concretas. Antes el papa condenaba los abusos con contundencia y los medios se quedaban tranquilos. Lo decía con tanta rotundidad y parecía tan convencido que los medios le daban credibilidad, al ver un cambio en Francisco con respecto a Juan Pablo II y Benedicto XVI. El problema es que cuando los medios preguntaban por un plan de acción con medidas concretas, no había. Ahora ya sí lo demandan.

P: ¿A qué atribuye esta falta de concreción en las medidas?

R: A una falta de voluntad para cambiar las cosas. El papa Francisco lleva seis años de pontificado. En estos momentos ya debería tener un buen diagnóstico del problema de la pederastia clerical. Y un buen tratamiento.

P: ¿Ni siquiera tiene diagnóstico?

R: Bueno, a nivel de diagnóstico, sus palabras no van mal encaminadas. El clericalismo, el excesivo poder de los sacerdotes... Pero en la práctica, falla. Pongo en duda la voluntad.

P: ¿La voluntad del propio papa?

R: La voluntad del propio papa. No es una de sus prioridades. El papal Francisco ha llegado a este tema tarde y mal. Ha tenido que reaccionar cuando le estalló el escándalo de Chile en las narices. Pero, claro, Chile pasó en 2018, cuando llevaba ya cinco años como papa.

P: Usted sostiene que se ha visto obligado a actuar al ver que su papado podía quedar manchado.

R: No le ha quedado más remedio. Y además, aunque el papa Francisco tuviera voluntad de cambio, que lo dudo, se va a encontrar con una oposición muy fuerte de las conferencias episcopales, empezando por la Conferencia Episcopal Española.

P: ¿A qué se deben esas resistencias, a su juicio?

R: Piense una cosa. Un sistema done los niños tengan derechos es un sistema donde los clérigos pierden privilegios. Tomar medidas para proteger a la infancia supondría una pérdida de dinero, de poder, de patrimonio... Y obviamente esas son las prioridades de la jerarquía. No de los fieles, pero sí de la jerarquía. Su idea principal es que los sacerdotes son una casta aparte por encima de los simples mortales y que no tienen que seguir la ley. Es decir, la pederastia de los sacerdotes es un pecado que se gestiona internamente, no un delito que tiene que ser juzgado externamente.

P: ¿Esa idea sobrevive a esta cumbre?

R: Sobrevive en una parte importante del clero.

P: Pero el papa dice expresamente que no es sólo un pecado, sino también un delito. El mensaje se ha endurecido.

R: Esas bonitas palabras no van acompañadas de hechos ni protegen a ningún niño.

P: ¿Es usted partidario de limitar el contacto entre sacerdotes y menores?

R: Hay medidas preventivas para minimizar los abusos que se pueden utilizar en todas las instituciones. No sólo con sacerdotes, también con maestros y monitores. Por ejemplo, en las escuelas, que haya puertas de cristal, de manera que si el maestro tiene que hablar con los niños se mantenga la privacidad, pero que se vea que no está sucediendo nada extraño. Esto es algo que se tiene que discutir y debatir no sólo en la Iglesia. Muchos casos de abuso se han producido en el confesionario. ¿Por qué? Porque hay un gran secretismo, porque está el sacerdote a solas con el niño y nadie está mirando.

P: Habla de puertas de cristal no en sentido figurado, sino literal.

R: Claro. Para prevenir los abusos hay que reformular qué significa ser sacerdote, que no puede ser una una figura elevada un pedestal por encima de los simples mortales. Se tendrá que considerar que es un profesional, como un maestro, un médico o un trabajador social. Y por lo tanto tendrá un código profesional. Si no lo cumple, pues pierde su puesto de trabajo.

P: ¿Sale la Iglesia de esta cumbre con la obligación autoimpuesta de alertar cuando haya sospechas de pederastia?

R: No, lo que hace la Iglesia es reformular la doctrina actual. Sólo se denuncia cuando la justifica civil obliga, y hay muchos países donde la justifica civil no obliga a denunciar los casos.

P: ¿El secreto de confesión es una limitación para la denuncia?

R: Hay dos frenos. El primero es el secreto de confesión, entre sacerdote y feligrés. Pero hay otro más, tan preocupante o más, y es el secreto pontificio, según el cual las investigaciones canónicas, las investigaciones disciplinarias internas, tienen el máximo nivel de secreto, y por lo tanto los trabajadores de la Iglesia no pueden transmitir la información bajo amenaza de severas penas.

P: ¿Paliaría el problema la ordenación sacerdotal de la mujer?

R: No creo que sea... A ver, hay medidas más efectivas, como el régimen disciplinario para sancionar el encubrimiento. Las organizaciones de víctimas no hemos pedido históricamente la ordenación de la mujer.

P: ¿Y el celibato?

R: Tampoco. Al igual que la ordenación de las mujeres, puede ser importante por otros motivos.

P: ¿No cree que el celibato, por el carácter represor sobre la expresión sexual, abona el terreno?

R: El problema de los abusos es el secretismo. El problema es que como la moral sexual de la Iglesia no se la creen ni ellos, pues muchas veces se generan situaciones complicadas en las diócesis porque si los sacerdotes denuncian a sus compañeros por pederastia les pueden sacar los trapos sucios de relaciones sexuales que no son delito, pero sí que contravienen la doctrina de la Iglesia. Y entonces se genera una cultura de la hipocresía y de la doble moral en el tema sexual.

P: ¿Tiene Ending Clergy Abuse alguna estimación cuantitativa de casos a nivel internacional?

