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La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia fue la última norma en recibir el visto bueno definitivo del pleno del Congreso de los Diputados. La luz verde llegó hace un par de semanas, cuando el texto se encaminaba a cumplir un año desde su entrada en la Cámara Baja. Casi doce meses de espera que ponen en evidencia lo tortuoso que puede llegar a ser el procedimiento legislativo en el Parlamento. Sobre todo, en medio de una pandemia que ha terminado alterando por completo las prioridades normativas del hemiciclo. Actualmente, en la Carrera de San Jerónimo existe un tapón importante en la tramitación de leyes. En concreto, constan al menos una decena textos atascados desde hace más de medio año. Están enredados en el procedimiento de enmiendas, cuyos plazos prorroga la Mesa, controlada por PSOE y Unidas Podemos, de forma permanente. "Es inaceptable y contribuye a generar frustración en la ciudadanía", se quejan algunos de los grupos proponentes afectados.
Los retrasos afectan a todo tipo de iniciativas, desde proposiciones de Ley hasta proyectos de Ley del Ejecutivo, que en algunos casos se han quedado atascadas ante la imposibilidad de los dos partidos que integran el Gobierno de alcanzar un acuerdo que permita desencallar la tramitación. Una falta de empuje político que impide el avance en determinadas reformas clave. Sobre todo, a nivel social. El tapón está frenando, por ejemplo, textos centrados en la modificación de la ley mordaza, la de secretos oficiales, la reducción del IVA en servicios de dependencia o la Ley de Bebés Robados, en la que parte del atraso se debe a las diferencias existentes entre Unidas Podemos y el PSOE en determinados aspectos del texto. Algunas de estas iniciativas acumulan ya más de una treintena de ampliaciones de enmiendas. Ocho meses de plazo para registrar modificaciones al texto.
Una de las normas varadas desde hace más de medio año procede del Gobierno de coalición. Es, en concreto, la relativa a las medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del coronavirus en los ámbitos del transporte y la vivienda. El texto remitido por el Ejecutivo fue calificado en la Cámara Baja a comienzos de septiembre de 2020 y arrancó su tramitación en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y ahí se encuentra actualmente. En total, el plazo para la presentación de enmiendas al articulado se ha ampliado en 33 ocasiones. Es más, en todo este tiempo se ha comenzado incluso la tramitación de otros textos con objetos similares, como el proyecto de Ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, procedente de otro Real Decreto-ley del pasado mes de diciembre.
Hasta la semana pasada también estaba taponado el texto relativo al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Llevaba ahí, en barbecho, desde el verano por las diferencias existentes entre los dos socios de Gobierno. Sin embargo, la semana pasada Podemos y PSOE alcanzaron un acuerdo. Un pacto que quedaba plasmado este miércoles en la Mesa del Congreso con la decisión de poner fin a la extensión del plazo de enmiendas y permitir su paso a la fase de informe de ponencia, el escenario previo a su debate y votación en comisión.
Cinco proposiciones de los grupos enredadas
Pero donde más se está notando el tapón, con mucha diferencia, es en las normas que ponen sobre la mesa los diferentes grupos parlamentarios. Hay, al menos, media decena de textos que se encuentran atascados en las diferentes comisiones. Uno de ellos es la Ley de Bebés Robados, que ya quedó guardada en un cajón cuando Pedro Sánchez decidió en 2019 adelantar elecciones y que ahora los colectivos ven cómo vuelve a encallar en la Comisión de Justicia. Primero, según explicaron fuentes socialistas, por el retraso de algunos grupos a la hora de presentar modificaciones al texto. Y segundo, por la división de los dos socios de Ejecutivo en aspectos relacionados con el derecho a la tutela judicial de las víctimas o la consideración del robo de bebés como crimen de lesa humanidad, lo que se traduciría en una imprescriptibilidad del delito.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, charla con su homólogo del PNV, Aitor Esteban. | Europa Press
El PNV es el grupo más perjudicado por el tapón en la tramitación. Tiene atascadas desde hace más de seis meses un par de iniciativas legislativas que lleva varios años tratando de sacar adelante, sin éxito, en la Cámara Baja. Una de ellas es la reforma de la denominada ley mordazaley mordaza, un texto con el que se pretende, entre otras cuestiones, eliminar el uso no autorizado de imágenes o datos de los policías o la falta de respeto a una autoridad pública o funcionario como infracciones graves o revisar el procedimiento legal de las denominadas devoluciones en caliente. Es la tercera vez que se trata de modificar en el Congreso la norma alumbrada con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo. Todos los intentos previos se vieron truncados por los sucesivos adelantos electorales. Ahora, la proposición acumula más de una veintena de ampliaciones de enmiendas.
