En julio de 2020 ardieron, como mínimo, 20 plantas de gestión de residuos en toda España. En julio de 2017 fueron cinco, en julio de 2018 se contabilizaron nueve, y en el mismo mes del pasado año sumaron 16. La tendencia es claramente ascendente, pero no es solo un fenómeno de los últimos años. En 2017 se produjo un incremento de fuegos en estos lugares del 85% respecto a la media de los años 2012 a 2015, reconoció hace unos meses Transición Ecológica. Algo falla, es evidente, pero lo inquietante es que no se sabe a ciencia cierta qué. La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por Antonio Vercher, ya aseguró hace unos meses que, pese a que descartaba una "trama", había que seguir investigando, e instó a las autoridades locales a no conformarse con la sencilla explicación del accidente. Pero el aumento de la presión por parte del Ministerio Público no se ha traducido en certezas. El sector lo achaca a la casualidad y a las altas temperaturas, pero ecologistas y expertos apuntan al colapso del modo en el que el país trata su basura.
La primera cuenta corre a cargo del ambientólogo Fernando Follos, a partir del seguimiento de los sucesos en la prensa local y ante la ausencia de un registro oficial actualizado. Uno de los últimos incidentesdel mes se registró en Granollers (Barcelona). Los bomberos estuvieron toda la noche trabajando en su extinción y su esfuerzo logró salvar dos industrias vecinas. El experto, que lleva años siguiendo el tema, descarta la hipótesis de la casualidad, o de que estos trágicos accidentes se producen simplemente porque hace más calor. En su blog, Follos ha comparado los datos con los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y no ha encontrado correlación entre los veranos más calurosos y la proliferación de fuegos: aunque sí que hay una relación clara entre el estío y los sucesos. "Tiene que haber forzosamente otros factores que intervienen en estos incendios. Esto era ya algo evidente para los que trabajamos en el sector y veíamos la evolución creciente en el número de incendios, con casos ya en cualquier época del año, o la evolución en base a factores como el económico o el cierre de mercado", explica.
Estas plantas de gestión de residuos, las que suelen arder, son las que reciben la llamada "materia prima secundaria": el material que procede de las plantas de separado. Todo lo que llega a estas instalaciones es considerado en las estadísticas oficiales como "reciclado". El problema es que para que esta materia prima secundaria se adquiera por parte de las empresas y se convierta en nuevos productos tiene que ser de calidad, lo que no suele cumplirse debido a la mezcla en el contenedor de residuos de tratamiento distinto (plásticos ensuciados con comida, por ejemplo). La consecuencia, según explica el ambientólogo y experto en residuos Alberto Vizcaíno, es que se acumulan en las instalaciones y cualquier chispa puede originar el desastre. "El principal motivo es que no hay una salida real en el mercado para todo ese material. Pasa mucho tiempo almacenado y en un mercado muy precario. Es material susceptible de ser inflamable. Si saliese rápido, no habría este riesgo de incendios".
La problemática es variada. En primer lugar, los incendios, como es obvio, son un riesgo para la vida y la salud de trabajadores y vecinos aledaños a la zona. En segundo lugar, las cenizas de material en muchas ocasiones peligroso contaminan los suelos y el agua. Y en tercer lugar, las carencias demuestran una trampa contable del sistema de gestión de residuos: se contabiliza como reciclado un material que, si no arde en este tipo de fuegos, es enviado al vertedero o al incinerador sin compasiones. En otros tiempos, la materia prima secundaria se compactaba en grandes bloques que ponían rumbo a China, en un primer lugar, y a Malasia cuando el gigante asiático decidió reducir su importación de este tipo de productos en 2018. "Se están buscando nuevos mercados, pero ningún país quiere tener esta cantidad de materia prima secundaria", apunta Vizcaíno. La acumulación, además, se produce por una cuestión de mercado. Así lo explica Follos: "Es cierto que el sector se mueve en márgenes escasos, en competencias desleales, y que muchas veces juegan a acumular residuos hasta que el mercado pone encima de la mesa un precio por tonelada decente".
