A Juan Cisneros se le hizo tarde trabajando el pasado lunes 5 de marzo. Era más de medianoche cuando salió de su despacho, abandonó el edificio del Palacio de Justicia y dirigió sus pasos al aparcamiento de autoridades. Allí comprobó que su coche había sido objeto de un sabotaje. Los neumáticos delanteros estaban rajados. No había nadie. Los guardias ya se habían ido. Ni un testigo. Tampoco cámaras. Fue un fastidio, desde luego. Pero no del todo una sorpresa, porque no era la primera vez.
Como corresponde a un fiscal, en este caso fiscal jefe de Área de la Audiencia de Algeciras (Cádiz), Cisneros es un hombre de hechos, no de suposiciones, por lo que no se atreve a lanzar acusaciones. "Es la segunda vez que me pasa [la primera fueron los cuatro neumáticos]. Pero ni entonces ni ahora tengo suficientes elementos de prueba para decir quién ha podido ser", afirma con contención. Tiene su lógica. El fiscal Cisneros se gana la vida buscando pruebas para poner por escrito acusaciones solventes contra los narcos. Así que no les quiere regalar la satisfacción de que que lo vean lanzando una acusación sobre el vacío. Parecería una pataleta.
Pero lo cierto es que, al conocer el sabotaje al coche de Cisneros, a la mente de todos se vinieron las bandas de narcotraficantes del Campo de Gibraltar, que actúan cada vez con mayor descaro y soltura, en las narices mismas del sistema diseñado para identificarlos, detenerlos y ponerlos frente a un juez. Son frecuentes las miradas de desprecio de los peones de las bandas a las autoridades judiciales, los gestos de mofa o sorna, la actitud de abierta chulería. Y el ataque al coche del fiscal encaja como un guante en el comportamiento matonesco y la delincuencia deliberada de los nuevos amos del delito en la zona.
"Son riesgos normales, derivados del cargo", insiste Cisneros, tratando de quitar algo de hierro a los hechos, o al menos de no situarse a sí mismo como protagonista. Es una actitud frecuente de los que trabajan en la primera línea del Estado en la lucha contra el narcotráfico en la comarca: reconocen la gravedad de la situación, sí, pero se niegan a comprar el discurso de que la ley esté perdiendo la partida contra los hampones del hachís. "El problema es estructural del Campo de Gibraltar, pero hay una repercusión mayor ahora, sobre todo a raíz de la liberación, por así llamarla, de un narcotraficante herido de un hospital de La Línea. Pero en general, [los narcos] no buscan el enfrentamiento. No estamos hablando de Colombia, aunque es verdad que si los delitos violentos asociados al narcotráfico eran residuales hace unos años, ya lo son menos", explica. En los registros en busca de drogas cada vez es más habitual que aparezcan armas de fuego. Llevar pipa está moda entre los narcos, cada vez más orgullosos, envalentonados, con una actitud que parece influida por el cine y la televisión.
Tampoco son ya residuales los desafíos abiertos a la autoridad. El mes pasado unas 40 personas rodearon, hostigaron y amedrentaron a una juez. Sin complejos. Sin miramientos. La versión menos flemática del discurso del fiscal Cisneros aparece precisamente cuando se trata de valorar las condiciones en que trabajan acusadores públicos, jueces y agentes de la ley: "No estamos para nada protegidos. Estamos vendidos, la verdad".
Lo que ocurre en La Línea, en Algeciras, en el Campo de Gibraltar en su conjunto, no es normal. Si no, no hablaría así el fiscal Cisneros. Ni los jueces andarían apretando el paso camino de su coche. Ni los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil considerarían prudente evitar excesivos cruces directos de miradas en sus días libres de paisano.