R: Los informes más extensos que se han hecho hablan del 7% [del clero]. Eso en España serían 1.200 curas pederastas vivos en España ahora mismo. A nivel internacional, hicimos una recopilación de datos de comisiones nacionales de investigación, bien del Estado o de la Iglesia, y salen entre 50.000 y 100.000 víctimas de abusos tanto físicos como sexuales en instituciones católicas. Pero muy pocos países han hecho estas comisiones.

P: Entre 50.000 y 100.000, ¿en qué periodo?

R: 50 años, más o menos.

P: Ending Clergy Abuse se hizo eco de una cifra de 100.000 sólo en Estados Unidos.100.000 sólo en Estados Unidos

R: Es una cifra estimativa. Los 50.000-100.000 son datos de comisiones, datos más sólidos.

P: ¿En España el franquismo nacionalcatólico supuso un factor extra de riesgo?franquismo nacionalcatólico

R: Un factor de riesgo y una mayor asimetría de poder. Si el abuso sexual es una abuso de poder, en un país como España, donde la Iglesia ha tenido tanto poder y los ciudadanos tan poco, la frecuencia y gravedad de los abusos será mayor que en países como Estados Unidos o Australia.

P: ¿Y por qué cree entonces en España no ha habido una eclosión de casos similar?

R: Hay una cultura del miedo. A hablar, a sus consecuencias negativas, a no ser creído. La Iglesia ha tenido y sigue teniendo mucho poder. Y además en España hay una larga tradición de negación de traumas. Los traumas políticos hacemos como que no existen.

P: Se suele repetir que, una vez abierta la espita, se multiplican las denuncias. ¿Prevé más casos ahora que los medios prestamos más atención al tema, han creado ustedes una organización a nivel nacional, el papa y hasta las autoridades episcopales españolas habla del tema..?

R: Creo que irá aumentado progresivamente. Lo que no sé es si habrá una explosión. Ahora simplemente España se está normalizando. Porque no era normal es que en medio mundo hubiera denuncia tras denuncia de pederastia en la Iglesia, y España fuera un desierto estadístico. Ya ha dejado de serlo, pero ha salido sólo la punta del iceberg.

P: ¿La vinculación Iglesia-Estado dificulta el combate contra la pederastia?

R: Mmm, eso es más cultural. No sé. No hace falta revisar el Concordato [en referencia a los acuerdos España-Vaticano de 1976 y 1979] para que las instituciones estatales se tomen serio la pederastia clerical. Lo que hace falta es que apliquen la ley y los convenios internacionales de derechos humanos que España ha suscrito. Pero las autoridades estatales no quieren investigar este problema.

P: ¿No? ¿Por qué?

R: No quieren molestar a la Iglesia. La Iglesia es un poder fáctico. No sale a cuenta políticamente.

P: El actual Gobierno reclamó información a la Iglesia y advirtió de un endurecimiento de la ley para ampliar el plazo de prescripción. Pero las medidas no se han concretado. ¿Qué balance hace?prescripción

R: Las medidas del Gobierno son muy descafeinadas. [La pederastia clerical] es un tema que no quieren tratar. Es un melón que no quieren abrir. Se ponen de perfil. Sólo reaccionan cuando los casos estallan en los medios. Además la ampliación de los plazos de prescripción es insuficiente. Debería empezar el plazo a partir de los 50, no de los 30.

P: Desde que usted sufre los abusos hasta hoy, ¿ha mejorado la Iglesia en transparencia?

R: Es que veníamos de un nivel tan bajo... No creo que haya que comparar cómo estamos ahora con la España de hace 20 años, sino con los países más avanzados como Australia o Canadá. Ese debe ser el referente. Países en los que se han hecho comisiones independientes, a diferencia de España. Que la Iglesia se investigue a sí misma no va a funcionar.

P: Al final a quien les solicitan que actúe, más que a la Iglesia, es a las autoridades civiles.

Efectivamente.

P: ¿Qué forma adoptaría esa comisión? ¿Una especie de comisión de la verdad en la que independientes externos llaman a declarar a autoridades de la Iglesia, víctimas...?

R: Exacto. Seguiría el modelo de las comisiones de la verdad, con la supervisión y el amparo de Naciones Unidas. Deberían tener dos características principales. La primera es que pudieran exigir que la Iglesia entregase los documentos internos, los archivos de la perversión. La segunda es que pudiera llamar a testificar, a declarar, a líderes de la jerarquía católica.

P: ¿De lo que pidió la ONU hace cinco años la Iglesia no ha aplicado nada?

R: Nada de nada. El papa Francisco no aceptó el informe, no lo ha considerado una vía válida de actuación. Es curioso que en el discurso de ayer [por el domingo] mencionase los principios de la Organización Mundial de la Salud y no el informe que le hizo Naciones Unidas.

P: ¿Qué credibilidad da a la delegación episcopal contra los abusos de la Diócesis de Astorga?

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R: Lo mismo hicieron otras diócesis en el pasado. El problema es que, como eran oficinas dependientes del obispado, las víctimas salían más traumatizadas de lo que entraban. La prioridad no era atender a la víctima. Para que sea útil, debe ser independiente. Toda la gestión de las víctimas de abuso tiene que ser de organizaciones externas. El único rol del obispado debe ser pagar la factura.

P: ¿Cree que hay razones económicas tras las resistencias en el seno de la Iglesia?

R: Las hay. Si hay que pagar indemnizaciones a las víctimas, pues les va a costar un buen dinero.