El 'no' del Supremo a los partidos que buscaban tumbar a Delgado deja en el aire su recurso contra los indultos

La legitimación de los partidos políticos para recurrir es la clave para entender por qué el Tribunal Supremo ha ratificado este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y ese es el primer debate de calado que también deberá abordar este mismo órgano cuando estudie los recursos presentados contra los indultos a los condenados por el proceso independentista catalán. Con las particularidades de cada caso concreto, la jurisprudencia del tribunal sobre este asunto, muy extensa, es muy clara a este respecto y limita claramente las impugnaciones de partidos en decisiones administrativas, esto es, del Gobierno.

En el caso de Delgado, fueron PP y Vox los que presentaron recurso ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo y como cada vez que tienen ante sí escritos de estas características, los magistrados de la Sección Cuarta, a la que ha correspondido la revisión, lo primero que han debatido ha sido si estas formaciones políticas estaban legitimadas. Y la conclusión ha sido que no, por lo que en la deliberación no se ha entrado a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión, es decir, el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general a principios de 2020. Fuentes del tribunal han explicado a este periódico que la reunión ha transcurrido con normalidad y en pocas horas se ha resuelto la cuestión.

Eso sí, dos magistrados, Antonio Jesús Fonseca y José Luis Requero, de los siete que han participado no están de acuerdo y han anunciado la presentación de voto particular. Su opinión, según fuentes jurídicas, es que el nombramiento de Delgado fue una decisión de naturaleza política y, por tanto, partidos políticos sí están legitimación para cuestionarlo. Esto es a lo que se agarra el PP para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Sin leer el pronunciamiento de la mayoría de la Sección Cuarta y del presidente de la Sala Tercera, César Tolosa –que también ha estado en la deliberación–, pues la resolución se hará pública en los próximos días, el partido que lidera Pablo Casado sigue empeñado en acudir a los tribunales para cuestionar decisiones puramente políticas del Ejecutivo.

Control de la legalidad no es control político

Las fuentes consultadas explican que la jurisprudencia del Supremo viene siendo muy clara en lo que respecta a la legitimación de los partidos políticos y el mismo caso que se ha planteado en el nombramiento de Delgado se da en los numerosos recursos que se han presentado recientemente contra los indultos a los nueve condenados del procés que cumplían pena de prisión. Porque una cosa esa es el control de la legalidad y otra muy distinta el control de los actos políticos. Además, recuerdan que el precedente más similar al de Delgado y por el que el alto tribunal anuló en 1994 el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general fue recurrido por asociaciones de jueces y fiscales, algo que no ha ocurrido en el caso actual. Otra diferencia es que en aquella ocasión no se cumplía el requisito de los 15 años de ejercicio como jurista de reconocido prestigio, algo que en la designación de la exministra no se cuestionó.

En el caso de los indultos, los titulares de los recursos han acudido a varias vías para tratar que el Supremo les reconozca la legitimación, pues conocen las dificultades que, a priori, se les presentan. Por un lado, PP y Vox han impugnado las medidas de gracia otorgadas por el Gobierno el pasado mes de junio como partidos. La decisión con respecto a Dolores Delgado, que según las fuentes consultadas reflejará la extensa jurisprudencia del alto tribunal sobre la legitimación, puede marcar el camino en el futuro de estos recursos y suponer un jarro de agua fría para estos partidos, sobre todo para el conservador. Puede haber más dudas con la formación de extrema derecha por haber sido parte en el juicio del procés como acusación popular.

Posiblemente porque han tenido en cuenta la jurisprudencia que es contraria a la judicialización de decisiones políticas, Ciudadanos ha preferido seguir otra estrategia para tratar de sortear el problema de la legitimación: tres exdiputados del Parlament, incluida Inés Arrimadas, han recurrido a título individual alegando que sus derechos "fueron pisoteados para que se cometiera", en palabras del exabogado del Estado Edmundo Bal, la sedición por la que los exdirigentes independentistas fueron condenados. El PP siguió después esta misma táctica y, aparte de su recurso como partido, parlamentarios catalanes impugnaron las medidas de gracia, a los que se unió también el ex delegado del Gobierno Enric Millo.

¿Afectados directos?

El Supremo marca el camino a los jueces para poner freno a la judicialización de decisiones políticas

Ver más

Esta vía para recurrir los indultos se basa en que todos estos políticos se presentan como afectados directos del procés y, por tanto, de sus promotoresprocés. Igual que la asociación Convivencia Cívica Catalana y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. Su intención es que el alto tribunal acepte su legitimación como hizo en su día con la familia de la víctima de un conductor kamikaze que fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Supremo admitió su legitimación y después revocó la medida de gracia.

La clave para resolver las dudas sobre la legitimación podría estar en una sentencia del Supremo de 2015 sobre el indulto a un empresario canario condenado por un delito relacionado con el medio ambiente. En esa resolución, consultada por este periódico, el alto tribunal admitió la legitimidad de una ONG para recurrir la medida de gracia aunque no hubiese sido parte en el juicio. No obstante, la Sala se dividió entonces, ya que dos magistrados hicieron un voto particular oponiéndose. El análisis de esa sentencia lleva a preguntarse quién es titular del bien jurídico protegido en cuestión.

Esta es la duda que tendrá que resolver la Sala Tercera del Supremo. Los recursos contra el nombramiento de Delgado han sido examinados por la Sección Cuarta, pero aún está por ver si los de los indultos se quedan en la Sección Quinta, donde han recaído por reparto, o son elevados al Pleno de la Sala para que sean los casi treinta magistrados que la integran los que participan en la deliberación. Esta situación aún no se ha planteado, según fuentes del alto tribunal consultadas por este periódico, toda vez que los recursos acaban de ser formalizados ante el Supremo y no se espera que se resuelvan hasta, como pronto, mediados del año que viene.