Su fichaje como asesor del Ministerio de Sanidad para lo que este departamento define como puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" y los defensores de la sanidad como "privatización encubierta" de los únicos dos hospitales que gestiona la cartera de Ana Mato es el último episodio. Pero el salto de la sanidad pública a la privada del ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela –imputado por prevaricación y cohecho por las presuntas ilegalidades cometidas en la primera etapa de la privatización en la Comunidad– tiene otros episodios reseñables.
Marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés, dejó la Consejería de Sanidad madrileña en 2007, cinco años después de haber desembarcado en ese departamento de la mano de Esperanza Aguirre a pesar de no tener "ninguna experiencia previa en el sector de la salud", según denuncian los facultativos de AFEM en la querella presentada contra las impulsores del primer proceso de privatización de la sanidad madrileña, Lamela entre ellos. En 2007, Aguirre situó en Sanidad a Juan José Güemes y trasladó a Lamela a Transportes, hasta que cayó en 2008.
Dos años después, en 2010, creó la empresa Madrid Centro Médico, encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo sanitario de primer nivel. Según infomó El País, el exconsejero presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la patronal. Entre sus clientes estaban empresas como Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. infoLibre ha intentado sin éxito contactar con Lamela para contrastar estas informaciones a través de la compañía BAPPH (Business Assessment Plans and Projects Healthcare SL) de la que es presidente y por la que este lunes volvió al tablero mediático.
Además, Lamela entró en ese mismo año a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según avanzó el pasado 2 de abril la cadena Ser. El problema es que Lamela adjudicó ese centro, de naturaleza semipública, en su etapa como titular de Sanidad del Gobierno regional (2003-2007). Y ese es uno de los seis hospitales que el PP quiere ahora privatizar por completo en un proceso que está suspendido de forma cautelar en los tribunales. La concesionaria, según recoge la querella de AFEM, fue un consorcio liderado por la constructora Hispánica en colaboración con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez. El contrato, firmado por Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales.
En 2010, Pablo García Pozuelo, propietario de la constructora, fue imputado en el marco de trama Gürtel. Se vio obligado a vender su empresa, que en 2009 adquirió en su totalidad el grupo Essentium, que cambió toda la cúpula directiva y el capital de Hispánica y la convirtió en una nueva compañía, Assignia Infraestructuras. Unos meses después Lamela se integró en el consejo de administración de Assignia. Desde entonces, esta compañía se hizo también con los servicios de mantenimiento del hospital de Getafe y la Consejería de Sanidad también le concedió sendos contratos de asistencia técnica para Hospital de la Princesa así como para el mantenimiento de varios centros de atención primaria y otros edificios del Gobierno regional.
El exconseller de Salud de Artur Mas ficha por la empresa pionera de la sanidad privatizada
Sin respuesta en la Asamblea
Aunque tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el actual consejero madrileño del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, defendieron la legalidad del paso de Lamela a la privada, la oposición se lanzó en tromba. La diputada socialista Helena Almazán, portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, registró el 4 de abril en la Asamblea sus 24 peticiones de información al Gobierno regional sobre los contratos otorgados a 10 empresas "relacionadas" con Lamela. BAPPH, a la que el Ministerio de Sanidad ha encomendado ahora labores de asesoramiento en el cambio de gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla, es una de las compañías por las que Almazán preguntó. La Mesa de la Asamblea, gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP, rechazó por completo las 24 solicitudes. Ahora, la diputada ha reformulado las peticiones y está a la espera una respuesta que está tardando en llegar. "Preguntar en la Cámara es la única forma que tenemos de controlar los contratos. Seguiré insistiendo hasta que me contesten", lamenta la parlamentaria.
El pasado octubre, meses después de conocerse su imputación por prevaricación y cohecho al estimar el juez que podía haber existido "una actuación punible", Lamela abandonó Assignia Infraestructuras. Sí continúa como presidente de BAPPH, una compañía que, según se recoge en el BOE, tiene como objeto social el "asesoramiento integral de personas físicas o jurídicas, mercantiles o civiles, asociaciones y fundaciones en todo lo concerniente a la explotación de mercados y oportunidades de negocio en el ámbito sociosanitario". Y que ahora asesorará al Ministerio de Sanidad sobre qué modelo de gestión es más óptimo para los hospitales de Ceuta y Melilla.
Su fichaje como asesor del Ministerio de Sanidad para lo que este departamento define como puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" y los defensores de la sanidad como "privatización encubierta" de los únicos dos hospitales que gestiona la cartera de Ana Mato es el último episodio. Pero el salto de la sanidad pública a la privada del ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela –imputado por prevaricación y cohecho por las presuntas ilegalidades cometidas en la primera etapa de la privatización en la Comunidad– tiene otros episodios reseñables.