El Gobierno está ante el peor de los escenarios que barajaba para abordar la crisis con Cataluña: a las puertas de aplicar el artículo 155 de la Constitución. A lo grave de tener que tomar medidas para, según el propio Ejecutivo, "restaurar la legalidad" en la comunidad autónoma se suma que se trata de una herramienta que nunca se ha aplicado hasta la fecha. No hay precedentes similares, por lo que cada paso que se dé será inédito. Llegado este punto, Mariano Rajoy quiere, además, no romper la unidad del bloque PP-PSOE-Ciudadanos en lo que tiene que ver con la respuesta al desafío soberanista.
La intervención de una comunidad autónoma puede hacerse de forma completa o "selectiva", subrayan las fuentes consultadas. Este lunes, a menos de tres días para que se cumpla el plazo dado por el Gobierno a Carles Puigdemontpara que regrese a la legalidad antes de activar el botón del 155, estas fuentes se decantaban por una "aplicación selectiva" con el control de Economía e Interior (los Mossos d'Esquadra) como punto de partida. En principio, este planteamiento contaría con el apoyo del principal partido de la oposición, según explican fuentes oficiales del PSOE a infoLibre.
La intervención de los Mossos tiene sentido, según mantienen en el Ejecutivo, porque son ellos quienes tienen en sus manos las competencias en materia de seguridad ciudadana y son clave en un momento en el que el malestar por la respuesta del Gobierno puede volverse a instalar en las calles.
En este proceso, ya ha habido un intento de coordinar a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que fracasó. El pasado 22 de septiembre, la Fiscalía Superior de Cataluña dictó una instrucción destinada a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra en la que facultaba a un alto mando del Ministerio del Interior como coordinador de los dispositivos de cara al 1-O. Al encargado de esta labor, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, se le acusó después de falta de previsión a la hora de coordinar un dispositivo que culminó con enfrentamientos entre Cuerpos. También se le acusó de exceso de confianza en que los Mossos fuesen a impedir la apertura de los colegios y la colocación de urnas.
De cumplirse esta "intervención selectiva", los Mossos pasarían a depender del Ministerio del Interior.
Evitar la creación de estructuras de Estado
La segunda de las competencias en el foco de la Presidencia del Gobierno es la económica. Se trata, explican, de que "ni un solo euro" de dinero público sirva para desarrollar estructuras de Estado. Es decir, de evitar que se creen infraestructuras para la construcción de una república independiente.
Desde el 15 de septiembre, a raíz de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Estado asume los pagos de los servicios sociales y el grueso de las nóminas de los funcionarios de Cataluña: unos 1.400 millones mensuales. Fue la medida que Hacienda propuso ante la negativa de la intervención de la Generalitat de remitir un resumen semanal garantizando que no se habían destinado fondos públicos a la promoción u organización del 1-O.
"Hay veces que controlando las finanzas lo controlas casi todo", defiende un diputado conservador sobre la posibilidad de que la de Economía sea una de las áreas intervenidas.
Precisamente, Puigdemont se quejaba este lunes, en su respuesta al requerimiento de Rajoy, de "la intervención y congelación de cuentas bancarias". "Impiden que atendamos nuestras obligaciones con las personas más necesitadas", añadía.
Ligado al control de las diferentes áreas de Gobierno, en el Ejecutivo no hay una opinión unánime sobre la posibilidad de sustituir a Puigdemont. "Hay estudios de todo tipo, de todos los ministerios con todos los escenarios. Pero se trata de solucionar problemas, no de crear problemas mayores", responden fuentes conocedoras del contenido de estas conversaciones en las que se plantean las posibles soluciones. Similares dudas se plantean en la dirección del Partido Socialista.
Otra medida, a día de hoy con menos apoyo entre los cargos conservadores consultados, podría ser la de que los secretarios de Estado, o los propios ministros, asuman las competencias de los diferentes consejeros. O que un miembro del Gobierno sea el encargado de llevar las riendas de Cataluña en este periodo excepcional que echaría a andar una vez el Senado lo aprobase.
¿Y elecciones?
PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en la necesidad de que Cataluña celebre elecciones autonómicas. Otra cosa es el cómo y el cuándo. Lo ideal, subrayan en el partido del Gobierno, sería que las convocase Carles Puigdemont. Pero reconocen que, a día de hoy, "no parece por la labor".
