El pretexto puesto por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, para no haber disuelto la sociedad que comparte con sus hermanos en Panamá es económico: entre los cuatro no podían hacerse cargo, aseguró, del gasto de en torno a 90.000 euros que supondría poner punto final a la empresa que posee. Pero Moix no dice la verdad: según notarios e inspectores de hacienda consultados por este diario, el fiscal jefe de Anticorrupción podría haber trasladado su compañía a España por en torno a 1.600 euros, lo que hubiera supuesto que dejase de tener acciones en una sociedad en un paraíso fiscal.
Pese a seguir evitando responder a las preguntas de infoLibre, desde que este medio publicó que Moix es poseedor del 25% de una sociedad en Panamá que le sirve a él y a sus tres hermanos para ocultar que son los propietarios reales de una finca en Collado Villalba (Madrid), el fiscal jefe de Anticorrupción ha ofrecido explicaciones en medios como la Cadena Ser y El Mundo. En estos dos medios, Moix aseguró que si no ha disuelto la sociedad panameña es por el elevado coste que esto supone, fundamentalmente en el pago de los impuestos correspondientes a la finca que la sociedad posee.
"Hay que pagar una plusvalía por el beneficio desde el valor inicial de la casa al valor actual, pagar el impuesto de rentas de no residentes que es el 19% del beneficio, otro impuesto del 6% y con los gastos de notario salían como 90.000 euros", explicaba Moix en Hora 25 de la Cadena Ser el pasado martes. "En la disolución hay que pagar impuestos por el valor de la casa, declarado en 900.000 euros, el impuesto de plusvalía y el impuesto de transmisiones. Por las cuentas que hicimos entonces, nos podía ocasionar un gasto de entre 90.000 y 100.000 euros entre los cuatro hermanos, más notarios, etcétera", insistía en El Mundo este mismo miércoles.
Pero los expertos consultados por infoLibre desmienten también esta versión ofrecida por el fiscal jefe de Anticorrupción y aseguran que Moix y sus hermanos podrían haber dejado de tener una sociedad en Panamá por, como mucho, unos 1.600 euros. Ni siquiera hubiera hecho falta que pusieran a su nombre la finca que ahora mismo está en posesión de la empresa panameña, ya que por ese precio la familia Moix podría haber trasladado su compañía a España manteniendo la posesión del chalé en manos de esta sociedad.
Opción A: Trasladar la empresa a España
La opción más barata y ventajosa para Moix y sus hermanos hubiera sido precisamente esta: la de trasladar Duchesse Financial Overseas –el nombre de su sociedad panameña– a España. Según explican varios notarios e inspectores de hacienda a infoLibre, este traslado del domicilio fiscal de la compañía tampoco es especialmente complejo: los Moix únicamente tendrían que haber dado cuatro pasos para llevarlo a cabo, y ninguno de ellos hubiera superado el coste de 800 euros.
Para traer Duchesse Financial Overseas a España, en primer lugar Moix debería haber elaborado una escritura para cambiar el domicilio fiscal de la sociedad y, además, tendría que haber adaptado sus estatutos a la legalidad española, ya que ahora mismo se referencian en la legislación panameña. Ambos son trámites notariales y, según las fuentes consultadas, pueden tener un coste de entre 300 y 500 euros. Acto seguido, y una vez adaptados los estatutos y redactada la escritura, Moix tendría que haber inscrito su compañía en el Registro Mercantil, lo que le hubiera costado entre 500 y 800 euros. Para terminar el traslado de la sociedad a España, el último paso a seguir es el de cancelarla en el Registro Público de Panamá, un trámite cuyo coste ronda los 200 euros.
En ese punto, en el peor de los casos, Moix habría gastado 1.500 euros, a los que habría que sumar la cantidad que los hermanos deberían pagar a la Comunidad de Madrid en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales, ya que la ley establece que se gravará con este tributo "el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea". Según fuentes notariales, el pago de este impuesto supondría un desembolso de unos 89 euros –100 dólares, al cambio–, dado que el capital social de la empresa es de 10.000 dólares.
Sin embargo, toda vez que la finca no dejaría de ser propiedad de la sociedad, Moix y sus hermanos no tendrían que pagar impuestos por el aumento del valor del chalé desde que fue edificado hasta ahora –la conocida como plusvalía–, ya que únicamente se abona una tasa por este concepto si hay un cambio de propietario. Por tanto, el desembolso final por traer la compañía panameña a España no superaría los 1.600 euros: un total de 88.400 euros menos de los que Moix hablaba en sus declaraciones.
Opción B: crear una sociedad en España y traspasarle la finca
Pero los Moix tenían una segunda opción para liquidar su sociedad en Panamá y regularizar la situación en España sin gastarse la abultada cantidad de 90.000 euros. Según notarios e inspectores de hacienda consultados por este medio, por aproximadamente 11.350 euros, el fiscal jefe de Anticorrupción y sus hermanos podrían haber creado una sociedad patrimonial en España, haberle traspasado la finca de Collado Villalba que ahora mismo está en manos de la compañía panameña y haber disuelto esta sociedad off-shore.
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Los pasos a dar tampoco son complicados. En primer lugar, Moix y sus hermanos deberían haber acudido a un notario para redactar una escritura de constitución de una nueva sociedad para, acto seguido, inscribirla en el Registro Mercantil, dos trámites que les hubieran supuesto un coste no superior a los 600 euros. Posteriormente, el fiscal jefe de Anticorrupción tendría que haber cambiado la titularidad de la finca, que habría pasado legalmente de estar en manos de Duchesse Financial Overseas a ser propiedad de la recién creada sociedad. Según notarios e inspectores de hacienda consultados, esta acción hubiera costado unos 300 euros, a los que habría que sumar otro gasto de 450 euros para disolver la compañía panameña.
El desembolso más abultado, en este supuesto, correspondería al pago del impuesto sobre la plusvalía, que en este caso sí tendría que ser abonado dado que la propiedad de la finca sí habría cambiado de manos, en términos legales. Inspectores de hacienda consultados afirman que el importe a pagar podría superar los 10.000 euros, lo que sumado al resto de gestiones supondría un desembolso total de más de 11.300 euros. Muy lejos, en todo caso, de los entre 90.000 y 100.000 euros de los que ha hablado Moix.
Además, los Moix también podrían tener que hacer frente al pago del impuesto sobre transacciones patrimoniales. Según explica un inspector de hacienda, "si la sociedad panameña hace la aportación del inmueble como aportación no dineraria a la sociedad recién creada, el impuesto de transacciones patrimoniales sería mayor por constitución o ampliación del capital social: el 1% sobre la ampliación suscrita y desembolsada por Duchesse, previa renuncia de los socios fundadores al derecho preferencial que les asiste".
El pretexto puesto por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, para no haber disuelto la sociedad que comparte con sus hermanos en Panamá es económico: entre los cuatro no podían hacerse cargo, aseguró, del gasto de en torno a 90.000 euros que supondría poner punto final a la empresa que posee. Pero Moix no dice la verdad: según notarios e inspectores de hacienda consultados por este diario, el fiscal jefe de Anticorrupción podría haber trasladado su compañía a España por en torno a 1.600 euros, lo que hubiera supuesto que dejase de tener acciones en una sociedad en un paraíso fiscal.