Las fuerzas y cuerpos de seguridad han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, según informa Amnistía Internacional.
Esto ha tenido lugar bajo la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza, una ley muy discutida por muchas organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional que desde hace años han intentado su modificación porque, recalcan "supone una amenaza para los derechos de reunión pacífica, expresión e información, al igual que amplía los poderes de la policía a la hora de sancionar, sin otorgar mecanismos de control".
Además, al tratarse de una situación extraordinaria y sin precedentes, desde la organización temen que "los y las agentes hayan desarrollado su función con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones". Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, señala que "la aplicación, sin matices, del estado de alarma ha provocado que muchas personas, a pesar de tener una razón para poder estar en la calle, tengan miedo a ser sancionados".
Personas con necesidades especiales y asistencia a colectivos vulnerables
El Ministerio del Interior autorizó explícitamente las salidas de personas con discapacidades o necesidades especiales como consecuencia del confinamiento, aún así, Amnistía Internacional ha documentado casos de sanciones impuestas a estos colectivos.
Desde la organización informan sobre el caso de Carlos (nombre ficticio) y su hija, que tiene un grado de discapacidad intelectual del 69%. Un agente de policía interpuso una multa a Carlos por llevar a su hija a la compra en coche. "Aquí pone que puede andar y que puede caminar, no es down ni es autista" down , le dijo el agente al leer la documentación de su hija, que se encontraba llorando y portaba el pañuelo azul, distintivo para personas con necesidades especiales durante el estado de alarma. Amnistía Internacional indica que a consecuencia de este tipo de actuaciones, algunas personas con discapacidades pueden estar evitando los paseos, lo que puede conducirles a crisis de ansiedad.
Asimismo, se hace eco del caso de Javier González en Santander, que fue denunciado dos veces el mismo día por llevar agua a un grupo de migrantes que carecían de cualquier tipo de apoyo asistencial.
Además, según señala la organización, se han impuesto multas en salidas a por bienes de primera necesidad. Una persona fue multada en Barcelona mientras se dirigía a la única farmacia de guardia que tenía disponible un medicamento para la epilepsia que necesitaba. "Los agentes consideraron que se encontraba demasiado lejos de su domicilio y ni se molestaron en corroborar la información que esta persona les intentaba proporcionar", advierten.
Las sanciones, último recurso
"La sanción no debe ser utilizada más que como último recurso, cuando se han agotado otras vías. Sin embargo, los agentes están, en muchas ocasiones, simplemente usando su propio criterio, arbitrario y desproporcionado, y, otras, ni siquiera atendiendo a los razonamientos legítimos que les daban las personas", denuncia Beltrán.
Amnistía Internacional, así como otras organizaciones, han recibido testimonios de personas que han sido denunciadas sin ningún tipo de advertencia previa, "incluso concurriendo circunstancias que podían legitimar su presencia en la calle, y sin tomar en consideración sus necesidades específicas", señalan.
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Por otra parte, señalan que "Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia global, ni la legitimidad o necesidad de las actuaciones policiales para asegurar el cumplimiento de las medidas de confinamiento". Pero, el estado de alarma no justifica ciertas situaciones en las que los agentes no se han comportado con la debida profesionalidad o en contra de las disposiciones del Ministerio del Interior.
Desde la entrada en vigor de la ley Mordaza, Amnistía Internacional ha reiterado su malestarley Mordaza, por "el amplio margen de poder y de discrecionalidad que esta ley otorgaba a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para valorar qué conductas pueden ser susceptibles de considerarse como desobediencia, falta de respeto o resistencia a la autoridad", sin contar con mecanismos de control adecuados.
Por todo ello, la organización pide al Ministerio del Interior "nuevos protocolos de actuación, evaluación continua de la actuación de las fuerzas de seguridad y un sistema de garantías que reduzca las posibilidades de que se produzcan nuevos casos de arbitrariedad policial". Además, de presentar un informe detallado del número de propuestas de sanción, desglosando las mismas por cuerpo policial, provincia y zona en la que se han impuesto.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad han interpuesto de manera arbitraria sanciones contra personas que supuestamente desobedecían el Real Decreto del Estado de Alarma, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad que indican los estándares internacionales, según informa Amnistía Internacional.