La millonaria multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por la gestión insuficiente de sus aguas residuales llama la atención por tres detalles. Uno, el más evidente, la cuantía de la sanción: 12 millones de euros y 11 millones por cada nuevo semestre de incumplimiento. El segundo es el tiempo que lleva el país siendo incumplidor: la directiva se aprobó en 1991, dio de plazo a los Estados miembros hasta 2001 para aplicar las medidas y, calcula la sala, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años. Y el tercero, las aglomeraciones urbanas implicadas, 17, de las cuales 8 están en Andalucía y 4 en Málaga y su Costa del Sol. Los esfuerzos de la Junta de Andalucía no han sido suficientes para atajar el problema, que se resume en la falta de depuradoras para gestionar los desechos, que acaban sin tratamiento directamente en los ríos o en el mar.
Las ciudades o urbanizaciones infractoras señaladas por Bruselas son Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate, Gijón este, Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo, Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira, Valle Guerra noreste y Valle de Güímar, estas dos últimas en Canarias. Algo menos de la mitad, ocho, son en parte de responsabilidad, además de los municipios, de la Junta de Andalucía, que ya ha tomado medidas: cobrar un canon, un impuesto finalista para construir o mejorar infraestructuras de depuración. Desde mayo de 2011, los andaluces, a través del recibo del agua, pagan unos euros de más para, en teoría, garantizar el ciclo integral del agua, así como los ayuntamientos que no tengan externalizada la gestión.
La pregunta, por lo tanto, es pertinente: ¿para qué sirve pagar el canon si finalmente ha caído la multa? La respuesta, a diferencia de otros problemas medioambientales más complejos y con múltiples causas, es sencilla: falta dinero y las infraestructuras no han llegado todo lo rápido que deberían, a pesar de que han tenido 18 años de margen. La mitad de las poblaciones andaluzas señaladas son malagueñas y sus casos son buenos ejemplos de la desidia administrativa, no solo de la Junta, que participa con financiación en las obras, también del Gobierno central.
Nerja, enclave clásico de la Costa del Sol y su turismo, sigue esperando des hace años su depuradora y, hasta que se finalicen las obras, continúa vertiendo al mar directamente sus aguas residuales, causando innumerables daños a la flora y la fauna de la costa. El proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja se adjudicó en 2013 y se estableció que la financiación y la supervisión técnica corría a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Durante el pasado verano, la empresa, Isolux-Corsán-Corviam, quebró, lo que retrasó todo aún más. Se espera que a finales de año la depuración comience en pruebas. La fecha estimada de ejecución era el verano de 2016.
Una situación similar se vive en los municipios de Alhaurín el Grande y Coín, cuyas aguas contaminadas se vierten al río Guadalhorce, principal río de la provincia y de la Cuenca Hidrográfica del Sur. El primer municipio, explica el Diario SUR, depende de una futura depuradora con el nombre de Guadalhorce Norte, que ya ha sido adjudicada pero que va para largo. Coín, sin embargo, tendrá su depuradora funcionando a finales de año. En el caso de Estepona, la depuradora de la zona disfrutó el año pasado de una ampliación para tratar las aguas de hasta 400.000 vecinos, pero el tribunal ha considerado que no es suficiente.
Las carencias en la costa malagueña
Se da la circunstancia, además, de que Málaga, según un informe de la patronal de la construcción Ceacop, es la provincia andaluza que más ha aportado al canon de la Junta y una de las que está a la cola en ejecución de los proyectos. Una provincia en la que desde los 70 se lleva anunciando el "saneamiento integral" de las aguas de la Costa del Sol y que, décadas después, aún se encuentra con importantes carencias que afectan a su principal río y a sus playas, la fuente de ingresos y de desarrollo del litoral turístico.
La eterna lucha por la tierra tras la oposición al golf en la Costa del Sol
"El 90% de los municipios de Málaga no tienen separadas las tuberías de pluviales y fecales, con lo cual las aguas de lluvia van a las depuradoras", apunta, además, el Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol, formado por asociaciones, sindicatos y empresas que desde 2007 vienen denunciando la situación. La falta de separación se une al aumento de la población durante los meses estivales, que, por ejemplo, hacen insuficiente la ampliación de la infraestructura de Estepona. Las tuberías no dan para más, según la organización. El Foro, además, alberga serias dudas sobre el canon de la Junta de Andalucía, ya que no cuadran las cifras entre lo que recauda el Gobierno autonómico y lo que se ejecuta. Cifran que en Málaga lo gastado no llega al 3% de lo ingresado.
El Ministerio de Transición Ecológica ha emitido un comunicado lamentando la herencia recibida y prometiendo la elaboración de un Plan Nacional de Depuración y Saneamiento que "definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas", para evitar balones fuera. El Gobierno, sin embargo, recuerda que "las administraciones locales son las competentes en la materia, y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico".
Más allá del dinero que España tendrá que desembolsar, el daño medioambiental ya está hecho y seguirá produciéndose hasta, como pronto, 2019. Las aguas residuales afectan desde a los microorganismos que actúan como base de la vida en la costa y en el río hasta a animales y flora superiores, conllevan malos olores, patógenos tóxicos y problemas de salud y, en el mar, empobrecen el estado de unas playas clave para el turismo como actividad económica. La insostenibilidad y la masificación del litoral es, en definitiva, tirar piedras contra el tejado.
La millonaria multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a España por la gestión insuficiente de sus aguas residuales llama la atención por tres detalles. Uno, el más evidente, la cuantía de la sanción: 12 millones de euros y 11 millones por cada nuevo semestre de incumplimiento. El segundo es el tiempo que lleva el país siendo incumplidor: la directiva se aprobó en 1991, dio de plazo a los Estados miembros hasta 2001 para aplicar las medidas y, calcula la sala, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años. Y el tercero, las aglomeraciones urbanas implicadas, 17, de las cuales 8 están en Andalucía y 4 en Málaga y su Costa del Sol. Los esfuerzos de la Junta de Andalucía no han sido suficientes para atajar el problema, que se resume en la falta de depuradoras para gestionar los desechos, que acaban sin tratamiento directamente en los ríos o en el mar.