Cambio de guión
Asociaciones vecinales, representantes de fuerzas de seguridad y portavoces judiciales coinciden en un hito significativo de la escalada de desacato. O, más precisamente, en la percepción social del mismo. Era un domingo de abril de 2017. Una lancha cargada de droga llegaba a la costa de La Línea, entre El Tonelero y El Burgo. Territorio de desembarco habitual. Tres agentes de la Guardia Civil llegaron para impedirlo. El guión habitual señalaba que ahí se acaba el juego. Los sorprendidos deben intentar huir y, sin son atrapados, bajar la cabeza y cerrar el pico. Lo de siempre. Pero saltó una chispa. Los traficantes no cejaron en su empeño de culminar el transporte de la droga. Y, lo que es más grave, un centenar de vecinos del próximo barrio La Atunara se incorporaron a la escena para defender el desembarco. Cuatro policías nacionales llegaron para echar una mano. En balde. Fracasaron en su intento de frenar la operación bajo una lluvia de pedradas.
Policías y guardias civiles de La Línea sufren escasez de medios. Pero manejan un interesante recurso: la posibilidad de hacer públicos los desmanes de los narcos, las escenas de complicidad vecinal. Aquella vez la respuesta a pedradas llegó hasta la prensa local. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alertó de que no era la primera vez que pasaba y expresó sus temores de que no sería la última. Ha pasado un año y la situación se sigue agravando. Los desembarcos se producen en pleno día, a la vista de todos, en playas urbanas.
Crisis del principio de autoridad
Los narcos mantienen su actitud de desafío a pesar de la creciente presión. Sale el ministro del interior, Juan Ignacio Zoido (PP), hablando en tono amenazante. La presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), también ha situado el problema en su agenda. El alcalde de La Línea, el independiente Juan Franco, se desgañita pidiendo un plan urgente para garantizar la seguridad de los vecinos y limpiar el nombre de La Línea. Es decir, ahora sí el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, y especialmente en La Línea, se empieza a convertir en problema conocido. Ahí debería ser cuando los jefes ordenan aflojar. El escándalo casa mal con el negocio. Pero los narcotraficantes no levantan el pie.
"Es una situación muy grave, como nunca ha vivido el Campo de Gibraltar", afirma Francisco Mena, histórico líder del movimiento antidroga en la comarca, donde a la escabechina de la heroína en los 80 ha seguido esta peligrosa instauración de una subcultura del contrabando, vinculada fundamental al hachís. Una plaga para los jóvenes. "Históricamente, por su proximidad a Gibraltar, en esta zona ha habido mucho contrabando de tabaco y hachís. Pero eran unos parámetros digamos que aceptables. ¿Qué ha cambiado? En mi opinión, algo fundamental: se está perdiendo el principio de autoridad, y cuando eso pasa, ¡ay!, lo queda es impunidad", señala.
"Aquí, desde que se permitió por primera vez que un grupo de personas que alijaban hachís rodearan y apedrearan a unos agentes de la ley, han ido superándose líneas rojas una otras otra", lamenta Mena, presidente de la coordinadora Por Tu Seguridad. Líneas rojas, dice. ¿Queda alguna? Repasemos algunas que han sido borradas a lo largo del último año. Un guardia civil en La Línea, de paisano, se lleva una paliza de madrugada al ser identificado como agente de la ley. "Chivato", le gritan mientras le atizan entre cuatro o cinco. Un policía local, también en La Línea, muere arrollado cerca de la frontera con Gibraltar cuando participaba en una persecución para evitar una descarga de tabaco. Se generaliza además el reforzamiento del equipo habitual de los convoys de los contrabandistas más duros. Ya no son sólo dos vehículos, la lanzadera en la vanguardia para avisar de los controles y el todoterreno en la retaguardia con el hachís. Se ha sumado otro coche, un tercero, de mayor cilindrada, que en caso de encontrar de camino una patrulla policial la embiste. Ha ha habido guardias civiles heridos por esta práctica.