Pero más allá de la acumulación fruto de no darle salida a la materia prima secundaria, Follos apunta directamente al sector y a su responsabilidad. "Lo que sucede no es normal", asegura, pero "no se puede generalizar, no es justo tratar todos los incendios por igual. No son todos delincuentes, ni todos inocentes", comienza. Hay malas prácticas habituales, a su juicio. Señala varias: "La escasa profesionalización del sector en muchos casos, que puede llevar a negligencias; la competencia desleal con multitud de gestores ilegales o alegales; la falta de inspección y control sobre las plantas, o la presencia de delincuentes y gente sin escrúpulos", afirma. Apunta también al montaje del Sistema Integrado de Gestión (SiG) que organiza la gestión de residuos en el país: el productor se desentiende una vez la botella o el cartón llegan a estas instalaciones, sin que tenga ninguna responsabilidad sobre lo que ocurre después.
En la conversación ecologista es común señalar a los propios dueños de las plantas, acusándoles de provocar intencionadamente los incendios porque les sale más rentable cobrar del seguro que llevar toda esa materia prima secundaria restante al vertedero. "Entre las causas, yo no descarto absolutamente nada. Y mucho menos el cobro de seguros que en el sector de la gestión de residuos suponen jugosas indemnizaciones por daños. Desalmados hay en todos los sectores, y en el sector de los residuos dudo que no existan", afirma Follos. Sin embargo, las empresas de seguros cada vez cobran más caro a estas empresas, lo que, apunta Vizcaíno, puede estar disuadiendo a los presuntos provocadores de los fuegos. "Al principio podría ser una causa, pero a día de hoy el sector tiene un problema para encontrar pólizas y poder operar", asegura.
Un total de 211 personas fallecieron por accidente laboral entre enero y abril de este año
Las asociaciones que agrupan a este tipo de empresas rechazan tajantemente las acusaciones de fraude. Tampoco señalan a gestores piratas que les hacen competencia desleal, o a carencias en el modelo. "Un incendio es un accidente que causa un daño incalculable a la empresa que lo sufre y pone en peligro su viabilidad y la salud del personal que trabaja en ella", afirmaron, en un documento difundido en 2017 y que, según fuentes de estas organizaciones, constituye un argumentario totalmente vigente a día de hoy. "En caso de incendio en las instalaciones, el seguro nunca cubrirá los gastos de los daños al completo y, además, la empresa tendrá serias dificultades para renovar la póliza al año siguiente", aseguran; además, "no solo se daña el material, también la maquinaria y las instalaciones de la planta, lo que requerirá una posterior inversión".
El sector niega también que se produzca acumulación de material en las plantas, ya que "puede deteriorarse si se almacena demasiado tiempo, pudiendo perder valor en el mercado, por lo que no es una opción habitual almacenar grandes cantidades de residuos durante un tiempo prolongado". Y la única explicación que ofrecen es la "sequía" y las "altas temperaturas". Sin embargo, como demuestra Follos, no hay una correlación entre veranos calurosos o secos e incendios en estas instalaciones. Siguen aumentando sin parar desde 2017, un año antes de que los países a los que se exportaba el material empezaran a cerrar sus puertas.
Las cifras totales de reciclaje en el país son motivo de polémica desde hace años. El porcentaje oficial es del 33%. Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que gestiona el reciclaje de envases plásticos, carga contra el dato porque, aseguran, no cuenta con los envases que son mandados a reciclar por los comercios y no pasan por la mano de los municipios. Los ecologistas señalan trampas como la de la materia prima secundaria y calculan la tasa real en un 10%. Ambos números, en todo caso, están muy lejos del 50% que exige la Unión Europea para 2020, y que no cumpliremos. El Gobierno está preparando una nueva ley de residuos para reducir la brecha.
En julio de 2020 ardieron, como mínimo, 20 plantas de gestión de residuos en toda España. En julio de 2017 fueron cinco, en julio de 2018 se contabilizaron nueve, y en el mismo mes del pasado año sumaron 16. La tendencia es claramente ascendente, pero no es solo un fenómeno de los últimos años. En 2017 se produjo un incremento de fuegos en estos lugares del 85% respecto a la media de los años 2012 a 2015, reconoció hace unos meses Transición Ecológica. Algo falla, es evidente, pero lo inquietante es que no se sabe a ciencia cierta qué. La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por Antonio Vercher, ya aseguró hace unos meses que, pese a que descartaba una "trama", había que seguir investigando, e instó a las autoridades locales a no conformarse con la sencilla explicación del accidente. Pero el aumento de la presión por parte del Ministerio Público no se ha traducido en certezas. El sector lo achaca a la casualidad y a las altas temperaturas, pero ecologistas y expertos apuntan al colapso del modo en el que el país trata su basura.