"Una mujer que rezaba el rosario me cogió del brazo para decirme que no abortara"

La derecha y la ultraderecha defienden que se trata prácticamente de una labor pedagógica. Que los grupos que se concentran frente a las clínicas de interrupción del embarazo lo hacen de forma pacífica y siempre con el propósito de "informar" y "atender" a las mujeres. Ellas, las mujeres que acuden a las puertas de los centros, no opinan lo mismo. Este jueves el Congreso de los Diputados ha rechazado dos enmiendas de Vox y el PP contra la propuesta de penalizar el acoso del movimiento antiabortista ante las clínicas.

La proposición de ley parte del Grupo Socialista. En ella, se propone una modificación del Código Penal para incluir un nuevo artículo contra "el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades" de los centros acreditados. El nuevo precepto contemplaría penas de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad. Durante el debate parlamentario, celebrado el pasado mes de septiembre, la diputada ultra María de la Cabeza Ruiz defendió la labor de los grupos ante las clínicas: han ayudado a "salvar la vida de 5.200 niños que estaban desahuciados en cinco años". Su compañero José María Sánchez llegó a cargar contra la parlamentaria socialista Laura Berja, al grito de "bruja".

Tanto el PP como Vox creen que la propuesta –apoyada por el resto de los grupos– es "inconstitucional", además de "profundamente perturbadora de derechos fundamentales" y opinan que supone una "utilización sectaria de las instituciones". Ambos grupos no sólo creen que atenta contra el derecho de reunión, libertad de expresión y libertad ideológica, sino que en sus enmiendas trazan una férrea defensa de los grupos que de forma regular se concentran ante las clínicas. El PP subraya que se trata de "voluntarios cuya labor es informar y atender" a las mujeres, mientras que el partido de Santiago Abascal remacha que quienes acuden "pacíficamente" a las inmediaciones de las clínicas lo hacen con la única voluntad de "ofrecer oraciones, ayuda y asistencia de diversa naturaleza a las mujeres".

Cuando Andrea (nombre ficticio) se dirigió a la clínica Iris, esperaba cruzar las puertas del centro para someterse a un chequeo rutinario, sin mayores trabas. Lo que se encontró fue, sin embargo, a una mujer que decidió abordarla para aplacar una supuesta decisión de abortar que en realidad no existía. "Una mujer que rezaba el rosario en medio de la calle me cogió del brazo y me dijo: 'No lo hagas, yo te puedo ayudar, tenemos ropa, tenemos dinero, tenemos abogados'". Cuando Andrea pudo reaccionar para pedir explicaciones, aquella mujer le respondió con claridad: "No abortes".

Es una de las personas que de manera sistemática decide instalarse frente a las clínicas para evitar que las mujeres que acuden a ellas ejerzan el derecho a interrumpir su embarazo. Para Andrea fue "chocante e inesperado". Tiempo después supo que aquello no había sido excepcional, sino que respondía a una suerte de rutina. En ese hábito, al que ni siquiera la pandemia sanitaria puso freno, los grupos ultracatólicos se concentran para rezar, repartir folletos con mensajes sesgados e incluso exponer bebés de juguete. La diputada ultra de la Asamblea de Madrid Gádor Joya ha participado en este tipo de prácticas, ofreciendo ecografías a las mujeres para tratar de disuadirlas.

Uno de los folletos que grupos ultracatólicos reparten frante a las clínicas.

Andrea no había acudido a la clínica para interrumpir ningún embarazo, pero se puso en la piel de las mujeres que sí asistían al centro con ese fin. Así que decidió interponer una denuncia para evitar que aquello le sucediera a otras. No hubo insultos, ni amenazas, mucho menos agresiones, pero sí se generó una situación "muy violenta" que otras mujeres difícilmente habrían soportado. Andrea, relata en conversación con este diario, tuvo que permanecer hasta tres horas en la comisaría. Los agentes insistían en que aquello que quería denunciar no era delito. "Al final pusieron la denuncia de malas maneras, pero más tarde supe que el juzgado nunca la había recibido", comenta la mujer. La explicación fue que, al no haber identificado al autor de los hechos, la denuncia no se podía tramitar.

Andrea se pregunta cómo habría afrontado aquella situación si realmente hubiera acudido al centro para abortar. "Yo no tenía ningún tipo de secuela psicológica, pero una mujer que va a abortar no se plantea poner una denuncia", clama. La escasez de "pronunciamientos judiciales o administrativos" es precisamente uno de los argumentos de la extrema derecha: si no hay denuncias, el problema es en realidad ficticio. Los obstáculos –psicológicos y administrativos– a la hora de dar la voz de alarma explican, en parte, el problema de la infradenuncia. En una encuesta realizada a tres centenares de mujeres a finales de 2018, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) concluyó que un 89% de las mujeres entrevistadas se siente acosada y un 66,67% amenazada por la presencia de estos grupos. El 95,67% defendió entonces que este tipo de concentraciones deberían estar prohibidas. Las mujeres entrevistadas por la asociación dieron cuenta de los efectos sobre su salud: "He querido llorar y marcharme a casa. Entré en la clínica con un ataque de histeria que no se me pasó hasta que no hablé con el personal".

"Desinformar y acosar" a las mujeres

Más que informar y atender, Sonia Lamas, psicóloga en la clínica Dator y portavoz de ACAI Madrid, cree que "lo que hacen estos grupos es mentir a las mujeres". Desde su ventana, la profesional ha podido observar cómo estos grupos "entregan panfletos en los que se llega a decir que si las mujeres abortan se van a suicidar o a tener cáncer". A su juicio, la única labor que realizan es la de "desinformar, acosar y ocupar el espacio personal de una mujer que va a acceder al centro para ejercer su derecho".

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Andrea, química de profesión, insiste en recalcar que las proclamas de estos grupos son "científicamente incorrectas", porque nadie puede "matar algo que no vive". El movimiento antiabortista, reflexiona, "intenta imponer ese pensamiento por la máxima ultracatólica de que dos células equivalen a un bebé". En cualquier caso, la información en torno a la interrupción voluntaria del embarazo corre a cargo de las instituciones públicas: "No necesitamos que venga nadie a explicarlo".

En ese extremo se detiene también Lamas. "Parece mentira que el PP, que gobierna en la Comunidad de Madrid, no se sepa la ley", cuyo articulado marca quienes tienen el deber de informar a las mujeres sobre su derecho al aborto. Cada comunidad, expone la psicóloga, regula en base a la ley estatal la entrega del sobre informativo que reciben las mujeres una vez toman la decisión de interrumpir su embarazo. En Madrid son las propias clínicas las responsables de difundir el contenido que la comunidad decide incluir en dichos sobres, siempre partiendo de "información que tiene que ser objetiva, libre de prejuicios y totalmente científica". Madrid, tal como publicó Newtral, es la única región que en sus sobres incluye una relación de centros religiosos a los que pueden acudir las mujeres.

En febrero de 2020, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior la protección de las mujeres que acuden a abortar, a través de una recomendación enviada a la Dirección General de Policía. El acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos recoge la necesidad de garantizar "la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas IVE [interrupción voluntaria del embarazo], su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación". El paso que da ahora el Congreso de los Diputados, con la oposición de la derecha y la ultraderecha, bebe de precedentes como el francés, donde se incluye este acoso como delito en su Código Penal. Francia prohíbe difundir cualquier tipo de contenido que "obstaculice" el aborto a través de informaciones falsas o sesgadas. Con el freno de las enmiendas, España sigue la estela del país galo y está un paso más cerca de poner coto a este tipo de prácticas.