Una investigación discreta, alejada de los focos y dirigida por el Defensor del Pueblo. Esa es la vía institucional elegida por Moncloa para arrojar luz sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia al margen del recorrido judicial que ya está en manos de la Fiscalía. Este lunes, el Grupo Socialista en el Congreso registró la iniciativa en forma de una Proposición No de Ley. El PSOE desecha así la comisión de investigación parlamentaria que defienden sus socios de coalición de Unidas Podemos y otros grupos como ERC o Bildu. Creen en el Gobierno que alejar esos trabajos del ruido político ayudará, en primer lugar, a la protección de las víctimas, pero también a la pretendida colaboración de los obispos en el esclarecimiento de los hechos. El PNV, mientras, ha registrado este lunes una propuesta para la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos que presenten sus conclusiones a la Comisión Constitucional del Congreso en un año.
“Lo que queremos es llevar a cabo una investigación que garantice a las víctimas su privacidad y que no vaya contra nadie”, aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista este lunes en la Ser. El propio Bolaños confirmó que en los últimos días ha contactado personalmente en varias ocasiones con el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, para pedirle colaboración. Y que, por el momento, el Gobierno está a la espera de una respuesta. “Sería bueno para la Iglesia católica que estos trabajos tuvieran resultados. No va contra ellos, en absoluto, lo que queremos es que colabore en destapar a personas que han cometido delitos, estamos hablando de delincuentes, de pederastas”, incidió el ministro de la Presidencia.
Por el momento, nadie en el Gobierno se atreve a poner una fecha de inicio de los trabajos ni tampoco calcular cuánto se podría extender en el tiempo la investigación del Defensor del Pueblo. En los próximos días el foco estará en la negociación política en el Congreso, donde tendrá que votarse la PNL presentada por los socialistas. Por el momento, aunque Unidas Podemos ve con buenos ojos la investigación en el ámbito del Defensor, mantiene su defensa de la vía parlamentaria, que cree compatible.
Los plazos de la investigación
La comisión Ryan, llamada así por el juez Sean Ryan, que investigó los abusos y sus efectos en Irlanda, comenzó sus trabajos en 1999 y terminó en 2009. La Comisión Real impulsada por el Gobierno australiano en 2012 publicó sus resultados en 2017. La investigación encargada por la Conferencia Episcopal Francesa entregó sus conclusiones en octubre de 2021 tras casi tres años de tarea. El centro de arbitraje habilitado por el Parlamento belga estuvo abierto entre 2012 y 2015. La investigación de la Conferencia Episcopal en Alemania se prolongó de 2014 a 2018. En resumen, lleva tiempo desentrañar, o tomar visión de conjunto, de décadas de horror silencioso. La jerarquía católica sabe que abrir ese melón ha supuesto en otros países años de verse en los titulares junto a palabras como "violación", "abuso", "pederastia" y "pedofilia".
La investigación sobre los abusos que la Iglesia descarta abriría la puerta a indemnizaciones millonarias
Las previsiones de partida que manejan el Defensor del Pueblo y el Grupo Socialista son más cortas, si bien en cuanto a plazos no hay nada cerrado. Las fechas dependerán, para empezar, del número de víctimas que pasen por la comisión. "Un año y medio desde que empiece. Dentro de esta legislatura", estima un socialista, que aclara que la decisión no está tomada y afirma que en cualquier caso el desplazamiento de la investigación a la institución que dirige Ángel Gabilondo presenta dos ventajas: 1) Facilita la colaboración de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que teme que una comisión parlamentaria acabe convertida en un show. 2) Protege la intimidad de las víctimas sin que se pierda su testimonio, que será recogido en el informe final.
Esta misma fuente expresa a su vez dos temores. El primero es que el empeño en una comisión parlamentaria por parte del resto de grupos favorables a la investigación imposibilite un consenso en torno al encargo al Defensor. El segundo es que estos grupos consideren que la colaboración de la Iglesia supone darle el control de la comisión, cuando en realidad es "imprescindible" para llegar al fondo de los hechos.
El grado de colaboración de la Iglesia suscita dudas. ¿Hasta dónde está dispuesta la jerarquía a abrir la mano? Hasta ahora, se ha limitado a abrir las oficinas diocesanas ordenadas por el papa Francisco. "Son una forma más de encubrimiento", dice Emiliano Álvarez, víctima de abusos en el Seminario Menor de La Bañeza (León). La Iglesia tiene blindados sus archivos por los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, en este caso el de Asuntos Jurídicos de 1979, que establece lo siguiente: "El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas".
Una investigación discreta, alejada de los focos y dirigida por el Defensor del Pueblo. Esa es la vía institucional elegida por Moncloa para arrojar luz sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia al margen del recorrido judicial que ya está en manos de la Fiscalía. Este lunes, el Grupo Socialista en el Congreso registró la iniciativa en forma de una Proposición No de Ley. El PSOE desecha así la comisión de investigación parlamentaria que defienden sus socios de coalición de Unidas Podemos y otros grupos como ERC o Bildu. Creen en el Gobierno que alejar esos trabajos del ruido político ayudará, en primer lugar, a la protección de las víctimas, pero también a la pretendida colaboración de los obispos en el esclarecimiento de los hechos. El PNV, mientras, ha registrado este lunes una propuesta para la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos que presenten sus conclusiones a la Comisión Constitucional del Congreso en un año.