Miedo no, "inquietud"
Más madera. Este mismo mes dos individuos intentaron quemar con gasolina embarcaciones de Vigilancia Aduanera. ¿Hay miedo a ser agente de la ley en la zona? "Mmm, no. Miedo no. Inquietud. Preocupación. Es que es una detrás de otra. Hace poco un compañero en una aduana se encontró un alijo de droga y antes siquiera de hacer cualquier ademán, empezaron a caerle piedras", responde José Encinas, delegado de la AUGC en Cádiz. Regresa otra vez a la reflexión sobre la "inquietud". "Nosotros nos dedicamos a esto. Estamos curtidos. Actuamos en situaciones de alto riesgo. Pero claro, que te arrojen piedras cuando sales del trabajo.... Un golpe mal dado en la cabeza te deja fuera de juego, ¿eh? Nos preocupamos más por nuestras familias que por nosotros mismos", afirma Encinas, que trabaja en Algeciras.
La regla no escrita del juego del gato y el ratón con el que llevan décadas policías y contrabandistas era: si te sorprendían, soltabas la mercancía e intentabas huir; si te atrapaban, te callabas. Pero no te rebelabas. Esa norma ya no está vigente. Y tampoco hay que resignarse si un compañero de banda cae en manos de la Policía Nacional. A principios de febrero entre 15 y 20 encapuchados asaltaron el hospital de la Línea para sacar de allí a un destacado miembro del conocido como clan de Los Castañitas, sin que los agentes que lo custodiaban pudieran evitarlo. Los pacientes y el personal sanitario, entre forcejos y amenazas, asistieron estupefactos al rescate del narco detenido.
Temor a lo irreversible
Encinas, que trabaja en Algeciras, también rechaza comparaciones con zonas en las que el narcotráfico ha permeado de forma difícil de revertir en el tejido social y hasta institucional. Esto no es Nápoles, viene a decir. Pero lanza una alerta. "Ojo, porque hay que reaccionar ya. No queremos llegar a un punto en el que no haya marcha atrás, en el que no se pueda revertir. Creo que todavía no estamos en ese punto. Las administraciones están a tiempo, pero que dejen de pelearse y hagan lo suyo". La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) lo expuso más crudamente en un comunicado el año pasado: "En el Campo de Gibraltar se han invertido los valores sociales, teniendo estos delincuentes un apoyo social impensable en una sociedad democrática, como ya ocurrió en su momento en Galicia con los capos de la droga".
Por supuesto, el Estado no está cruzado de brazos ante este pulso. Las autoridades reaccionan con presencia in situ ante los hechos de mayor repercusión social. Evidentemente tras cada delito se abre una investigación. Y hay detenidos. Dos hermanos, considerados cabecillas del asalto al hospital, han sido arrestados. Pero, ¿y el resto de la veintena? ¿Y el narco liberado? Es que eso precisamente es parte del problema: son muchos. No pueden caer todos. Y además hay cola para entrar en las bandas como aguador –para avisar de la presencia policial–, cargador, conductor, vigilante o lanchero...
Solución social, solución policial
Dice el fiscal jefe de Algeciras: "El problema es que hay determinadas zonas de la provincia de Cádiz con un paro muy alto, barrios con un paro por encima del 50%. Y ahí hay una persona joven, sin formación, que ve que puede ganar en una noche lo de dos meses en un supermercado trabajando 8 horas en turnos de noche". El debate de siempre. ¿Solución policial o social? Cisneros es claro. Aunque sin ignorar el problema social, "cuando hay un delito, siempre tiene que haber una respuesta policial".
El caso es tan particular que se da una especie de inversión de papeles en las instituciones. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, pone el énfasis en la necesidad de garantizar el orden. Susana Díaz ha llegado a decir que los narcotraficantes "campan a sus anchas", trasladando la presión de la respuesta al Gobierno. El Gobierno de España, gobernado por el PP, alude continuamente al imprescindible enfoque integral que no ignore las causas y pide una mesa técnica de todas las administraciones. Un intercambio de los discursos clásicos de conservadores y progresistas. El motivo que más probablemente justifica estos discursos es que la Junta tiene las competencias para la solución integral, y el Gobierno para la solución policial. Y cada cual pone el foco en la administración de enfrente.
