Moreno, Ayuso y Page siguen sin ofrecer el bono de alquiler a jóvenes tras medio año en vigor

Más de cuatro millones de jóvenes entre 18 y 35 años (4.571.690 según el Instituto Nacional de Estadística) cobran menos de 24.000 euros brutos anuales. Ese es el tope que marcó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Raquel Sánchez, para optar al bono social de vivienda, aprobado por real decreto el pasado 18 de enero. Cuando se aprobó, la ministra del ramo dijo que el plazo para solicitar esas ayudas, que gestionan directamente las comunidades autónomas, se abriría dentro de "mes y medio o dos meses máximo". Fuentes del ministerio de Transportes apuntan a infoLibre que las autonomías pueden sacar sus convocatorias desde el pasado mes de abril y que ya se han realizado "todos los trámites y las transferencias de los créditos" a las autonomías que han completado las gestiones.

Seis meses después de ese anuncio, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha todavía no han hecho pública la convocatoria de estas ayudas en sus boletines oficiales. Tampoco lo han hecho Ceuta y Melilla. Son las tres únicas autonomías que no han fijado las bases, mientras que en otras como Cataluña el plazo está cerrado desde junio. La comunidad presidida por Pere Aragonés fue la primera en hacerlo, no en vano es la región con los alquileres más altos, seguida de Madrid. Estas ayudas no incluyen a Navarra y País Vasco que, por su régimen foral, cuentan con ayudas propias. 

Fuentes de la Junta de Andalucía, bajo el control de Juanma Moreno (PP), señalan a infoLibre que la ayuda se "está tramitando", pero evitan fijar una fecha. En el gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso dijeron, en un primer momento, que la ayuda estaría lista "en verano", sin especificar más. Desde la Comunidad se marcan como plazo el mes de septiembre, aunque tampoco saben dar a este periódico un día concreto. La administración de Díaz Ayuso ha sido una de las más críticas con estas ayudas y se desconoce si subirá el umbral (fijado en 600 euros por vivienda y que las autonomías pueden ampliar hasta 900) para poder recibir el dinero.

Por su parte, en Castilla La-Mancha, cuyo gobierno está liderado por Emiliano García-Page (PSOE), aseguran que el plazo se activará en septiembre como muy tarde y no descartan que llegue en agosto. "Estamos trabajando para adelantarlo todo lo posible", explicó recientemente el consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando. El consejero alegó que estaban esperando a tener las "declaraciones de la renta de 2021" para que "los ingresos estén lo más actualizados posible".

La iniciativa bebe de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 al calor de la ley de vivienda y está dotada con 200 millones de euros para este año, que el Gobierno prevé renovar el próximo hasta llegar a 400. Cada autonomía tiene un presupuesto que se fijó en una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo celebrada en febrero. La que más fondos ha recibido es Andalucía, con 34 millones, seguida de Madrid (31), Cataluña (29) y Comunitat Valenciana (22,8). Entre las cuatro reciben el 59% del total de los fondos.

Nueve autonomías mantienen abiertas sus convocatorias

La única comunidad autónoma cuyo plazo ya está cerrado es Cataluña, mientras que otras como Aragón o Castilla y León se esperan a septiembre. En la primera, cuya orden ya ha sido publicada en su Boletín Oficial, el primer día para realizar la solicitud será el 15 de septiembre de 2022, un plazo que finalizará el 28 de octubre de ese mismo año. En la región liderada por Alfonso Fernández Mañueco junto a la extrema derecha, la fecha de presentación de solicitudes va desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. El criterio marcado por las autonomías se basa en priorizar el número de llegada del expediente e ir concediendo las ayudas hasta que los fondos se acaben.

En el caso de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y La Rioja y Murcia las convocatorias permanecen abiertas. El Ejecutivo central estima que los beneficiarios estarán entre los 60.000 y los 70.000 jóvenes, aunque organismos como el Consejo de la Juventud de España (CJE) son menos optimistas y cifran en 50.000 las personas jóvenes emancipadas que se podrán beneficiar de esta ayuda: apenas un 1,7% del total. Para el organismo esta medida, "anunciada a bombo y platillo, no da respuesta a su objetivo principal, que es mejorar la tasa de emancipación de las personas jóvenes en España".

El organismo presentó este jueves su último Observatorio de Emancipación, que se elabora semestralmente a partir de los datos del INE. En él, constatan que un joven debe dedicar el 79,2% de sus ingresos al alquiler si quiere vivir solo. Y, en el caso de querer comprar, dedicar 3,8 veces su salario neto anual para pagar la entrada de una hipoteca. Según el CJE, el precio medio en 2021 asciende a 848 euros mensuales, aunque los menores de 30 solo puede permitirse pagar 320 euros para no sobreendeudarse.

Uno de cada cuatro españoles vive de alquiler

El bono para vivienda quedará limitado a alquileres de unos 600 euros

Ver más

En España un 24,9% de la población, según datos de 2020 de Eurostat, vive de alquiler. Una cifra que se sitúa por debajo del conjunto de la Unión Europea (UE), concretamente 5,4 puntos menos que el club comunitario (30,3% de alquiler) y también por detrás de Francia (36%) y Alemania (49,6%). Sin embargo, la curva también dibuja un ascenso ininterrumpido desde 2014 (21,2%). En ese mismo periodo, el índice ha subido en la UE del 29,3% al 30,3%. Es decir, el alza en España es más pronunciada. Los datos apuntan a una convergencia con la media europea. 

La precariedad laboral y las dificultades de acceso al crédito hacen previsible que el crecimiento del porcentaje de alquiler se agudice. Este auge se produce pese a un significativo déficit comparado de ayudas públicas para un alquiler asequible. España está en el furgón de cola del alquiler social entre los grandes países europeos con un 1,6% de las viviendas dedicadas a este fin, según datos del Ministerio de Transportes publicados en octubre de 2020.

El arrendamiento es, sobre todo, cosa de las familias con poder adquisitivo más bajo. El 45,1% de los que ganan menos del 60% de los ingresos medios viven en arrendamiento, frente al 19,6% de los que ganan más. La Ley de Vivienda que prepara el Gobierno, a la que aguarda un incierto recorrido parlamentario, prevé ayudar a contener los precios del alquiler, sobre todo en lo que se conoce como "zonas tensionadas" de ciudades como Madrid, Barcelona, València, Mallorca o Málaga.