El de la parte política del caso de los ERE es un juicio de letra pequeña, que se dirime en detalles técnicos. Los 22 ex altos cargos y funcionarios que se sientan en el banquillo por prevaricación y/o malversación están acusados de haber promovido y mantenido durante más de una década (2000-2011) un sistema de reparto de fondos irregular que permitió que salieran de las arcas públicas andaluzas 855 millones en ayudas sociolaborales sin suficiente control. Si lo hicieron o no se establecerá en parte en función de la interpretación que el tribunal que preside Juan Antonio Calle haga sobre qué legislación era aplicable a la concesión de las ayudas. Todo esto deriva en largas sesiones con interrogatorios de cariz muy técnico. A veces los intercambios con el fiscal adquieren el aire de una disquisición sobre derecho público. Este aroma rutinario contrasta con el elevado relieve político de buena parte de los acusados. Porque están desfilando delante del juez auténticos pesos pesados del poder socialista andaluz, especialmente durante la época de presidente de Manuel Chaves (1990-2009).
Gaspar Zarrías fue consejero de Presidencia de 1988 a 1990 y de 1996 y 2009. De él se decía hiperbólicamente que no se movía una hoja en Andalucía, especialmente en Jaén, sin que se enterase. Nadie por debajo de Chaves tuvo más poder que Zarrías, que ocupó de forma interina la presidencia durante el relevo a José Antonio Griñán. En su interrogatorio, Zarrías se convirtió en el acusado –se expone a diez años de inhabilitación– que con más vehemencia defendió la cobertura lega sistema de reparto de las ayudas. "Había regulación y normativa" para conceder las ayudas, dijo. Quien fuera mano derecha de Chaves citó la Ley de Hacienda, que regulaba las subvenciones, las leyes de presupuestos de la Junta y algunos decretos, así como normas estatales como la órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, respectivamente. "Normativa y reglamentación había", insistió.
La cuestión no es baladí. Parte de la instrucción de Mercedes Alaya, juez impulsora del caso, se basa en la acusación de que las ayudas se tramitaban sin ningún tipo de soporte legal. Esta tesis ha sido respaldada no sólo por Alaya, sino también por el juez Álvaro Martín, que cerró la instrucción de la pieza política, y por la Fiscalía. Ante ello los acusados vienen pronunciándose en dos sentidos: o negando un conocimiento sobre el modo de reparto de las ayudas o sobre los informes de la Intervención –yo no supe nada– o defendiendo la legalidad de todo el sistema –todo era correcto–. Entre estos últimos ha destacado Zarrías, cuya afinidad política y personal con Chaves es total. Los que, como Zarrías, defienden la legalidad del sistema de ayudas sostienen que no hay caso en lo que afecta al método de reparto de ayudas, lo cual contribuiría a desactivar la acusación contra los altos cargos. Si en Andalucía hubo delitos, deberán ser delimitados uno a uno, pero no condenando todo el mecanismo de reparto, según esta línea de defensa.
Una cuestión clave
Zarrías aludió a una orden ministerial de 1995 para entregar sin límites de cuantía ni de años de duración, sin exigencia de publicidad ni de concurrencia. Es decir, lo que coloquialmente se llama a dedo. Esto chocaría, si es aceptado por el tribunal que preside Juan Antonio Calle, con la conclusión de Alaya de que las ayudas fueron entregadas a escondidas. Ya habría una norma que permite otorgar las ayudas sin exigencia de publicidad ni concurrencia y la Junta sería competente para otorgarlas. La propia juez María Núñez, que instruye el resto de las piezas, se ha mostrado permeable a esta idea al preguntar al Ministerio de Trabajo cuántas ayudas entregó con la orden del 95. Está por ver cómo lo ve el tribunal.
La cuestión podría ser clave a lo largo de un juicio que está próximo a cerrar el capítulo de declaraciones de acusados. De los 22, sólo faltan por declarar un ex alto cargo de Empleo, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los dos expresidentes, Chaves y Griñán. Antes de ellos han desfilado ya ante el tribunal numerosos pesos pesados, como los exconsejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Magdalena Álvarez, que también fue ministra con José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Todos ellos negaron conocimiento de irregularidad alguna, pero pusieron menos énfasis que Zarrías en defender la legalidad de la operativa y más en subrayar que no tuvieron conocimiento por Intervención de ilegalidad alguna. Las declaraciones tienden a desplazar el meollo de la responsabilidad a la Consejería de Empleo, lo cual podría poner las cosas difíciles a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como al ex director general Javier Guerrero. No obstante, una tónica general del juicio la marca que nadie carga contra nadie, al menos directamente.
