el gobierno de los jueces
Nueve jueces de la asociación conservadora frente a cinco de la progresista: el reparto de plazas en el TS

Diez vocales conservadores, 10 progresistas y una presidenta, Isabel Perelló, que en teoría forma parte de este último grupo, aunque su nombre lo pusieron sobre la mesa los vocales a propuesta del PP. Esa composición tan pareja se ha reflejado en las propuestas de las dos sensibilidades en el nombramiento de 21 magistrados del Tribunal Supremo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial este miércoles. Pero la derecha y la izquierda judicial buscan candidatos de perfil diferente. Nueve de los 10 nuevos miembros del alto tribunal seleccionados por los primeros son integrantes de su colectivo profesional de referencia, la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los progresistas han propuesto a 11 magistrados, pero solo cinco pertenecen a la única asociación de izquierdas (Juezas y Jueces para la Democracia). El resto son jueces no asociados (tres) y un candidato de la también conservadora pero más moderada Francisco de Vitoria (FdV).
Cuando los nuevos 20 vocales y su presidenta accedieron a sus cargos, se propusieron potenciar al máximo la valoración de los perfiles de los distintos candidatos a las más de 120 plazas vacantes en toda la judicatura que el bloqueo generado por el PP provocó. Los consejeros se conjuraron para buscar "la excelencia" de los aspirantes y reducir al máximo la discrecionalidad ideológica o asociativa con el objetivo de nombrar a los más válidos, recuerdan fuentes del CGPJ. Pero en su primera gran tanda de designaciones del Supremo, todos los nuevos magistrados propuestos por la derecha judicial (salvo uno, que es letrado de las Cortes) pertenecen a la APM, su asociación de referencia. Los procedentes de otras asociaciones y del colectivo de jueces no asociados han sido apadrinados por los vocales de la izquierda.
La APM sale especialmente potenciada en la sala más importante, la de lo Contencioso-Administrativo (también denominada Sala Tercera), que resuelve todos los recursos contra las decisiones del Gobierno y demás administraciones públicas, y que también tiene la última palabra sobre los nombramientos y demás actos del Consejo. Los conservadores han conseguido colocar en ella a seis miembros de la asociación mayoritaria y conservadora: Manuel Fernández-Lomana, Concepción García Vicario, Sandra González de Lara, Francisco José Sospedra, Miguel de los Santos Gandarillas y Francisco Javier Pueyo. La izquierdista JJpD, sin embargo, queda mucho menos representada en esa sala clave con solo tres nuevos miembros: Alicia Millán, Consuelo Uris y José Luis Quesada.
Los vocales progresistas también han propuesto al vitorino Juan Pedro Quintana, expresidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y a tres no asociados valorados especialmente por su currículo: José Luis Gil Ibáñez y Berta Santillán y Juan Manuel San Cristóbal. Junto a todos ellos, los conservadores han apostado por el letrado en Cortes Manuel Delgado-Iribarren, avalado por la vocal de ese mismo cuerpo funcionarial Isabel Revuelta y considerado cercano al magistrado del Constitucional Enrique Arnaldo; y los progresistas a la abogada del Estado ante el Supremo María Pilar Cáncer Minchot.
En la Sala de lo Social (la Cuarta), la representación de APM y JJpD ha resultado mucho más pareja. La primera contará con dos nuevos magistrados, el exvocal a propuesta del PP Juan Martínez Moya y Ana María Orellana Cano; y otros dos de la progresista, el exconsejero a propuesta del PSOE Félix Azón y la magistrada Isabel Olmo Parés. Los otros dos nuevos integrantes de la sala, también propuestos por el sector progresista, son no asociados: el exmagistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional Rafael López Parada y el exdirector del gabinete técnico del alto tribunal Juan Manuel San Cristóbal, exvitorino y apadrinado por la presidenta del CGPJ Isabel Perelló.
El papel de Perelló, además de en el caso de San Cristóbal, también ha sido especialmente relevante en el de Manuel Almenar, seleccionado para formar parte de la Sala de lo Civil (la Primera). El magistrado de la Audiencia de Pontevedra, exvocal conservador y exvicepresidente de la APM formó el tándem que, junto a la actual ministra de Defensa Margarita Robles, dominó de facto el CGPJ en su mandato de 2008-2013. También formó parte de ese Consejo Félix Azón, progresista también propuesto por la presidenta. Todos ellos tuvieron un papel clave en el ascenso de Perelló y del líder del sector conservador José Antonio Montero al Supremo en 2009.
Fuentes del Consejo apuntan a la fuerte derechización de la carrera y a la escasez de candidatos progresistas como claves para la baja representación de JJpD. Desde el sector progresista recuerdan que, a determinadas plazas, como la presidencia de la Audiencia Nacional, todavía por cubrir, solo se han presentado candidatos conservadores por lo que auguran que serán más aspirantes de esta sensibilidad los que saldrán elegidos en las próximas convocatorias. "En esas condiciones tendremos que apostar por los de mayor calidad técnica y que tengan una fuerte conciencia de la Justicia como servicio público", apunta uno de sus miembros.
En el apoyo de magistrados y magistradas del Supremo por sexo también hay diferencias entre el sector conservador y el progresista. De los 10 nombramientos al alto tribunal apoyados por los primeros solo tres fueron para mujeres. Las nuevas magistradas del alto tribunal propuestas por los progresistas son cinco, de las 11 plazas que les han correspondido en esta tanda de designaciones.