"Teníamos la esperanza de la Lomloe, pero la situación no sólo no mejora, sino que empeora". Son palabras de Elena Cid, directora de Cicae, una asociación de colegios privados independientes. Mientras las pronuncia, tiene por delante los datos del recién publicado Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2022-2023, un informe encargado a la consultora Garlic por la propia Cicae y por la Confederación Española de Padres de Alumnos (Ceapa), un colectivo de familias en defensa de la educación pública que en esta causa se alía con los colegios privados. ¿Qué causa? La denuncia de que en la educación concertada –privada pero financiada con casi 7.000 millones de euros de fondos públicos en un solo año– está extendido el cobro irregular cuotas a las familias por actividades obligatorias, valiéndose de toda clase de tretas.
Y ello a pesar de la prohibición establecida por la Lomloe, aprobada hace casi dos años.
"Aportación", "cuota", "proyecto educativo"...
Desde la óptica de Cicae, estos cobros suponen una competencia desleal de la concertada –en teoría gratuita– a la privada-privada. Para Ceapa, constituyen un castigo a la pública al aumentar la segregación, un problema estructural de la educación en España al que –con el informe en la mano– la concertada contribuye mediante los cobros a las familias.
El estudio, presentado este miércoles, se realizó entre marzo y mayo de 2022 a través de la metodología del mistery shopper, que consiste en hacerse pasar por una familia interesada en matricular a un hijo en el colegio. La muestra es de 326 centros en Andalucía, Cataluña, las comunidades de Madrid y Valencia, Galicia, País Vasco y Aragón. Hay mercantiles, fundaciones, instituciones religiosas y cooperativas. El 90% de los concertados cobran cuotas por enseñanzas obligatorias, porcentaje que sube al 100% en Madrid y Cataluña, según el informe, que considera que en todo caso estos cobros cubren enseñanzas obligatorias, aunque frecuentemente son presentados bajo epígrafes como "proyecto educativo", "aportación", "cuota" o "actividades complementarias".
Hay una importante disparidad entre comunidades. La cuota promedio máxima en una comunidad se da en Cataluña, con 191,4 euros, seguida de Madrid, con 119,53, siempre según el informe. En el otro extremo están Aragón y Galicia, con promedios por debajo de 40. La cuota máxima se da en un colegio de Cataluña: 923. La comunidad en la que los centros actúan con mayor opacidad es el Cataluña, según el informe. Las autonomías en las que los colegios presionan más para el cobro son País Vasco, Cataluña y Madrid.
La ley y la realidad
De los colegios que cobran cuotas, un 76% las presentan a las familias como obligatorias, según el informe. Ese porcentaje se reparte así: un 58% explicita este carácter obligatorio; un 18% apunta a una posible exclusión del alumno, de manera más o menos clara. El informe recaba toda una serie de respuestas cuando los padres se interesan por las consecuencias de no pagar. Ejemplos. "No se puede decir que es obligatoria, pero todo el mundo la paga. Sin esta aportación [el colegio] no sería lo que es". "Los niños no aprenderían inglés al mismo ritmo que el resto". "Se tendría que hablar, porque no es lo habitual".
Elena Cid (Cicae) explica que, con el artículo 88 de la Lomloe en la mano, el 90% de los centros incumplen la norma, no sólo los que explicitan que el cobro es obligatorio o dan a entender una discriminación si no se paga. Incluso aunque se acabe aceptando –a veces tras la insistencia de los solicitantes– que el pago es "voluntario", si la cuota cubre alguna actividad obligatoria o en horario escolar es "ilegal", insiste Cid. ¿Qué dice este artículo 88 al que alude la directora general de Cicae? "Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación [...], en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades por recibir las enseñanzas de carácter gratuito". Tampoco podrán "imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias".
El objetivo la Lomloe, aprobada en diciembre de 2020, ya estaba en la LODE (1985), la norma que estableció el sistema de conciertos y donde ya queda claro que la educación obligatoria debía ser gratuita. Dado que entre la teoría y la práctica había un trecho, la Ley Celáa profundizaba. Además de los preceptos ya citados, incluye estos: "Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar" y "la situación socioeconómica del alumnado" no debe suponer, ni en la pública ni en la concertada, "una barrera para el acceso a las actividades complementarias".
Del Ministerio de Educación a Escuelas Católicas
El Ministerio de Educación, a preguntas de infoLibre, recalca que son las comunidades las que deben, a través de la inspección, "supervisar" que las previsiones de la ley se cumplen y "actuar en caso de que no". Este periódico trató de recabar respuesta sobre los datos recogidos en el informe de las consejerías de Educación de Madrid y Cataluña, dos comunidades especialmente señaladas. "La enseñanza en las etapas concertadas es gratuita y está supervisado por el Servicio de Inspección de la Comunidad de Madrid para garantizar la transparencia de la información de los centros a las familias. Para ello, la Consejería de Educación, además de dictar cada curso escolar para los centros concertados unas instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, a través de la Inspección Educativa supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, revisando toda la documentación que remiten los centros concertados a las Direcciones de Área Territorial", respondió la Consejería de Educación de Madrid (PP), sin entrar en el contenido del informe.
