Encargada de investigar delitos contra los intereses financieros de la UE, la casi recién creada Fiscalía Europea acaba de colocar a Isabel Díaz Ayuso en una situación de riesgo inesperado. En paralelo a las diligencias que desde el 22 de febrero realiza Anticorrupción sobre el contrato de emergencia para una empresa, Priviet Sportive SL, que pagó comisión al hermano de la presidenta madrileña, la Fiscalía Europea ha abierto un procedimiento equiparable a las causas cuyo rumbo dirigen en España no los fiscales sino los jueces de instrucción.
Según las fuentes consultadas, en ese procedimiento de la UE, sobre el que la Fiscalía General del Estado carece de potestades, no hay todavía ningún imputado. Pero los delitos que entran en escena poseen gran envergadura: malversación de fondos europeos (aquí, los llamados Feder); cohecho (en lenguaje común, soborno) y defraudación a los presupuestos generales de la UE.
La causa está en manos de la fiscal europea elegida por España, Concepción Sabadell, que aún no lleva ni un año en el cargo. Figura clave en el caso Gürtel -entonces pertenecía al plantel de Anticorrupción-, la superiora jerárquica de Sabadell no es la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, sino la Fiscal Jefa Europea, Laura Codruța Kövesi. Si la fiscal europea concluye que hubo delito, el caso se juzgaría en España atendiendo a nuestro Código Penal y así se deriva de la ley de 2021 que adoptó la legislación nacional a la norma de la UE sobre esta nueva institución.
El precio de las mascarillas, una de las claves
Las fuentes consultadas indican que el precio de las mascarillas cobrado al Ejecutivo madrileño por Priviet Sportive SL -1,5 millones más IVA por 250.000 mascarillas- constituye una de las claves de bóveda en la investigación de la Fiscalía Europea. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre apuntan a que la Fiscalía Europea también podría acabar asumiendo la investigación sobre los 12 contratos de emergencia del Gobierno central que Díaz Ayuso denunció ante la Fiscalía Anticorrupción en revancha por la denuncia que activó la apertura de diligencias sobre la adjudicación a Priviet Sportive.
La existencia del procedimiento penal internacional por el contrato del que se benefició Tomás Díaz Ayuso trascendió este viernes cuando se supo que la Fiscalía Europea ha requerido a Anticorrupción que le traspase también las diligencias que mantiene abiertas. Esta es por malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. En favor de la cesión, lo que Sabadell sostiene se resume así: que los dos presuntos delitos que investiga Anticorrupción, el de tráfico de influencias y el de negociaciones prohibidas, están indisociablemente unidos a los de malversación, cohecho y defraudación presupuestaria: los tres son los que por el origen del dinero -Bruselas- corresponde investigar a la Fiscalía Europea.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, entiende justamente lo contrario: que no hay nexo. El traspaso de todo a la Fiscalía Europea se perfila este viernes como una hipótesis remota: se opone de forma tajante Luzón. Y todo apunta a que Dolores Delgado, Fiscal General y que decidirá el lunes, también está en contra.
Las fuentes consultadas por infoLibre admiten que sí es ya seguro que investigar el supuesto delito de malversación recaerá sí o sí en la Fiscalía Europea. ¿Por qué? Porque el dinero procede de la UE. Y justamente combatir la corrupción, el fraude y el desvío de los fondos públicos de la Comunidad constituye la misión esencial de la nueva Fiscalía, en activo desde junio de 2021.
La discrepancia entre la Fiscalía Europea y Anticorrupción ha dado pie a lo que se conoce como una cuestión de competencia. Pero si tras escuchar a quienes integran la denominada junta de fiscales Dolores Delgado resuelve el lunes que Luzón debe mantener sus diligencias, el efecto práctico será mínimo. En teoría puede ocurrir que acabe habiendo dos investigaciones en marcha sobre el mismo contrato: la de Anticorrupción y la de la Fiscalía Europea. Pero Luzón ya avisó en el decreto por el que el 22 de febrero abrió las diligencias preprocesales -o sea, las que acaban en querella o literalmente en nada- que no veía indicios "razonablemente verosímiles" de delito. Y que por tanto, no pensaba en ese momento derivar la causa al Tribunal Supremo (TS). El Supremo es el único tribunal con competencias para investigar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien los denunciantes señalan como involucrada en la adjudicación del contrato bajo sospecha.
