Los movimientos en la fiscalía disparan las alarmas sobre la reforma que prepara el PP para investigar la corrupción

 Las coacciones para dificultar las investigaciones de casos de corrupción denunciadas esta semana por el fiscal superior cesado de Murcia, Manuel López Bernal, son sólo la punta del iceberg de una situación de malestar y preocupación instalada en distintos sectores de la judicatura desde hace tiempo. En ese mar de fondo se mezclan varios asuntos: las recientes críticas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a las fiscales del caso Púnica; los anunciados relevos en la cúpula del ministerio público o la frustada operación del PP para colocar al frente del Tribunal Constitucional al magistrado conservador Andrés Ollero.

Y al fondo aparece otra cuestión clave, la reforma del proceso penal que prepara el Gobierno y que, entre otras novedades, prevé limitar el plazo de instrucción estableciendo un límite de un año, salvo en causas justificadas; acotar la acusación popular; o atribuir la investigación de las causas penales a los fiscales. Todo ello, además, en un contexto de carencia de medios materiales y humanos, lo que también hace más difícil actuar de manera eficaz contra las tramas corruptas.

Distintas fuentes de la judicatura consultadas por infoLibre coinciden en que los últimos acontecimientos ponen de manifiesto los riesgos de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para dar la instrucción y la dirección de las investigaciones penales a los fiscales precisamente en un momento en el que la autonomía del ministerio fiscal respecto al poder ejecutivo parece estar más en entredicho que nunca. 

En el marco actual es casi una obviedad afirmar que el poder ejecutivo está muy presente en la fiscalía. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que regula la estructura y el funcionamiento del ministerio público, establece que el Gobierno es el encargado de elegir al fiscal general de Estado y que, además, puede dirigirse a él para pedirle que promueva actuaciones en defensa del interés público o que rinda cuentas por una investigación en concreto.

"Según la ley, el ministerio fiscal se integra en el poder judicial con autonomía, no en el Ejecutivo. Pero eso no deja de ser una proclamación retórica. La realidad nos muestra que la fiscalía depende del Gobierno y que entre ambas instituciones hay una relación confidencial y poco transparente que, por tanto, no puede someterse al control por el poder legislativo que encarnan el Congreso y el Senado", explica Carlos Castresana, abogado y exfiscal anticorrupción.

El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, de carácter progresista, también entiende que tal y como está concebido hoy en día el ministerio fiscal "no está en condiciones de hacer una investigación con todas las garantías precisas". "La figura del fiscal investigador, bajo el control de un juez de garantías, nos acercaría al marco existente en otros países de nuestro entorno. Pero para poner en marcha esta reforma sería necesario potenciar la autonomía e imparcialidad de los fiscales, desvinculándolos de las dependencias que tienen del Ejecutivo", asevera. 

El ministerio público es una institución de carácter jerárquico en la que los fiscales de rango inferior tienen que atenerse a las directrices de sus superiores. Es decir, están sujetos al principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Esta singularidad se ha puesto de manifiesto de manera muy clara en las últimas semanas en una de las causas que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), la pieza de la separada del caso Púnica en esa comunidad. 

Las fiscales que llevan ese caso desde 2014, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, no pudieron actuar contra él a pesar de estar convencidas de que había elaborado, junto a otros supuestos miembros de la trama, un "plan criminal" para "desviar" a las empresas del conseguidor Alejandro de Pedro "fondos públicos" de la consejería autonómica de Educación, que dirigió entre abril de 2014 y julio de 2015. ¿La causa? Que sus superiores –empezando por el actual fiscal general de Estado, José Manuel Maza– no ven delito en estos hechos. En consecuencia, García Cerdá y Gálvez no pudieron acusar a Sánchez por imperativo jerárquico. 

A juicio de Castresana, acontecimientos como los recientes relevos en la cúpula del ministerio público o el caso concreto de las causas relativas al presidente murciano ratifican el "error" que supondría dejar la instrucción de los procesos penales en manos de los fiscales. "¿Hasta qué punto puede estar seguro el ciudadano de que la decisión que tome un fiscal de rango inferior no obedece a la orden que le viene del fiscal general del Estado que, a su vez, proviene del Ministerio de Justicia? Todo parece indicar que alguna influencia, en mayor o menor medida, hay", asegura. 

El relevo de Madrigal 

Margarita Robles, jueza en excedencia y diputada socialista en el Congreso, también califica de "muy preocupante" la reforma que prepara el Ejecutivo. "Conceptualmente podría ser interesante abordar un cambio normativo en este sentido porque la instrucción no es más que acumular información para la acusación. Pero sería un error en un marco en el que las decisiones de los fiscales de rango inferior tienen que tener el visto bueno de su fiscal jefe correspondiente y, en última instancia, del fiscal general del Estado, que es quien tiene la última palabra", asevera.