Los nacionalistas vascos también ponen el foco en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, algo que el PNV lleva planteando insistentemente desde 2016. El texto, que se encuentra actualmente afrontando en la Comisión Constitucional su trigésimo tercera prórroga para registrar modificaciones al articulado, apenas está compuesto por tres páginas. Y contempla que cada vez que se clasifique una materia como secreto o reservado tendrá que fijarse su plazo de vigencia, sin que este pueda superar los veinticinco años para el primer tipo de clasificación y de diez años para el segundo, salvo que el Consejo de Ministros disponga una prórroga para las materias secretas de otros diez años, una decisión que tendrá que estar motivada. Además, introduce una disposición transitoria que desbloquearía todas aquellas materias que en el momento de entrada en vigor de la reforma ya hubieran superado esos plazos marcados.
Fuentes del PNV temen que la actual lentitud en la tramitación de ambos textos los acabe dejando de nuevo durmiendo "el sueño de los justos". "Consideramos que esta técnica de aceptar una iniciativa a trámite para luego meterla en un cajón, practicada por todos los Gobiernos, es inaceptable y contribuye a generar frustración en la ciudadanía, en la que se genera una expectativa desde el momento en el que una propuesta es tomada en consideración", se quejan a este diario desde la formación jeltzale, desde donde explican que han intentado, "sin éxito", poner "algún límite razonable" a las prórrogas de enmiendas.
Junto con sus textos, también se encuentran atascadas en comisión una proposición para introducir un régimen sancionador en la norma de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y una ley de Unidas Podemos para coordinar a nivel nacional los servicios de incendio y salvamento autonómicos, creando un marco regulador común para los bomberos.
Contra la transfobia en el deporte o reducción del IVA en dependencia
La misma suerte han corrido, por su parte, algunas de las iniciativas legislativas emanadas del Senado. En concreto, constan cuatro textos salidos de la Cámara Alta y enredados en la Baja con el procedimiento de enmiendas. De todos, el relativo a la reforma de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte es el que acumula mayor retraso. El texto lleva un año de tramitación a sus espaldas –se calificó a comienzos de junio de 2020–. Y eso que la reforma no es, que se diga, demasiado extensa. Apenas mete mano a cuatro artículos. Y lo hace, entre otras cosas, para incluir dentro de los actos racistas, xenófobos o intolerantes las amenazas, insultos o vejaciones por "identidad de género o expresión de género", dos conceptos que antes no figuraban.
La 'ley mordaza' cumple 5 años con una recaudación en multas superior a los 400 millones y una corta esperanza de vida
Desde poco después del verano lleva en tramitación también una proposición de Ley de la Cámara Alta de financiación del transporte público urbano y metropolitano. La iniciativa fue calificada a comienzos de octubre –al venir del Senado no se produce una toma en consideración–. Un mes después, a finales de noviembre, llegaron a la Carrera de San Jerónimo otros dos textos de este tipo. El primero, para modificar un solo artículo de la Ley General de la Seguridad Social para que la acción protectora del sistema incluya también a los padres o madrid con hijos que tengan enfermedades raras. El segundo, una reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar un tipo impositivo del 4% a los servicios de dependencia.
Enredada en la Cámara Baja en el trámite de enmiendas en la Comisión Constitucional se encuentra también un texto procedente del Parlament de Cataluña. Se trata de una proposición para modificar la Ley de Memoria Histórica a fin de incluir un artículo relativo al papel moneda y otros signos fiduciarios, reconociendo así el derecho de resarcimiento de los particulares afectados por la incautación en este sentido de las autoridades franquistas. El texto llegó al Congreso en diciembre de 2019, pero no se tomó en consideración hasta el pasado mes de octubre.
Unas semanas antes, el Consejo de Ministros había dado luz verde a su anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que ya en su artículo 32 establece que la Administración promoverá una auditoría de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, entre ellos "el papel moneda u otros signos fiduciarios".
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