Un total de 50 organizaciones de mujeres y colectivos LGTBI han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres para evitar la legalización de "esta explotación reproductiva" en España y advertir a la sociedad y a todas las formaciones políticas que "las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos".
Así lo han indicado este lunes 17 de abril sus portavoces durante la presentación de esta plataforma en Madrid, donde han denunciado que el "lobby" que promueve la gestación subrogada en España está "inundando" los medios y la redes, "amenazando los derechos de las mujeres".
La Red cuenta de momento con el apoyo de medio centenar de asociaciones y plataformas, pero sus representantes pretenden "triplicar" este respaldo en las próximas dos semanas, según ha informado Europa Press.
Concretamente, el próximo 6 de mayo, con motivo de la inauguración de la feria Surrofair de Madrid, que se celebrará en el Hotel Meliá Avenida de América, esta plataforma ha convocado una protesta contra la celebración de este evento que "choca contra la legalidad vigente y con los derechos del niño".
"Las administraciones públicas –El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad– deberían prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en la mano", ha afirmado la presidenta de No Somos Vasijas, Alicia Miyares, que ha advertido de que la gestación subrogada supone la renuncia de la gestante la filiación del niño, "un derecho fundamental" que en España se garantiza en el parto.
"¿Se imaginan un contrato en el que una de las partes renuncia irrevocablemente a su derecho al voto?" se ha preguntado, para añadir que es algo "absolutamente abusivo".
Miyares ha insistido en que es una "práctica ilegal" y "no una técnica de reproducción asistida más", al tiempo que ha sentenciado que la gestación y el parto de un niño "no es comparable con la donación de óvulos", como afirman los defensores de la subrogación: "La comparación ofende". "Aquí no se dona nada, una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos", ha aseverado.
Adopción y acogida
Por su parte, y en representación del movimiento LGTBI, el vicepresidente de Somos Diferentes, Ramón Martínez, ha afirmado que este colectivo se suma a la red –siete organizaciones, por ahora– y ha criticado que se haya asociado "de forma interesada" el "alquiler de vientres" con las parejas de homosexuales varones. En este sentido, ha defendido la acogida y la adopción de niños para ejercer la crianza: "La solución no es pasar por encima de los derechos de las mujeres".
La presidenta del Partido Feminista, Elena Rábada, ha afirmado que la gestación subrogada "está muy cerca de las redes de trata de seres humanos" y ha subrayado que existe jurisprudencia en contra de este sistema y dos directivas europeas en el mismo sentido. "¿Por qué no es ético el tráfico de órganos y si el alquiler de vientres? ¿Es libre sobre su propio cuerpo una mujer que pasa necesidades?", ha cuestionado.
El sistema altruista, "una mentira"
Preguntadas por si en España cabría un sistema altruista como el de Canadá o Reino Unido, como defiende Ciudadanos, y en el que no habría una contraprestación económica por gestar, Miyares ha sentenciado que se trata de una "mentira" y una "tapadera" para garantizar el reconocimiento inmediato en España de la filiación de niños gestados por "vientres de alquiler" en el extranjero.
A su juicio, es "muy difícil" que en España, donde hay demografía negativa, haya mujeres dispuestas a gestar bebés para otras parejas. "Lo que quieren es una ley, aunque sea restrictiva, para registrar a los niños nacidos en el extranjero", ha aseverado la presidenta de No Somos Vasijas, al tiempo que ha denunciado la "opacidad" que hay en torno al registro de estos niños, ya que se desconoce exactamente cuántos son registrados en estas
circunstancias.
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"Opacidad de datos"
Las portavoces de la nueva red desconfían de que se llegue al millar al año y señalan que esta cifra puede estar alterada por los "interesados" en esta práctica para hacer creer que se trata de una necesidad. Además, señalan que, al no reflejarse en el Registro Civil la procedencia de estos niños, las parejas de heterosexuales les "impide" conocer su origen, "vulnerando la Convención de los Derechos del Niño de la ONU".
Por último, las representantes de esta red han admitido que su posición frente a los "vientres de alquiler" es similar a la de colectivos provida o de la propia Iglesia Católica, de la misma forma que los partidos políticos de izquierda pueden coincidir con esta última en el "rechazo de la pena de muerte".
Un total de 50 organizaciones de mujeres y colectivos LGTBI han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres para evitar la legalización de "esta explotación reproductiva" en España y advertir a la sociedad y a todas las formaciones políticas que "las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de crianza de unos pocos".