Todo parecía indicar que se pondría fin de una vez por todas al eterno bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tan avanzadas estaban las negociaciones que el Ejecutivo central miraba ya fechas para la firma definitiva del acuerdo y el órgano de gobierno de los jueces ponía el ojo a mediados de noviembre para un último pleno extraordinario de despedida. Pero en cuestión de horas todo ha saltado por los aires. De un golpe, el PP cerró la puerta a pactar nada con este PSOE. Ahora, el motivo es la posible reforma del delito de sedición para rebajar las penas. Igual que antes lo fueron el mecanismo de elección de los jueces, la participación de Podemos en las negociaciones, los posibles candidatos para integrar el Poder Judicial o las citas electorales. Excusas que mantienen sumido al órgano constitucional, ahora mismo pilotado por un presidente provisional, en una situación de interinidad desde hace casi cuatro años.
1. Sin acuerdo hasta que se cese a Delgado
A finales de 2018, cuando estaba a punto de cumplir el mandato del CGPJ, los dos principales partidos políticos tenían ya prácticamente hecho un acuerdo de renovación que pusiera al magistrado conservador Manuel Marchena al frente del órgano. Pero, como ahora, todo saltó por los aires en el último momento. El entonces líder de la oposición, Pablo Casado, achacó esa decisión a una supuesta filtración de la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, del nombre de Marchena. Es más, pidieron su dimisión para volver a sentarse a negociar. Sin embargo, lo cierto es que todo se vino abajo cuando el magistrado decidió renunciar al cargo. Y lo hizo después de la filtración del famoso Whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que con el acuerdo controlarían la Sala de lo Penal del Supremo "desde detrás".
2. Con Podemos nada
Algo más de un año después, el PP volvió a abrirse a entablar un diálogo con los socialistas. En enero de 2020, en una entrevista televisiva, Casado tendía la mano al PSOE para negociar la renovación. "Vamos a sentarnos a hablar", insistió también su secretario de Justicia, Enrique López. Pero entonces, la presencia de Podemos en el Ejecutivo se convirtió en la excusa del PP para no abordar el asunto. "No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de batasunos", aseveró el presidente de los conservadores en el verano. Y los conservadores se agarraron con fuerza a las declaraciones públicas de los morados sobre Felipe VI para justificar la falta de avances en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
3. Primero fueron las catalanas y madrileñas, luego las andaluzas
Cuando se dieron cuenta, las elecciones catalanas estaban a la vuelta de la esquina. Y el diálogo quedó aparcado. Entonces, los conservadores se mostraban dispuestos a intentar pactar siempre y cuando Unidas Podemos estuviera fuera de las negociaciones y el Gobierno no aprobase los indultos a los presos del procés. Luego, se cruzó el adelanto electoral en Madrid, que volvió a paralizar el asunto, como ocurrió posteriormente con las elecciones en Andalucía, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente del PP.
4. Candidatos que no gustan
Entre medias hubo un nuevo intento. Era marzo de 2021. Según explicó Casado, el Ejecutivo volvió a aceptar las premisas que se habían puesto hace meses sobre la mesa. Pero, de nuevo, el PP encontró otro problema. En este caso, no gustaban los nombres. En concreto, el de la jueza de Podemos Victoria Rosell y el del magistrado José Ricardo de Prada, el de la sentencia de la Gürtel que condenó al partido conservador como partícipe a título lucrativo y derivó en la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Casado dijo que fijaron una línea roja porque la primera tenía vinculaciones políticas y el segundo era un juez propuesto por el turno de juristas, algo que no supone un problema mientras cumpla con los requisitos establecidos.
5. Los indultos
Los comicios en la Comunidad de Madrid provocaron un enorme terremoto que terminó con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fuera de la política. Una salida del Gobierno que, sin embargo, no allanó el camino de ningún acuerdo para la renovación del Poder Judicial. Porque entonces se cruzaron los indultos a los presos del procés. Y el PP descartó cualquier pacto si se otorgaban las medidas de gracia. "Hoy es una cosa y mañana será otra, pero la realidad es que no llegan a un acuerdo porque no quieren y es exigible que el principal partido de la oposición cumpla la ley", lamentó la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien tildó de "chantaje" la intención del PP de querer "condicionar la renovación en base a la actualidad".
6. El sistema de elección
Feijóo utiliza ahora la reforma del delito de sedición para seguir bloqueando la renovación del CGPJ y el TC
Por entonces, los conservadores se agarraban también al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para mantener en stand by el desbloqueo del órgano constitucional. "Si no hay cambio en el sistema de elección del CGPJ, no hay pacto", decía Casado en una entrevista en El Confindencial. Lo que exigían los conservadores era, básicamente, cambiar el modelo para que fueran los jueces los que eligieran a sus pares en el Poder Judicial, en línea con las recomendaciones de Bruselas. Primero reclamaron que los cambios se llevasen a cabo antes de la renovación. Luego, se abrieron a que los cambios se llevaran a cabo después. Eso sí, siempre y cuando el Gobierno retirase la reforma con la que se habilitaba al órgano de gobierno de los jueces para elegir, a pesar de estar en funciones, a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional que le correspondían. Y a última hora intentaron que ambas cuestiones se negociasen al mismo tiempo.
7. La sedición
Al final, fue la dimisión de Carlos Lesmes al frente del CGPJ y el Supremo lo que terminó por sentar de manera inmediata a PP y PSOE en la mesa de diálogo. Era la "última oportunidad". Y las señales que salían al exterior indicaban que las negociaciones, aunque lentas, iban en la buena dirección. Sobre todo cuando a mitad de semana se conoció que ambos partidos habían acordado impedir que los jueces pudieran poner sentencias nada más abandonar la política. El establecimiento de un periodo de enfriamiento para estos casos era, de hecho, una de las exigencias que el PP había trasladado a Moncloa en el marco de su propuesta para despolitizar la justicia. Una exigencia que ya venía, como otras, de la época de Casado al frente de la formación conservadora.
Pero entonces salió a relucir la posibilidad de reformar el delito de sedición para rebajar las penas. No era la primera vez que el Gobierno se mostraba dispuesto a hacerlo, es un asunto recurrente desde el comienzo de la legislatura. Y, de hecho, parecía que no iba a ser un problema. "Son dos cuestiones distintas", dijo la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una entrevista en televisión a comienzos de semana. Pero al final acabó convirtiéndose en la enésima excusa de los conservadores para mantener el bloqueo del órgano constitucional. Una situación de eterna interinidad que parece que se mantendrá, según ha dejado caer Feijóo, de manera indefinida: "No es fácil pactar con este PSOE".
Todo parecía indicar que se pondría fin de una vez por todas al eterno bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tan avanzadas estaban las negociaciones que el Ejecutivo central miraba ya fechas para la firma definitiva del acuerdo y el órgano de gobierno de los jueces ponía el ojo a mediados de noviembre para un último pleno extraordinario de despedida. Pero en cuestión de horas todo ha saltado por los aires. De un golpe, el PP cerró la puerta a pactar nada con este PSOE. Ahora, el motivo es la posible reforma del delito de sedición para rebajar las penas. Igual que antes lo fueron el mecanismo de elección de los jueces, la participación de Podemos en las negociaciones, los posibles candidatos para integrar el Poder Judicial o las citas electorales. Excusas que mantienen sumido al órgano constitucional, ahora mismo pilotado por un presidente provisional, en una situación de interinidad desde hace casi cuatro años.