“No ha habido interés en investigar”: 45 años tras el pistolero fascista que asesinó a Arturo Ruiz

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Puede que ese mensaje no le lleve a ningún sitio. O que sea una pérdida de tiempo. Pero Manuel Ruiz se agarra al pequeño cuarto de folio como quien se agarra a un clavo ardiendo. No es para menos. Ese anónimo escrito a lápiz y en mayúsculas que hace ya algunos meses llegó a un importante medio de comunicación del país es la última pista que podría conducirle de una vez por todas al supuesto asesino de su hermano: el joven Arturo Ruiz. La familia lleva ya 45 años intentando dar con él, buena parte del tiempo sin apenas respaldo institucional. Durante la Transición tenía algunos alias como El Frutero o El Posturas. Pero su nombre real era José Ignacio Fernández Guaza. Él es el matón ultraderechista a quien todos identificaron como autor del disparo que segó la vida del estudiante. El pistolero que se esfumó tras el crimen.

Manuel tiene grabado a fuego aquel 23 de enero de 1977. Era domingo y el muchacho, que entonces estaba en la veintena, se encontraba poniendo la mesa para comenzar a comer. De fondo, el telediario. Probablemente se hablase de la huelga de profesores no numerarios o de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición alrededor del proyecto de ley electoral. Sin embargo, ninguna de esas noticias paralizó por completo al chaval. "Un estudiante ha muerto en una manifestación en Madrid...", fue la locución que cambió la vida de la familia Ruiz para siempre. El joven asesinado era su hermano, con quien apenas se llevaba un año. "Nos quedamos completamente helados", cuenta en conversación con este diario.

Con diecinueve años, Arturo Ruiz combinaba sus estudios con algunos trabajos que le salían como albañil. Era muy activo políticamente. Y, a pesar de la tensión en las calles, aquel domingo negro acudió al centro de la capital para reclamar la amnistía total de los presos. A media mañana, un tipo, entre gritos de "¡Viva Cristo Rey!", trata de intimidar a los manifestantes con un disparo al aire. Acto seguido, un segundo ultra que lo acompañaba agarra el mismo arma y dispara por la espalda contra el joven estudiante. "Cuando fuimos al anatómico forense yo estaba convencido de que había sido la Policía", cuenta Manuel. Al día siguiente, las calles se convirtieron en un polvorín. Las manifestaciones y actos de protesta se repitieron por toda la ciudad. Se calcula que unos 100.000 alumnos abandonaron sus pupitres.

A las pocas horas del asesinato, se produjo la primera detención. El arrestado era Jorge Cesarsky, un argentino vinculado al grupo paramilitar Triple A –Alianza Anticomunista Argentina– que había llegado a España a mediados de los sesenta y que estaba bien posicionado dentro de los círculos franquistas de la época. El ultraderechista guardaba buena relación con Fuerza Nueva. De hecho, estuvo presente en una comida celebrada tras el acto de clausura de uno de sus congresos en la que el propio Blas Piñar, líder de la formación, le impuso una insignia. Y gracias a su papel como vendedor de pólizas de seguros disfrutaba de amistades dentro de las Fuerzas de Seguridad de la época.

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Varios días después, la Jefatura Superior de Policía de Madrid facilitaba la identificación del presunto autor del asesinato. "Nuevas gestiones permitieron centrar las sospechas en un individuo llamado José Ignacio Fernández Guaza", rezaba la nota. Nacido el 13 de diciembre de 1947, varios testigos del asesinato le señalaron como el pistolero fascista que había apretado el gatillo. Para entonces, al ultraderechista se lo había tragado la tierra. Salió de su domicilio, donde se encontraron cartuchos, pólvora y una tarjeta con el nombre y número de Cesarsky, el mismo día del crimen. Lo hizo con dos pistolas. Luego, la investigación le sitúa en el País Vasco. "Y de ahí se sabe que cruzó a Francia, que es donde se le pierde la pista", cuenta Ruiz, que sospecha que posteriormente pudo haberse instalado en Argentina.

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A lo largo de la investigación se supo que, tras el crimen, Guaza se puso en contacto con su pareja y le pidió que le mandara 15.000 pesetas a una dirección en Gernika. Las señas correspondían a un guardia civil. "La unión que tenía con las Fuerzas de Seguridad era bastante estrecha", sostiene Ruiz. Y cuenta que cuando agentes de la Benemérita venían a la capital a hacer cursos "paraban en su casa". De hecho, familiares y conocidos que prestaron declaración ante el juez aseguraron que el ultraderechista, también estrechamente ligado a Fuerza Nueva, "realizaba funciones que la policía no podía hacer" o que iba con bastante frecuencia al País Vasco a "ayudar" a la Guardia Civil "con los jaleos de ETA".

Del juicio en la Audiencia Nacional solo salió condenado Cesarsky. La sentencia dictaba casi seis años de cárcel por terrorismo y tenencia ilícita de armas. "Luego, se le absolvió del primer delito, por lo que apenas pasó unos meses encerrado", relata Ruiz. De Guaza, sin embargo, nadie volvió a saber nada. Tras la muerte de los padres, la familia comenzó a moverse nuevamente ante el riesgo de que prescribiesen los delitos. Solicitaron la reapertura del caso y algunas diligencias para dar con el paradero del ultraderechista. Se pidió una intervención del teléfono de sus parientes por si se ponía en contacto con ellos, pero fue denegada. Lo único que se hizo fue mandar a algunos agentes hasta su último domicilio conocido en la capital para ver si había vuelto a dar señales de vida. Pero nada.

La Audiencia Nacional volvió a dar carpetazo al asunto. Y a comienzos de siglo se certificó la prescripción. Los Ruiz trataron algunos años más tarde volver a reabrir el asunto, pero no hubo manera. Por eso, depositaron todas sus esperanzas al otro lado del Charco. La familia, que mantiene que el asesinato puede encuadrarse dentro de los crímenes de lesa humanidad, forma parte de la conocida como querella argentina. Es la única vía en la que guardan esperanzas. "Aquí no hemos visto mucho interés en investigar", sentencia el hermano del joven asesinado. Mientras, lee a quien le escucha el contenido literal de ese anónimo que llegó a sus manos en plena pandemia. Ese cuarto de folio escrito a lápiz que sostiene que Guaza, que ahora tendría casi 75 años, escapó a Argentina y se casó con una salmantina. "Puede ser una buena pista. ¡Suerte!".

Puede que ese mensaje no le lleve a ningún sitio. O que sea una pérdida de tiempo. Pero Manuel Ruiz se agarra al pequeño cuarto de folio como quien se agarra a un clavo ardiendo. No es para menos. Ese anónimo escrito a lápiz y en mayúsculas que hace ya algunos meses llegó a un importante medio de comunicación del país es la última pista que podría conducirle de una vez por todas al supuesto asesino de su hermano: el joven Arturo Ruiz. La familia lleva ya 45 años intentando dar con él, buena parte del tiempo sin apenas respaldo institucional. Durante la Transición tenía algunos alias como El Frutero o El Posturas. Pero su nombre real era José Ignacio Fernández Guaza. Él es el matón ultraderechista a quien todos identificaron como autor del disparo que segó la vida del estudiante. El pistolero que se esfumó tras el crimen.

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