El ministro ha intentado además, con escaso éxito, trasladar sobre el terreno la imagen de que las cosas están bajo control. El problema es que a cada dos o tres días una nueva noticia pone en evidencia el creciente poder poder del negocio del narco, en el que se calcula que trabajan 3.000 personas sólo en La Línea. No obstante, han sido varias las ocasiones en que Zoido ha destacado el incremento de las incautaciones. La pregunta es: ¿Es ése un indicador válido para medir la respuesta del Estado a un negocio creciente y boyante?
Cantos de sirena
Las autoridades saben que el recorrido del reproche mutuo es limitado. Este mismo lunes hay prevista una reunión de Díaz con Zoido específica sobre este problema. Francisco Mena, de la Plataforma Por Tu Seguridad, lamenta las "peleas" entre políticos, que no desvelan más que "impotencia". "Que dejen de echar balones fuera", reclama. Hacen falta las dos soluciones, la policial y la social, opina. Las medidas que defiende la plataforma abarcan ambas dimensiones: 700 agentes más entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Vigilancia Aduanera; unidades específicas de investigación contra el tráfico y el blanqueo; programas educativos y de reinserción social y laboral... "Hay que dar alternativas para que la gente sin trabajo no se deje llevar por los cantos de sirena del dinero fácil. Porque, si entras ahí, es muy complicado volver después a un trabajo normalizado", afirma Mena, que también observa riesgo de "irreversibilidad".
"El problema es que si no se les para van a seguir avanzando, comprando voluntades y corrompiéndolo todo", añade. ¿Hay corrupción policial o judicial, a juicio de la plataforma? Mena responde que no con toda convicción. Tiene confianza. Ve a la Policía Nacional y la Guardia Civil debilitadas, no compradas. Y destaca el "mérito" de los agentes del Campo de Gibraltar. "Cuando hablo de comprar voluntades, me refiero a personas, no a instituciones. Los narcos buscan gente en los barrios más desestructurados, con el paro más alto, como Saladillo-Piñera en Algeciras y La Atunara en La Línea. No justifico nada, pero es importante saber el paro que hay allí, y la situación que hay, para entender lo que pasa", señala.
Una tormenta perfecta
El Ayuntamiento de La Línea, en un informe sobre el posible impacto del Brexit, expresa con claridad por qué el municipio es terreno abonado para el negocio de la droga. "La posición de La Línea y su cercanía tanto a Gibraltar como al norte de África ha supuesto que este enclave [...] haya sido históricamente un lugar estratégico para el contrabando de productos exentos de impuestos", señala. Y añade: "Este contrabando ilícito se debe a varias circunstancias que se dan en el municipio: cercanía física por tierra y mar con Gibraltar, que posee regímenes fiscales especiales en productos como el tabaco; cercanía física por mar con Marruecos, de donde proviene el mayor porcentaje de drogas como el hachís; tasa de población en paro superior al 35%, sobre todo en jóvenes; pérdida de puestos de trabajo por la crisis de la burbuja inmobiliaria; trabajadores con un nivel de vida medio que se encuentran en situación de paro; un alto porcentaje de la población en comparación con otros municipios de nivel educativo bajo; estructura urbanística del municipio, donde los dos grandes núcleos de viviendas sociales viven a pie de playa". Una tormenta perfecta.
La conclusión del propio informe es ésta: "Todo esto hace que el contrabando de mercancías ilícitas haya tenido un aumento en los últimos años, existiendo a día de hoy más de 30 mafias organizadas en la ciudad, según indica la Policía Nacional. Según la Agencia Tributaria, se calcula que el fraude a las arcas del Estado español asciende a más de 325 millones de euros al año".
