El inminente nombramiento del ya virtual nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, anticipa una vuelta a la calma tras una crisis sin precedentes desatada por el fiasco de Manuel Moix. Moix, el jefe de Anticorrupción más breve de la historia, es el hombre a quien el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, eligió en febrero para el cargo pese a haber sido informado de que el principal investigado en la Operación Lezo, Ignacio González, había hecho votos por su nombramiento en una conversación grabada por la Guardia Civil. El 1 de junio, 60 horas después de que infoLibre hubiese desvelado su participación en una compañía panameña propietaria de un chalé de lujo en la sierra de Madrid, Moix se vio forzado a dimitir.
Adscrito a Anticorrupción desde su puesta en marcha en 1995, sin afiliación a ninguna de las asociaciones de fiscales y acusador público en procesos de máxima relevancia como el de las tarjetas black de Caja Madrid o el ya lejano caso Roldán, Alejandro Luzón (Madrid, 1964) tiene ante sí una misión compleja: afianzar para Anticorrupción el marchamo de institución impecable con los corruptos sin distinción de siglas políticas ni intereses económicos.
Partidario de introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito, que facilitaría la persecución de quienes se corrompen desde cargos públicos, el Plan de Actuación presentado por Luzón no menciona esa medida pero sí la necesidad de una nueva ley procesal que ajuste al máximo los plazos de investigación previa al juicio a fin de que los implicados no dispongan "de tiempo suficiente para ocultar el producto del delito" ni obtengan bazas para invocar luego que han sido víctimas de dilaciones indebidas ni simultáneamente se vean sometidos a un juicio paralelo.
Luzón parte con el apoyo en bloque que este miércoles le han brindado los seis miembros de la Asociación de Fiscales presentes en el Consejo Fiscal, órgano consultivo del fiscal general del Estado, y los dos miembros natos que se sientan en esa mesa, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector. Pero arranca también con el respeto expreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que cuenta con tres representantes en el Consejo Fiscal y cuyos votos fueron para otro de los seis candidatos, Pedro Crespo, fiscal jefe de lo Contencioso del Tribunal Supremo, afiliado a esa asociación y considerado uno de los baluartes más firmes del ministerio público.
"El de Luzón es un nombramiento acertado", resume en declaraciones a este diario Sofía Puente, una de los tres integrantes del Consejo en representación de la UPF. Puente, que pidió abiertamente la dimisión de Moix una vez conocidos sus vínculos con la firma panameña, destaca la "profesionalidad y el prestigio" del futuro jefe de Anticorrupción.
Todas las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en que en esta segunda convocatoria Maza no tenía la opción de volver a equivocarse. Máxime tras haber apoyado con ardor a Moix una vez trascendieron sus vínculos con un país que en la práctica permanece instalado en el continente de los paraísos fiscales. Todos coinciden también en que el peso de lo sucedido con Moix le ha obligado a aceptar a un candidato que no era el suyo –Luzón ya concurrió a la plaza en febrero– y por el que días atrás ya se había decantado el principal aliado natural del fiscal general del Estado, la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales. Aunque algunos sostienen que Maza patrocinaba ahora a la fiscal Ángeles Montes, fiscal del Supremo, la mayoría de las fuentes a las que este diario ha pedido opinión coinciden en que no les consta que tal afirmación se corresponda con la realidad.
Fiscales de distinto signo ideológico pulsados por infoLibre coinciden en observar en Luzón dos factores esenciales y ligados entre sí: que no solo es honesto a carta cabal sino difícilmente manejable . Uno de los sondeados expresa así su posición: "Lo que diga Alejandro va a misa se esté de acuerdo o no con él, porque si dice algo es porque firmemente cree que es lo correcto y no cabe la menor sospecha de que le guíe un interés espurio". "Es adusto y un poco soberbio pero, sin duda, es un buen fiscal", opina otro de los tanteados.
En su Plan de Actuación, Luzón promete ejercer la portavocía de Anticorrupción de forma transparente, con "discreción" y evitando "las llamadas filtraciones". Y hace una declaración de "lealtad" a Maza: "el Fiscal Jefe Anticorrupción –dice el texto– debe mantener, por lo tanto, una permanente comunicación con el Fiscal General del Estado, basada en la lealtad, informándole con la máxima diligencia del desarrollo de aquellas investigaciones y procedimientos que revistan importancia o trascendencia, ya sea jurídica o mediática". "Cabe decir –agrega más adelante– que, en realidad, el fiscal general del Estado es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción".
Por la jefatura de Anticorrupción competían seis candidatos. Además de Luzón y los ya citados Pedro Crespo y Ángeles Montes esperaban ser elegidos otros tres fiscales: Teresa Gálvez (caso Púnica) y Antonio Romeral (papeles de Bárcenas), ambos destinados en Anticorrupción; y el exfiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón.
El inminente nombramiento del ya virtual nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, anticipa una vuelta a la calma tras una crisis sin precedentes desatada por el fiasco de Manuel Moix. Moix, el jefe de Anticorrupción más breve de la historia, es el hombre a quien el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, eligió en febrero para el cargo pese a haber sido informado de que el principal investigado en la Operación Lezo, Ignacio González, había hecho votos por su nombramiento en una conversación grabada por la Guardia Civil. El 1 de junio, 60 horas después de que infoLibre hubiese desvelado su participación en una compañía panameña propietaria de un chalé de lujo en la sierra de Madrid, Moix se vio forzado a dimitir.