Nadie quiere asumir en el Gobierno el desgaste de la nueva ley del aborto

20 de diciembre de 2013. Consejo de Ministros. El anteproyecto de la reforma de la ley del aborto recibe el visto bueno del gabinete de Mariano Rajoy y empieza un camino que, en teoría, tendrá que culminar en el Congreso de los Diputados con el debate y la aprobación del texto. Rajoy, que ese día se ausentó de la reunión en la Moncloa porque coincidía con el último Consejo Europeo del año sabía que acababa de dar un paso complicado. Abanderar la reforma de la ley del aborto más restrictiva de la democracia iba a tener su desgaste.

No sólo las asociaciones de mujeres y los partidos de la oposición censuraron un anteproyecto que vuelve al modelo de supuestos de 1985 pero borrando de un plumazo la posibilidad de que una mujer pueda interrumpir su embarazo si el feto presenta malformaciones. También su partido y algunos sectores del Gobierno se sentían incómodos con el encargo que había realizado a Alberto Ruiz-Gallardón. Pero llovía sobre mojado. El PP, que mantiene que la reforma responde al cumplimiento de su programa electoral, vivió momentos complicados cuando se sentó a redactar el programa electoral con el que concurrieron a las generales de 2011 y tocó pronunciarse sobre esta materia. Tan descontentos encontró Rajoy a algunos de los suyos que la promesa quedó reflejada en la página 108 del programa como sigue: "Cambiaremos el modelo de la actual legislación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". Por estas fechas, el presidente del Gobierno, famoso por dejar que los problemas se enquisten, pensaría que ya habría tiempo de encontrar alguna vía de solución. Pero cuando queda poco más de un año para que se agote la legislatura, el escenario sigue abierto. Y nadie en el Gobierno parece dispuesto a querer asumir el desgaste. 

"Estamos estudiando esos informes [los solicitados a los órganos consultivos] en busca de una posición que pueda suscitar el mayor consenso posible". Esta fue la única respuesta que dio este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que se le preguntara sobre cuándo está prevista la aprobación del proyecto de ley en el supuesto de que la iniciativa siga en pie. Sobre fechas, nada. 

¿Diferencias con Justicia?

La posición de la mano derecha de Rajoy en el Gobierno deja entrever algún tipo de diferencia con el Ministerio de Justicia. Y es que, como ya informó infoLibre, el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ya trasladó la versión definitiva del proyecto de ley al Ejecutivo en el mes de julio, tal y como se había comprometido. Con el texto ya sobre la mesa del presidente, es ahora él quién tiene la última palabra. Y pese a que el titular de Justicia ya ha asegurado que irá en algún Consejo de Ministros de este mes de septiembre, voces en el PP mantienen que el presidente puede estar buscando la vía de dejar que el texto no vea la luz. No pasa inadvertido que los conservadores han ido aplazando su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros y que el proceso sufrió un parón en los meses previos a las elecciones europeas. En el Ejecutivo achacan este parón a la fase de elaboración de informes, pero no es un secreto que no todos los miembros del gabinete de Rajoy comparten esta reforma sobre la que tendrán que tomar una decisión definitiva a pocos meses de las municipales. 

El papel del ministro Ruiz-Gallardón

Como encargado del proyecto, ha sido el exalcalde de Madrid el miembro del Gobierno que más ha defendido el anteproyecto y el hecho de que vaya a ser una realidad. Aunque algunos de sus compañeros de partido creen que se ha implicado más de lo necesario en este asunto y que ello le ha hecho perder la pátina de moderado que se había labrado en sus años en el Ayuntamiento de Madrid, un dirigente del PP que conoce bien los entresijos del Gobierno añade un matiz: "Ni Alberto ni nadie en Moncloa ni en Génova da un paso sin contar con el respaldo del jefe".

El papel del jefe del Ejecutivo, por su parte, ha sido el de enfriar la polémica. Rajoy siempre ha mantenido que habrá reforma para volver "al consenso" de 1985 y por cumplimiento del programa electoral de su partido. Pero nunca se ha metido en las cuestiones más espinosas, como la supresión del supuesto de malformación fetal. En más de una ocasión, el presidente ha asegurado que su intención era presentar un texto lo más consensuado posible y que recoja las aportaciones y críticas de los órganos consultivos. Pero poco más. De hecho, hay gestos que no parecen inocentes. Primero, el hecho de que se ausentara del Consejo de Ministros de diciembre de 2013 en el que se dio luz verde al anteproyecto. Y segundo, optó por dejar que pasara el verano sin remitir la reforma al Congreso. La otra opción habría sido que se aprobase en el Consejo de Ministros del 1 de agosto, una tesis que estaba extendida en las filas conservadoras porque encajaba en los planes de Justicia que apuntaban a que el texto se trasladaría a la Cámara en los meses de junio o julio. el texto se trasladaría a la Cámara en los meses de junio o julio.De haber sido así, habría sido él quien informase del proyecto porque fue el protagonista de la tradicional rueda de prensa previa a las vacaciones de verano.

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Santamaría huye de la defensa cerrada

Más fría que el presidente se ha mostrado su mano derecha, Soraya Sáenz de Santamaría. De su boca nunca ha salido un rechazo al texto del anteproyecto, pero tampoco una defensa cerrada. Las fuentes consultadas en el PP la ubican como una de las voces contrarias a esta reforma dentro del Consejo de Ministros. La misma distancia ha marcado la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, que ha aplazado todo posicionamiento al respecto hasta el momento en el que se conozca el proyecto definitivo.

Sí se han pronunciado, para pedir consenso, barones territoriales como Alberto Núñez Feijóo o José Antonio Monago. O la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que rechaza tajantemente la reforma tal y como se ha planteado.