¿Conllevaría la aplicación del 155 la convocatoria de elecciones en Cataluña? En el Gobierno señalan que es una posibilidad que está sobre la mesa. El problema son los plazos.
Mientras en Ciudadanos creen que la convocatoria de comicios tiene que ser inmediata, en el Partido Popular consideran que esta opción tendría el riesgo de provocar una fuerte reacción en la calle. El PSOE, por su parte, creen que la convocatoria debería ser "lo antes posible""lo antes posible", pero no necesariamente de forma inmediata. Y dirigentes de los dos principales partidos coinciden en que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, es el único que insiste en la necesidad de convocar elecciones de forma inmediata porque está convencido de que su partido obtendría buen resultado electoral.
Los siguientes pasos
El artículo 155 de la Constitución implica, como primer paso tras la decisión del Gobierno, un requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma en cuestión. El Gobierno decidió dividir en dos esta primera fase del requerimiento. "En el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, [el Gobierno] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. Una vez cumplido el segundo de los plazos, el jueves a las 10.00 horas, para elevar la petición a la Cámara baja sería necesaria la convocatoria de otro Consejo de Ministros.
La agenda internacional del presidente del Gobierno choca con el calendario para la aplicación de este artículo. El jueves por la tarde, Rajoy estaría en Bruselas, para participar en la reunión del Consejo Europeo. La cita se prolonga hasta el viernes. Así, el jefe del Ejecutivo podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el mismo jueves antes de viajar o dejar que se adoptasen las medidas en el del viernes 20, que presidiría Soraya Sáenz de Santamaría. En ese Consejo de Ministros, el Ejecutivo ya tendría que plantear las medidas concretas que propone para Cataluña.
La Cámara alta, según el artículo 189 de su reglamento, también formulará un requerimiento de "antecedentes, datos y alegaciones" al presidente autonómico. Se encargará de ello la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y, a partir de ahí, se estudiará si procede llevar al Pleno las demandas del Gobierno. Si se tramita por el procedimiento de urgencia, es posible que las medidas puedan ser dabatidas en el Pleno del martes próximo.
El PP tiene la mayoría absoluta en el Senado que requiere la aprobación de estas medidas. Y de momento también cuenta con el respaldo de PSOE y C's.
La respuesta de Puigemont y el aviso de Rajoy
La segunda fase del requerimiento arrancó este mismo lunes después de que Carles Puigdemont remitiera una carta al presidente del Gobierno en la que no respondía si lo que ocurrió el pasado martes en el Parlament fue una declaración de independencia.
En lugar de responder con un 'sí' o con un 'no', únicas respuestas válidas para el Ejecutivo, el president pide "soluciones políticas que estén a la altura". Unas soluciones que para Puigdemont pasan por dos cosas: "revertir" la "represión contra el pueblo y el Gobierno de Cataluña" y concretar una reunión que permita abordar "la vía del diálogo".
Esas soluciones, sostiene el president, son el "tipo de respuestas" que pide "la mayoría de la sociedad y las que se esperan en Europa".
La respuesta va acompaña de un anexo de dos folios con enlaces a modo de "referencias documentales". Van desde la comparecencia de Puigdemont en el Parlament el pasado 10 de octubre a una resolución del Parlamento de Eslovenia "adoptada por unanimidad en apoyo a la autodeterminación de Cataluña".
En respuesta, Rajoy le recuerda que tiene una última oportunidad para volver a la legalidad. "Para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles. Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando", le señala el presidente.
Por último, le advierte de que si no rectifica él será "el único responsable de la aplicación de la Constitución". Es decir, de la aplicación por primera vez del artículo 155.
El Gobierno está ante el peor de los escenarios que barajaba para abordar la crisis con Cataluña: a las puertas de aplicar el artículo 155 de la Constitución. A lo grave de tener que tomar medidas para, según el propio Ejecutivo, "restaurar la legalidad" en la comunidad autónoma se suma que se trata de una herramienta que nunca se ha aplicado hasta la fecha. No hay precedentes similares, por lo que cada paso que se dé será inédito. Llegado este punto, Mariano Rajoy quiere, además, no romper la unidad del bloque PP-PSOE-Ciudadanos en lo que tiene que ver con la respuesta al desafío soberanista.