El jueves fue un día de cascada de decisiones del mundo judicial contra la acción del Gobierno. En concreto, de su política de nombramientos. Con dos grandes titulares: la anulación por parte del Tribunal Supremo de la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial contra la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general.
La decisión del Supremo no gustó en el Ejecutivo. Al ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, le pilló en mitad de sus reuniones con representantes de la Comisión Europea para analizar la futura ley de amnistía y la situación el Poder Judicial. Su mensaje: respeta pero no comparte el fallo del Alto Tribunal.
En estas primeras horas tras conocerse el fallo se está analizando en profundidad por parte de los servicios jurídicos ese fallo del Supremo. El ministro señaló que se informará en los próximos días si se toma alguna “acción sobre esa sentencia”. Desde el Gobierno, según fuentes consultadas, todavía no se aclara si el próximo martes en el Consejo de Ministros se va a proponer un sustituto para Valerio al frente de ese órgano consultivo.
El Gobierno no comparte esa decisión y se defendió a través de Bolaños el “gran trabajo” de Valerio: “Tiene una trayectoria muy dilatada”. De esta manera, se evidencia la diferencia con la argumentación de la sentencia del Alto Tribunal, que cree que no cumple la condición de ser una jurista de “reconocido prestigio”.
La puerta que se abre
Pero, además este fallo del Tribunal Supremo preocupa en el seno del Gobierno porque puede suponer el precedente para que se abra la puerta a que una entidad privada (el recurso fue presentado por la fundación Hay Derecho) pueda interponerse en la decisiones que competen exclusivamente al Gobierno de la nación.
Desde Sumar fueron más más allá y el diputado Enrique Santiago, uno de los cerebros jurídicos del espacio de Yolanda Díaz, indicó: “La Justicia ha declarado una guerra política a las instituciones elegidas democráticamente. Han decidido convertirse en un actor político funcional a la derecha y la ultraderecha. Se necesita un acuerdo político para evitar estas injerencias en el Ejecutivo y el Legislativo”.
También causó malestar en el PSOE y en Sumar que el Consejo General del Poder Judicial, que va a cumplir el próximo lunes cinco años, se haya mostrado contrario al nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, una de las primeras decisiones que tomó Bolaños desde que fue nombrado la semana pasada ministro de Justicia. Se trata de la primera vez en democracia que sucede esto y, además, hace un año el mismo órgano dio el beneplácito a esa figura.
El informe no es vinculante para el Gobierno, que seguirá adelante con su propuesta sobre García Ortiz. Lo que sí evidencia es que el sector conservador domina este órgano de gobierno de los jueces, que sigue sin renovarse por el rechazo del Partido Popular. Este mismo jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Bolaños solicitaron a los populares que se avengan a cambiar la composición y cumplan la Constitución, aunque rechazaron cambiar las mayorías de la actual ley vigente (que data de 2001). Los conservadores del Poder Judicial admiten que cumple las condiciones pero unieron sus fuerzas para hacer constar que, en su opinión, no es idóneo.
Según Bolaños, “la ley establece que lo que ha de hacer el Consejo General del Poder Judicial es estudiar si se cumplen dos requisitos: ser un jurista de reconocido prestigio y si tiene más de 15 años de ejercicio”. “Ambos requisitos se dan –prosiguió el titular de Justicia– en el fiscal general del Estado. De hecho hubo un informe del CGPJ hace apenas un año dijo que se cumplían esos requisitos. Y no hay más requisitos. Por tanto, cualquier informe que se haga estableciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que llegó hace un año es al margen de la ley. Lo que se está haciendo en el Consejo es emitir un informe que es contradictorio con el de hace un año”. Además, tildó de “magnífica” su labor, por lo que el informe le pareció “sorprendente”.
El propio Bolaños reconoció que en sus reuniones con el comisario de Justicia, Vivier Reynders, y la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, el tema que preocupa de manera “máxima” en la Comisión Europea es esa falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque afecta ya al día a día de los ciudadanos. Por eso, hizo una llamada al PP para cumplir la Constitución.
El PP habla de situación "sin precedentes"
El Partido Popular aprovechó estas dos resoluciones del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para hablar de “hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de nuestro país”, al mezclar estos temas también con la crisis diplomática con Israel.
“En solo un día, y por primera vez en la historia, el Gobierno ha logrado que el Consejo del Poder Judicial rechace el nombramiento del fiscal general del Estado, que el Tribunal Supremo anule el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y que un país amigo, como Israel, retire a su embajadora de España”, indicaron fuentes de Génova 13.
El Supremo anula el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado
Los de Alberto Núñez Feijóó ahondaron en su línea más dura: “Y si a esto, además, añadimos que el partido que gobierna en España se reunirá el sábado con el partido del prófugo de la Justicia, con un mediador internacional en un país extranjero y de manera secreta, para alcanzar no sabemos qué pactos que posibiliten la continuidad del Ejecutivo de Sánchez, el panorama se presenta desolador y muy preocupante para el futuro de nuestro país y del Estado de derecho”.
Con este mensaje por parte del partido de la oposición: “El PP espera, en todo caso, que el Gobierno acepte el veredicto de la Justicia y no se empeñe en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado tras cuestionarse, una vez más, nuestro Estado de derecho con dos varapalos que no tienen antecedentes en nuestra historia democrática”.
El PP también aprovechó para cargar contra el “ministro de los tres poderes”, en referencia a Bolaños, que se ha convertido en uno de sus principales objetivos políticos. En él quieren personificar esa supuesta falta de separación de poderes por ostentar las competencias de Presidencia y Justicia, algo que los populares también hacen en comunidades como Madrid y Galicia.
El jueves fue un día de cascada de decisiones del mundo judicial contra la acción del Gobierno. En concreto, de su política de nombramientos. Con dos grandes titulares: la anulación por parte del Tribunal Supremo de la designación de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial contra la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general.