La Plataforma Concertados no respondió a las preguntas planteadas. Sí lo hizo Escuelas Católicas, que denuncia que Cicae y Ceapa hacen una "pinza" contra la concertada para "eliminar competencia" ante el "descenso de natalidad". La asociación afirma que el estudio no tiene "fiabilidad", dado que se han seleccionado los colegios y las comunidades "buscando el resultado deseado". "Para que fuese riguroso tendría que englobar todas las comunidades" y hacer "una elección aleatoria de centros de diferentes tamaños y ubicaciones", señala Escuelas Católicas, que añade que si Cicae o Ceapa tienen "información fidedigna" de ilegalidades, deben acudir a las autoridades educativas y no hacer una "campaña de desprestigio" [ver aquí la respuesta completa].
Cicae aclara que la selección de los centros combina la selección aleatoria con la continuidad en el examen de colegios ya analizados en informes anteriores. En cuanto al corte de las comunidades, se escogen aquellas en las que hay una cantidad relevante de colegios privados independientes. Cicae señala que todos los años en que se realiza el informe se envía al Ministerio de Educación y a las consejerías del ramo aludidas.
Familias "atónitas"
"Estamos atónitos ante la paralización de las administraciones. Curso tras curso no sólo no se pone freno a este negocio, sino todo lo contrario. Se permite que haya colegios que negocian con una hora lectiva extra, que meten actividades dentro del horario escolar por las que piden un aporte económico importante. Unos pocos se están haciendo muy ricos a costa de jugar con la segregación del alumnado", señala Leticia Cardenal, vicepresidenta de Ceapa.
Elena Cid (Cicae) llama a las familias a denunciar irregularidades y a las administraciones a vigilar y sancionar. "Las familias están totalmente desprotegidas, porque se está incumpliendo la ley y el derecho a recibir una educación gratuita en centros subvencionados", afirma Cid, para quien "lo más grave" es que se trata de cuotas autorizadas por las administraciones autonómicas. ""No se está controlando ni garantizando la gratuidad. Y esto es discriminatorio para quien no lo pueda costear", añade.
Vaguedad y opacidad
El informe detecta vaguedad en la información de los centros. Un 27% de los que reclaman pagos por "actividades complementarias" no dan ningún detalle sobre las mismas. Es usual que las cuotas estén paquetizadas, englobando muchas actividades dentro, lo que dificulta cuestionar su pago, según el informe. "Los alumnos que no acuden a estas actividades complementarias se pierden contenidos curriculares como inglés, matemáticas o lectura y escritura", explica Amparo Núñez, directora de proyectos de Garlic. "En casi todos los casos, estas actividades se realizan en horario escolar", añade el informe.
El otro rasgo es la opacidad y la falta de claridad. Un 44% de los colegios no entregan ninguna hoja de precios. Un 21% sí lo hace, pero sin identificar el nombre del centro. Un 36% no explica los precios de manera espontánea, sino que deben ser las familias quienes pregunten. Un 27% no aclara nada de los horarios en que tienen lugar las "actividades complementarias". Amparo Muñoz (Garlic) señala que en ocasiones los interesados han tenido que llamar hasta diez veces para recibir la detalle sobre precios y aún así no han conseguido respuesta. Los colegios, denuncia Muñoz, se benefician de la tendencia generalizada de los padres a no oponerse a unos cobros que, según el mensaje que se lanza de los centros, "paga todo el mundo".
Lo que oculta la campaña contra la 'Ley Celaá': la concertada exige "pluralidad" mientras aviva la segregación escolar
A la cuota base mensual, que es en la que se centra el informe, se suman con frecuencia –siempre según el informe– otras anuales: "donación a la fundación", "matrícula", "piscina", "material escolar", "dossier psicopedagógico", "seguros"... Estas también deben ser por ley voluntarias. Y todo ello, claro, aparte del comedor, las extraescolares y excursiones.
Barreras de entrada
Las cuotas son una de las barreras que erige la concertada –no toda– para dificultar la entrada de alumnado desfavorecido. Hay más. Por ejemplo, la localización de los colegios. "Los concertados suelen localizarse en barrios o zonas geográficas con elevados niveles de renta", señala el informe Mapa escolar, publicado en 2019 por la Universidad de Valencia en colaboración con el ayuntamiento. A esto se suma la llamada "matrícula viva", es decir, las matriculaciones durante el curso, a través de las cuales entra buena parte del alumnado inmigrante. Y lo suele hacer en la pública, como acredita el informe Diversidad y libertad, del think tank Esade Ecpol. Además, está el ideario católico de la mayoría de los centros, una posible barrera para familias de otras creencias, lo cual contribuye a reducir el alumnado extranjero.
Todo ello contribuye al fenómeno de la segregación, es decir, de la agrupación homogénea de alumnos por clase social. España es el 22º país con más segregación en Primaria de los 24 de la OCDE analizados en el informe Diversidad y libertad. Madrid empeora los resultados del país en Primaria y ofrece el peor dato en Secundaria, donde España se sitúa en la media de la OCDE.
"Teníamos la esperanza de la Lomloe, pero la situación no sólo no mejora, sino que empeora". Son palabras de Elena Cid, directora de Cicae, una asociación de colegios privados independientes. Mientras las pronuncia, tiene por delante los datos del recién publicado Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2022-2023, un informe encargado a la consultora Garlic por la propia Cicae y por la Confederación Española de Padres de Alumnos (Ceapa), un colectivo de familias en defensa de la educación pública que en esta causa se alía con los colegios privados. ¿Qué causa? La denuncia de que en la educación concertada –privada pero financiada con casi 7.000 millones de euros de fondos públicos en un solo año– está extendido el cobro irregular cuotas a las familias por actividades obligatorias, valiéndose de toda clase de tretas.