La parlamentaria, que fue secretaria de Estado de Interior y de Justicia en los años noventa, no duda en calificar de "igualmente terrible" la reforma cuando se le menciona que la propuesta que ahora baraja Rafael Catalá asume ideas de un texto elaborado por el PSOE en su última legislatura pero que no se llegó a aprobar por falta de tiempo. "Mientras no se modifique el estatuto del ministerio fiscal y éste no sea verdaderamente autónomo del poder ejecutivo, no es aceptable", sentencia.

Por otro lado, Robles señala el caso reciente de Consuelo Madrigal, a la que el Gobierno había prometido un mandato completo tras cumplir menos de dos años en el cargo desde la salida precipitada de Eduardo Torres-Dulce. "Es un tema muy grave. La renovación de Madrigal, que es una magistrada conservadora, estaba confirmado. Pero la apartaron cuando pidió autonomía para los nombramientos que finalmente se han hecho esta semana. En este contexto, que el Gobierno nos amenace con reformar la instrucción es muy grave", indica.

Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del Fiscal General del Estado, confirman a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor, José Manuel Maza. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal. Las mismas fuentes destacan el hecho "prácticamente inédito" de que el nuevo fiscal general "ni siquiera ha argumentado o motivado" esos nombramientos ante el propio Consejo Fiscal, como siempre se ha hecho". Al parecer, Maza simplemente dijo que la próxima semana lo hará. 

En el entorno de Madrigal confirman que ella misma ha verbalizado su malestar por el hecho de que la negativa a acatar estas directrices le acabara costando el puesto. Dentro del propio Consejo Fiscal varios de sus miembros, como el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, considerado conservador, expresaron por ejemplo su desacuerdo con el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional, cuya valía no se cuestiona en los ambientes judiciales. 

Estos nombramientos y la no renovación de otras plazas supone, a juicio de Álvaro García, portavoz de la de la Unión Progresista de Fiscales, un claro retroceso en la pretendida autonomía del ministerio fiscal. "Tales decisiones solo pueden explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. El modelo de fiscalía al que nosotros aspiramos es el de una institución al servicio de los ciudadanos, sin deudas que pagar a la clase política y con una total y absoluta autonomía del poder ejecutivo", señala. El argumento que oficialmente se ha dado sobre algunos ceses (como el de Manuel López Bernal al frente de la fiscalía murciana) es el de que llevan más de diez años en el puesto. Sin embargo, desde el Consejo Fiscal se advierte que decenas de fiscales con más de diez años en sus plazas las mantienen porque no investigan casos de corrupción políticas o no resultan incómodos para el Gobierno 

La abogada y diputada de Unidos Podemos Gloria Elizo recuerda también que la propuesta de reforma penal del Gobierno prevé limitar la acusación popular que, a su juicio, ha sido el gran medio por el que muchos procesos de corrupción han salido adelante. El proyecto que maneja el PP establece que no podrán practicarla las Administraciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos, y que tampoco podrá ejercerse en algunos tipos de delitos. 

Independencia judicial 

El exfiscal anticorrupción Carlos Castresana también pone el acento sobre la actuación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que, según su parecer, "no está a la altura de las expectativas". Para ser realmente independientes algunos jueces tienen que asumir un coste personal y profesional muy alto… eso no debería ser así. El juez no debería tener que ser un héroe para ser independiente, sino que eso le debería venir garantizado por el Poder Judicial, que es el órgano que le tiene que apartar las presiones que, en un momento dado, le puedan hacer llegar las partes en un proceso", explica.

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Todas estas cuestiones no ayudan a mejorar la pésima percepción sobre la independencia del poder judicial y la autonomía de la fiscalía respecto al poder ejecutivo. De hecho, un reciente informe de la Comisión Europea certificó que España es el sexto país de la UE donde sus ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial.

El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, recuerda además que en ese sondeo más del 40% de los encuestados achacó esta carencia a las presiones políticas. "Debe haber un respeto institucional por parte del Ejecutivo, que debe abstenerse de tratar de interferir en la labor diaria del poder judicial o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de nombramientos, comisiones de servicio…", señala. 

La diputada Elizo no duda en encuadrar todas estas cuestiones dentro de un "diseño judicial" promovido por el partido conservador y "legitimado por el PSOE y por Ciudadanos" con el único objetivo de "controlar" la administración de justicia y en el que la independencia está cada vez más comprometida. "La sensación que queda en los ciudadanos es que cada vez hay menos confianza en el poder judicial", sentencia.