La decisión de Anticorrupción de abrir esas diligencias el pasado 22 de febrero fue el resultado de las denuncias presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos una vez salió a la luz que la empresa Priviet Sportive SL había pagado una comisión al hermano de Díaz Ayuso tras recibir del Gobierno madrileño un contrato de emergencia para el suministro de mascarillas. El importe del contrato se cifró en 1,5 millones de euros a cambio de 250.000 cubrebocas al inicio de la pandemia. Priviet Sportive SL pagó a Tomás Díaz Ayuso al menos 55.850 euros más IVA por sus gestiones -no se sabe cuáles- para ese contrato. Pero hubo más: por lo que se conoce, lo que en total cobró de Priviet en 2020 el hermano de la jefa del Ejecutivo regional asciende a 283.000 euros. En concepto de qué es uno de los interrogantes todavía sin respuesta.
Los Fondos Feder y la respuesta de Hacienda
El requerimiento de la Fiscalía Europea a Anticorrupción figura en un escrito dirigido a Alejandro Luzón. Las fuentes consultadas en la Fiscalía española aseguran que sobre malversación y defraudación presupuestaria el escrito que Sabadell dirige a Anticorrupción sí detalla el porqué de tal sospecha y subraya que para el contrato investigado se utilizaron fondos Feder. Sobre el delito de cohecho -agregan las mismas fuentes- Concepción Sabadell no da argumentos ni señala a ninguna persona física o jurídica. Este periódico no ha logrado recabar la versión de la Fiscalía Europea.
Anticorrupción abre una investigación por el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso
El escrito a Anticorrupción llegó después de que, a petición de la Fiscalía Europea, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), adscrito al Ministerio de Hacienda, le confirmase que el dinero empleado por el Gobierno de Ayuso para el contrato con Priviet Sportive procede de los Fondos Feder. A lo largo del viernes circuló como la pólvora la versión contraria: que la iniciativa de poner la investigación a la Fiscalía Europea partió del SNCA. Y que no se limitó a responder la pregunta de la UE sino que le hizo llegar "un informe". Las fuentes consultadas por infoLibre afirman que se trató solo de "un oficio". O lo que es lo mismo, el papel oficial con que una administración responde a otra. En cualquier caso, se acabará conociendo la secuencia cronológica de los hechos.
Tras conocer la noticia sobre el paso dado por la Fiscalía Europea, Isabel Díaz Ayuso insistió en la legalidad del contrato con Priviet. A la hora de fiscalizarlo, ironizó, solo falta la ONU. "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", declaró.
La oposición recibió con optimismo la noticia. "Los chanchullos de Ayuso traspasan fronteras", proclamó la portavoz de Más Madrid en la Asamblea Regional, Mónica García. El jefe de los socialistas madrileños, Juan Lobato, reclamó a Ayuso "que dé la cara" y desbloquee la comisión de investigación en la Cámara madrileña sobre el contrato vinculado a su hermano. Y la portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, calificó de "buenísima noticia" que se "fiscalice con más intensidad" el reparto de dinero público durante la pandemia en la región.
Encargada de investigar delitos contra los intereses financieros de la UE, la casi recién creada Fiscalía Europea acaba de colocar a Isabel Díaz Ayuso en una situación de riesgo inesperado. En paralelo a las diligencias que desde el 22 de febrero realiza Anticorrupción sobre el contrato de emergencia para una empresa, Priviet Sportive SL, que pagó comisión al hermano de la presidenta madrileña, la Fiscalía Europea ha abierto un procedimiento equiparable a las causas cuyo rumbo dirigen en España no los fiscales sino los jueces de instrucción.