Recursos policiales
Mena, de la plataforma ciudadana contra el narcotráfico, no se queda en el diagnóstico social. Considera fundamental mejorar los recursos policiales. "Con los medios que tenemos ahora, no podemos. Es imposible afrontar con garantías esta lucha cuando el narcotráfico tiene mejores medios", afirma. Hay una insistente reclamación, desde todos los ámbitos de lucha contra el narcotráfico, de una legislación contundente contra las narcolanchas, embarcaciones de gran tamaño ideales para el transporte de droga por mar. Gibraltar tomó medidas contra ellas en los 90 y ha ganado en efectividad en la lucha contra el contrabando de tabaco en su área de control.
El ministro Zoido ha asegurado públicamente que su departamento trabaja en una norma para prohibirlas. Por su diseño y motor, está claro para lo que valen. Cuanto antes dejen de surcar la bahía, mejor, opinan desde la Policía Nacional y la Guardia Civil. Interior no responde a infoLibre sobre las características de esta norma anunciada, ni sobre las medidas previstas para combatir al narcotráfico con más tino. Espino afirma que la Guardia Civil ha sufrido falta de apoyo y de efectivos. "No queremos unidades provisionales de ayuda de 30 miembros, que luego se vayan, como se fueron cuando surgió el problema de Cataluña", señala el delegado de la AUGC. "Necesitamos más plantilla y más grupos de investigación".
El 40% de la droga
La AUGC advierte: "En el Campo de Gribraltar hay una generación de narcos que se planta ante las Fuerzas de Seguridad"
Aunque La Línea de la Concepción es el municipio más nítidamente identificado con este fenómeno, el narcotráfico es un problema de buena parte del litoral de la provincia de Cádiz. Las entradas de mercancía se producen en Algeciras, Barbate, Chiclana, Conil de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y La Línea. Desde 2015 la Fiscalía viene advirtiendo en sus memorias de un incremento de la violencia asociada al narcotráfico en toda la zona. La sentencia del caso del conocido como clan de Cásper, que se dedicaba al robo de droga a narcotraficantes, puso de relieve la brutalidad de las guerras y métodos de unas estructuras criminales crecidas, bien pertrechadas de tecnología y con profesionales expertos.
La presión de los flujos de mercancía es constante. El 40% de la droga decomisada en España se coge en Cádiz: 144.701 kilos de los 361.754 intervenidos en España en 2016 fueron encontrados en la provincia. Después van Málaga y Almería. Tres provincias andaluzas. Así lo recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016. La ley de la oferta y la demanda es arrolladora. La mercancía que entra por Cádiz interesa en el resto de España y en Europa. Al contrario de lo que ocurría con la heroína en los 80, cuando la muerte por adicciones en la comarca del Campo de Gibraltar hacía surgir importantes focos de oposición popular al fenómeno del narcotráfico, ahora el clima de respuesta ciudadana es menor. Ello incrementa la impresión de que el narcotráfico tiene un cierto respaldo popular.
Mena se rebela contra cualquier contemporización. "Todo el mundo tiene que tomar conciencia del daño que le hace esto al futuro del Campo de Gibraltar. Da igual que la droga no sea para consumo de gente de la zona. Si tú das esta imagen, ¿Qué guardia civil va a querer venir aquí? ¿Qué médico? ¿Qué maestro? ¿Qué touroperador se va a interesar por el Campo de Gibraltar, con las magníficas playas que tenemos?", se pregunta. Hasta la fecha la posibilidad de legalizar el consumo de cannabis, así como los daños que ello ocasionaría al negocio del narcotráfico, está fuera del debate político sobre el problema de la droga en el sur de España.
A Juan Cisneros se le hizo tarde trabajando el pasado lunes 5 de marzo. Era más de medianoche cuando salió de su despacho, abandonó el edificio del Palacio de Justicia y dirigió sus pasos al aparcamiento de autoridades. Allí comprobó que su coche había sido objeto de un sabotaje. Los neumáticos delanteros estaban rajados. No había nadie. Los guardias ya se habían ido. Ni un testigo. Tampoco cámaras. Fue un fastidio, desde luego. Pero no del todo una sorpresa, porque no era la primera vez.