Las aportaciones voluntarias de sus fieles no son el principal sustento de la Iglesia católica. De hecho, prácticamente seis de cada diez euros que percibió la institución religiosa en 2016 procedían del erario público a través de subvenciones institucionales y de la casilla del IRPF; o de las actividades económicas que lleva a cabo tanto la Conferencia Episcopal como las diócesis (alquiler de inmuebles, editoriales, librerías, museos, tasas por servicios pastorales como bodas, bautizos o comuniones...).
Así consta en la memoria anual correspondiente a 2016 presentada este jueves por la Conferencia Episcopal [consultar, aquí], que detalla que la institución católica ingresó en ese ejercicio un total de 963,8 millones de euros, de los que 574,3 procedían de los dos conceptos citados. En consecuencia, el 59,6% de los ingresos declarados tuvieron su origen en las subvenciones públicas obtenidas y en las actividades económicas desarrolladas por la institución. Los 389,5 millones de euros restantes procedieron de aportaciones voluntarias de los fieles (335,6 millones) y de otros ingresos extraordinarios como herencias, enajenaciones de patrimonio o intereses financieros (53,5 millones).
De la parte que no son donativos o ingresos extraordinarios, una de las cantidades más importantes corresponde a lo recibido a través de la casilla del IRPF. Esa cantidad, que supuso 268,3 millones en 2016, sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.
Por otro lado, la memoria que presentan los obispos declara la existencia de un capítulo de 113 millones por "ingresos del patrimonio y otras actividades", en el que se incluyen los que proceden directa o indirectamente del patrimonio de la institución y entre los que citan el alquiler de inmuebles o los ingresos por actividades como editoriales, librerías o museos. Respecto a los alquileres, se trata "mayoritariamente" de locales recibidos en herencias que son posteriormente arrendados o de casas parroquiales que las parroquias alquilan para mantener su actividad. En todo caso, las partidas no aparecen desglosadas.
A este respecto, infoLibre ha venido documentando cómo la Iglesia se acoge a las exenciones previstas para ONG en la Ley de Mecenazgo para hacer negocio arrendando pisos y locales sin pagar el IBI. Una sentencia de 2017, que ya es firme, obligó al Obispado de Mallorca a abonar este impuesto al Ayuntamiento de Escorca (Mallorca, 217 habitantes) por los inmuebles en los que se ubican una panadería, una tienda de recuerdos y una hospedería en el Santuario de Lluc.
Por otro lado, las diferentes diócesis de la Iglesia también ingresaron en 2016 otros 193 millones que la memoria incluye en un epígrafe denominado "otros ingresos" y en el que se agrupan las subvenciones públicas, que "normalmente" provienen de las comunidades autónomas y se utilizan para financiar proyectos asistenciales o rehabilitar patrimonio u otros bienes de interés cultural, según indica un portavoz.
También se incluyen en este apartado los ingresos que recibió la Iglesia católica por la atención pastoral a reclusos o enfermos; los donativos que se recogen por los sacramentos (bodas, bautizos, comuniones...); o la atención religiosa en los tanatorios. No obstante, hay que tener en cuenta que el salario de los capellanes que atienden a los fieles en hospitales, cuarteles o cárceles se abona con dinero público.
Asimismo, las aportaciones voluntarias de los fieles a través de colectas parroquiales, suscripciones o donativos alcanzaron en 2016 los 336,05 millones. Además, existe otra partida de 52,6 millones de "ingresos extraordinarios" en la que se incluyen las enajenaciones de patrimonio y las herencias y otros 864.971 euros de ingresos obtenidos de la gestión de los recursos financieros de la asignación de IRPF. Estos dos capítulos suponen el otro 40,4% de los ingresos.
Los gastos de la Iglesia
En su memoria, la Conferencia Episcopal también da cuenta de en qué gasta el dinero de la asignación tributaria. La mayor parte se destina al sostenimiento de las 59 diócesis: 201,2 millones. Pero hay otros datos significativos. Por ejemplo, en 2016, los obispos destinaron 4,8 millones a financiar campañas de publicidad para captar donativos. En concreto, un millón de euros para el Día de la Iglesia Diocesana, en el que se piden aportaciones económicas que además cuentan con una desgravación fiscal de hasta el 75% en el caso de los primeros 150 euros; y otros 3,7 millones para la campaña de la casilla del IRPF.
La Iglesia católica recibe en diez años 2.491 millones del Estado a través del IRPF
Precisamente en la campaña de la renta, que se realiza principalmente a través de la inserción de anuncios en medios de comunicación, la Iglesia da a entender que la mayoría de esa aportación acaba en Cáritas. Sin embargo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de presentación de la memoria, Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, admitió que la institución no conoce exactamente qué porcentaje de la asignación del IRPF se destina a la ONG de la Iglesia porque es algo que depende de cada diócesis. Los obispos sí hicieron en 2016 una aportación directa a Cáritas de 6,2 millones, apenas el 2% del total recibido.
Por su parte, las diócesis en destinaron en 2016 un total de 239,2 millones a actividades pastorales –concretamente a la compra de libros y la realización de fotocopias para la celebración del culto o la catequesis, la adquisición de cera para velas...–, y asistenciales –entregas de ayudas a necesitados–, así como a realizar aportaciones a colectas para Domund o Cáritas y "otras entregas a instituciones diocesanas". Además, dedicaron otros 291,8 millones a las retribuciones y cotizaciones sociales de religiosos y seglares y otros 55,1 millones a centros de formación.
Otra partida relevante, de 232,6 millones de euros, fue la destinada a conservación de edificios y gastos de funcionamientos (aprovisionamientos, suministros, reparaciones, gastos financieros...). Para gastos extraordinarios, entre los que la memoria detalla la construcción de nuevos templos, la rehabilitación del patrimonio o la celebración de sínodos o "grandes eventos", las diócesis invirtieron 232,6 millones.
Las aportaciones voluntarias de sus fieles no son el principal sustento de la Iglesia católica. De hecho, prácticamente seis de cada diez euros que percibió la institución religiosa en 2016 procedían del erario público a través de subvenciones institucionales y de la casilla del IRPF; o de las actividades económicas que lleva a cabo tanto la Conferencia Episcopal como las diócesis (alquiler de inmuebles, editoriales, librerías, museos, tasas por servicios pastorales como bodas, bautizos o comuniones...).