El pasado jueves 21 de septiembre se aprobó la reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales "que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma". Gracias a una mayoría absoluta de 180 votos a favor, los partidos nacionalistas, junto a su alianza con la izquierda española, consiguieron que sus idiomas ya no sean objeto de disputa entre el orador y la correspondiente presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados.
Pero este cambio en el Reglamento no deja contentos a todos. En España existen otras lenguas minoritarias además de las tres incluidas en la decisión de la última sesión plenaria. El asturiano, con más de 500.000 entre hablantes activos y pasivos (que hablan o entienden el idioma) según un estudio de la Universidad del País Vasco, y el aragonés, con alrededor de 10.000 hablantes, llevan décadas de retraso respecto al gallego, catalán y euskera.
El mismo documento que oficializa la posibilidad de hablar en idiomas que no sean el castellano dedica un apartado a estas "modalidades lingüísticas". Afirma que "la Presidencia podrá permitir intervenciones en lenguas" siempre y cuando "tengan regulado su uso o reconocida su protección" en los Estatutos Autonómicos correspondientes. En las leyes de Asturias y Aragón aparece esta "protección" sobre sus respectivos idiomas.
La autotraducción como principal desventaja
Según el Boletín de las Cortes, los diputados que quieran hablar en asturiano o aragonés en la Cámara Baja podrán hacerlo. Pero con una desventaja. Deben autotraducirse inmediatamente al castellano cuando hablen en sus lenguas, ya que no cuentan con intérpretes contratados por el hemiciclo. Además, no queda claro si las intervenciones en los idiomas no oficiales van a quedar expuestas en el libro de sesiones del Congreso.
Para Xosé Candel, portavoz de la Xunta por la Defensa de la Llingua Asturiana, es "una doble discriminación", ya que "no se recoge como derecho y reduce el tiempo a la mitad". Además, expresa que "puede producir una desventaja a la hora de dar visibilidad a las lenguas, que es lo que esta misma ley busca".
El portavoz de la organización, que lleva más de 40 años pidiendo la oficialidad de la lengua asturiana en su territorio, encuentra una rápida, pero difícil solución a este problema: "impulsar desde el Parlamento de España la reforma del Estatuto Autonómico" para que todas las lenguas sean tratadas por igual.
Un espaldarazo para ambas lenguas
Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista por Zaragoza e integrado dentro de Sumar, cuenta a infoLibre que es "un acontecimiento histórico" y asegura que supondrá "un antes y un después en la normalización" del aragonés. Para el joven parlamentario es "un reconocimiento después de décadas de silencio, humillación y vergüenza".
Aunque admite que su intención "no es hacer todas las intervenciones en aragonés", recuerda que "lamentablemente" el aragonés no es cooficial en su comunidad y utilizará las dos lenguas para que "Aragón vuelve a tener voz propia en Madrid".
En su primera intervención, el parlamentario ha hecho uso de su derecho a expresarse en su lengua materna para "pedir respeto" y defender que "no hay una lengua común, sino que hay muchas lenguas comunes". Su participación fue precedida de una provocación clasista de Pepa Millán, portavoz de Vox, que se burló de Pueyo comparando la "represión lingüística" que el aragonés recibía por no poder hablar en su lengua con un profesor que "le tenía manía en el colegio".
Situación actual del asturiano y aragonés
El Congreso da vía libre por mayoría absoluta al uso de las lenguas cooficiales
En la legislatura 2019-2023 del Parlamento del Principado de Asturias, gobernado por el socialista Adrián Barbón, estuvo a un solo voto (el sí de Foro Asturias que pasó a no tras una violenta campaña de la ultraderecha contra su portavoz) de poder reformar el Estatuto para incluir la oficialidad en él. Tras las últimas elecciones autonómicas, la suma de los partidarios de este cambio ha disminuido y no es viable a corto plazo.
La realidad en la comunidad aragonesa es mucho más complicada. "Se trata de un avance simbólico que por sí solo no soluciona la precaria situación del aragonés", dice Juan Pablo Martínez, secretario de la Academia Aragonesa de la Lengua. Aunque es una "decisión claramente positiva" y " puede ayudar a mejorar la conciencia lingüística", Martínez expresa que lo razonable sería que "las instituciones aragonesas apostaran decididamente por políticas de protección y promoción" para salvaguardar "el patrimonio lingüístico y los derechos de los hablantes".
Tras el 23J, los diputados de Sumar, Rafael Cofiño (Asturias) y el citado Jorge Pueyo, y los socialistas asturianos han trasladado a Francina Armengol su intención de hablar en sus lenguas. Asimismo, la diputada Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha dedicado una parte de su primer discurso a apoyar la causa: "Quiero acordarme de dos comunidades para las que hoy este paso adquiere una transcendencia especial, asturianos y aragoneses", afirmó.
El pasado jueves 21 de septiembre se aprobó la reforma del Reglamento del Congreso para permitir el uso de las lenguas cooficiales "que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma". Gracias a una mayoría absoluta de 180 votos a favor, los partidos nacionalistas, junto a su alianza con la izquierda española, consiguieron que sus idiomas ya no sean objeto de disputa entre el orador y la correspondiente presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados.