La asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó en mayo de 2009 una denuncia contra Ignacio González por la adjudicación del campo de golf del Canal, en la que pedía a la Fiscalía de Madrid que practicase una serie de “diligencias de averiguación”, entre ellas solicitar a Hacienda los datos del modelo 347 de dos empresas implicadas en dicho proyecto: Tecnoconcret y Only Golf. El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, no practicó esa sencilla diligencia y ordenó archivar la denuncia en octubre de aquel año. Si hubiera atendido la petición de los denunciantes, habría descubierto que Tecnoconcret, empresa controlada de forma mayoritaria por un hermano y un cuñado de Ignacio González, había recibido ingresos de más de tres millones de euros por el proyecto del campo de golf.
En la denuncia presentada por la asociación vecinal, que luchaba para que en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf de nueve hoyos, se proponía la práctica de las siguientes diligencias de averiguación: solicitar a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008; pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe de la relación de trabajadores de Tecnoconcret durante aquellos años, y reclamar al Canal los dosieres de las empresas que participaron en el concurso para obtener el contrato de gestión y explotación de las instalaciones deportivas.
El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros. En dicha declaración deben figurar tanto los pagos como los ingresos realizados por la compañía.
Los investigadores de casos de corrupción –Guardia Civil, Policía, Fiscalía– piden de forma sistemática el modelo 347 de las empresas sospechosas, ya que les permite hacerse un mapa de las relaciones que confiesan las propias sociedades investigadas. Es además una de las diligencias de investigación más sencillas de practicar, ya que sólo tienen que enviar un oficio a la Agencia Tributaria reclamando la información.
Los datos que constaban en el modelo 347
Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a Ignacio González, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf.
En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. Así consta en el auto del juez Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad denominadas Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.
La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.
Eloy Velasco explica que estas operaciones fueron “declaradas” por Tecnoconcret, es decir, que constaban en el modelo 347 de la sociedad.
Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.
El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008, Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.
Cuando en mayo de 2009 los denunciantes de Parque Sí en Chamberí solicitaron al fiscal Manuel Moix que pidiese los modelos 347 de Tecnoconcret y de Only Golf, estas dos compañías ya habían declarado por tanto todas las operaciones relacionadas con la instalación del césped –3,26 millones de euros– y parte de las vinculadas a la explotación de las instalaciones deportivas. Con esos datos, Moix no podría haber decretado el archivo de la denuncia.
La denuncia de Parque Sí en Chamberí
La denuncia de los vecinos, a la que ha tenido acceso infoLibre, constaba de nueve páginas y se basaba en dos informaciones periodísticas que habían descubierto la trama societaria utilizada por González y su familia: una publicada en la revista Tiempo en abril de 2007 y otra en el diario Público en febrero de 2009.
En la primera información se desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia, al adjudicar la explotación del campo de golf a un consorcio en el que participaba la empresa Tenoconcret. Esta sociedad tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con dos trabajadores en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración del Canal de Isabel II –la principal empresa pública madrileña–, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.
En febrero de 2009, Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf.
Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.
Tecnoconcret y Only Golf se convirtieron además en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.
Los denunciantes aportaron en la Fiscalía de Madrid toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas.
El archivo de Moix
La denuncia de Parque Sí en Chamberí acusaba a Ignacio González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. Manuel Moix abrió unas supuestas “diligencias de investigación”, pero el 6 de octubre de aquel año archivó el asunto.
Las ocho preguntas que Moix no responde sobre su decisión de archivar el 'caso González' en 2009
En el decreto de archivo, que adelantó este martes infoLibre, Moix concluyó que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.
El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción no apreció “ningún tipo de irregularidad” en el concurso de adjudicación y llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.
En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf.
La asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó en mayo de 2009 una denuncia contra Ignacio González por la adjudicación del campo de golf del Canal, en la que pedía a la Fiscalía de Madrid que practicase una serie de “diligencias de averiguación”, entre ellas solicitar a Hacienda los datos del modelo 347 de dos empresas implicadas en dicho proyecto: Tecnoconcret y Only Golf. El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, no practicó esa sencilla diligencia y ordenó archivar la denuncia en octubre de aquel año. Si hubiera atendido la petición de los denunciantes, habría descubierto que Tecnoconcret, empresa controlada de forma mayoritaria por un hermano y un cuñado de Ignacio González, había recibido ingresos de más de tres millones de euros por el proyecto del campo de golf.