Vallejo afirmó ante el tribunal que le parecía "insólita e increíble" la tesis de que "cientos de personas de distintos ámbitos" cooperasen "durante 12 años" para sostener adrede un "sistema" ilegal de subvenciones arbitrarias o irregulares, lo que supone en parte una parodia de la tesis de la gran trama delictiva de Alaya. En la misma habría estado no sólo el núcleo duro de Chaves, sino que –según la juez instructora que impulsó la causa–, también colaboradores de Griñán, que fue su sucesor. Carmen Martínez Aguayo, mano derecha de Griñán que llegó a ser consejera de Hacienda, para quien la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, aseguró que los informes del Control Financiero Permanente alertando del uso "inadecuado" del procedimiento usado para la concesión y pago de las ayudas, de los que era "receptora" la Viceconsejería de Economía cuando la ocupaba ella como número dos de Griñán, "no pasaban por su mesa". La exconsejera dijo que eran leídos por su equipo técnico, que, junto a la Intervención, no le advirtió de ilegalidades en el mismo. Aguayo insistió en todo momento en que no informó a Griñán de esos informes.
Griñán, en mayores problemas que Chaves
Mientras Chaves se expone únicamente a 10 años de inhabilitación –condena poco relevante por cuanto ya está apartado de la política–, su sucesor se enfrenta a 6 años de prisión y 30 de inhabilitación, al añadirle la Fiscalía el delito de malversación, en contra del criterio del Supremo. La diferencia es que Griñán, presidente de 2009 a 2013, cuando cedió el testigo a Susana Díaz, está acusado de permitir el lucro de terceros. El animus rem sib habendi (ánimo de quedarse con algo) no exige necesariamente enriquecimiento, según el juez Álvaro Martín, que cerró la instrucción iniciada por Alaya. Otra de las dificultades de Griñán es que el ex interventor general, Manuel Gómez, se ratificó durante el juicio en una declaración anterior en la que señalaba que Griñán debió conocer irregularidades. En la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso de 2012, Griñán dijo que fue advertido de que "la escalera de incendios podía ser mejor, pero nunca de que hubiera fuego".
El exconsejero Fernández endosa a Javier Guerrero la responsabilidad de los ERE
Es previsible, observan fuentes conocedoras del caso, que Chaves siga la línea de defensa de Zarrías. En cuanto a Griñán, su trayectoria ha sido más cambiante. Siempre estuvo seguro de que la investigación no lo alcanzaría, hasta que lo alcanzó. Luego llegó a reconocer que en los ERE hubo "un gran fraude", lo cual consumó su alejamiento político de Chaves. Durante el juicio ambos muestran una renovada sintonía. Aunque quedan lejos los tiempos de amistad y tardes de cine en familia, su relación no está rota.
A la espera de que declaren Chaves y Griñán, previsiblemente después de Semana Santa, las defensas han insistido en que no hubo trama delictiva, o no la conocieron. En ocasiones –como el caso de Zarrías– han subrayado que todo fue legal. Porque en este juicio no se dirimen los posibles delitos cometidos con el dinero del sistema, sino su diseño y mantenimiento. Más adelante llegarán los juicios por el supuesto mal uso que hicieron políticos, sindicalistas, empresarios, abogados, comisionistas y próximos al PSOE de distintos ámbitos: sobrecomisiones, intrusos, tratos de favor, ayudas sin justificar... Todo ello se dirimirá en otros juicios, no en éste, en el que sólo se establecen las responsabilidades de los políticos que idearon y mantuvieron el sistema.
Después de Chaves y Griñán, el juicio pasará pantalla. Los guardias civiles empezarán a declarar el 9 de abril.
El de la parte política del caso de los ERE es un juicio de letra pequeña, que se dirime en detalles técnicos. Los 22 ex altos cargos y funcionarios que se sientan en el banquillo por prevaricación y/o malversación están acusados de haber promovido y mantenido durante más de una década (2000-2011) un sistema de reparto de fondos irregular que permitió que salieran de las arcas públicas andaluzas 855 millones en ayudas sociolaborales sin suficiente control. Si lo hicieron o no se establecerá en parte en función de la interpretación que el tribunal que preside Juan Antonio Calle haga sobre qué legislación era aplicable a la concesión de las ayudas. Todo esto deriva en largas sesiones con interrogatorios de cariz muy técnico. A veces los intercambios con el fiscal adquieren el aire de una disquisición sobre derecho público. Este aroma rutinario contrasta con el elevado relieve político de buena parte de los acusados. Porque están desfilando delante del juez auténticos pesos pesados del poder socialista andaluz, especialmente durante la época de presidente de Manuel Chaves (1990-2009).