El nuevo acuerdo para reformar la 'ley mordaza' afectaría al 83% de las sanciones que se imponen

Cuando en julio los dos partidos que conforman el Gobierno anunciaron un mínimo acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde Sumar se esforzaron por trasladar la idea de que aquello tan solo era "el inicio" del camino. Hoy, tres meses después, ambos han dado un paso de gigante. El Ejecutivo y EH Bildu han cerrado este jueves un acuerdo para la reforma de la ley mordaza en torno a aquellos aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Por un lado, la eliminación de las pelotas de goma. Y por otro, cambios en los dos preceptos de la norma que más sanciones provocan. En concreto, el 83%.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada.

El acuerdo alcanzado ahora supera, precisamente, esos escollos. El Ejecutivo y EH Bildu, uno de los socios parlamentarios que entonces votó en contra, han pactado incluir una disposición adicional que recoge expresamente la eliminación de las pelotas de goma. En concreto, establece que las autoridades "deberán desarrollar protocolos específicos" sobre gestión policial de manifestantes en orden a utilizar siempre "los medios menos lesivos". "Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", completa el documento, que también ven con buenos ojos PNV y ERC.

No es la única disposición adicional. También se ha pactado otra que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar "con detenimiento, estudio y rigor" la Ley de Extranjería en relación a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que en su día avaló el Tribunal Constitucional. El objetivo es que se reconozcan y garanticen los "derechos de las personas migrantes" y se asegure que la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional se realice "en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Dos artículos que representan la mayoría de sanciones

Los socios del Gobierno acordaron en julio retocar el artículo de la norma que recoge como infracción grave la toma o difusión de imágenes de policías. Un precepto que solo representa el 0,06% de las sanciones que se imponen. Pero ahora, el acuerdo resulta mucho más ambicioso, ya que incluye las dos infracciones que más castigos han generado en los algo más de nueve años de vida de la norma: las faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad. Aunque no se derogan, sí se plantea una nueva redacción que busca acotar el margen de discrecionalidad de los agentes a la hora de proponer sanciones de este tipo.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta 2023 –últimos datos disponibles–, se han impuesto con la ley mordaza 2,15 millones de sanciones por un total de 1.292 millones de euros. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado las referidas a estas cuestiones, y centrándonos en aquellas relativas a seguridad ciudadana, las estadísticas oficiales reflejan en ese mismo periodo 636.738 infracciones por 328 millones de euros. De ellas, 360.855 fueron por desobediencia o resistencia. Y 171.173 por faltas de respeto. Ambos preceptos acumulan, por lo tanto, el 83% de los castigos.

Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Y no es el único. En 2016, por ejemplo, a la periodista Mercè Alcocer le impusieron 601 euros de multa por desobediencia cuando cubría la declaración en la Audiencia Nacional del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A la informadora se le reprochaba que hubiera abandonado la zona habilitada para medios para intentar recoger declaraciones del expolítico.

La desobediencia o resistencia aparece actualmente recogido en el artículo 36.6, donde se enumeran las infracciones graves –con multas comprendidas entre los 601 y los 30.000 euros–. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con EH Bildu plantea desplazarlo a la categoría de "leve" –cuya multa máxima son 600 euros– y acotar el margen de aplicación. Así, la desobediencia debe ser "manifiesta y clara", al igual que la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad y sus agentes. Y para la resistencia tiene que existir "oposición corporal" cuando se trate de la "negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico".

En cuanto al segundo comportamiento, aparece regulado en el artículo 37.4: "Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La nueva redacción acordada, sin embargo, sustituye el amplio "faltas de respeto y consideración" por "insultos e injurias". Y para entender cometida la infracción, las expresiones vertidas deben ser "relevantes", sin que pueda considerarse sancionable "la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, una sanción en base a este precepto podrá dejarse sin efecto si el sancionado accede a retractarse o disculparse.

Buena base para el acuerdo

Desde algunas instancias internacionales hace ya mucho que se pide una revisión de la ley mordaza. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya sugirió en un informe de 2021 hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la norma teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, de hecho, mostraban preocupación por la redacción de algunas disposiciones: "Confían a la policía amplios poderes". Entre otras, las que ahora se busca reformar. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el precepto relativo a las faltas de respeto a los agentes.

Pero hasta ahora la mayoría parlamentaria a favor de la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza no había logrado ponerse de acuerdo. Cerca estuvo durante la pasada legislatura. Es más, se llegaron a consensuar cambios en 36 de los 54 artículos que conforman la norma, algunos de los cuales reducían el tiempo de identificación en comisaría, limitaba los registros corporales o establecía multas vinculadas a la renta. Sin embargo, las discrepancias sobre la desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma o devoluciones en caliente hicieron que todo descarrilase. ERC, EH Bildu y Junts se negaron a respaldar una modificación que se quedara corta.

Pero ahora el acuerdo entre el Gobierno y la formación abertzale en torno a estos cuatro puntos fundamentales allana el camino para culminar la ansiada reforma, que recuperará todos aquellos aspectos ya acordados en la pasada legislatura. Tanto ERC como el PNV ya han anunciado que se sumarán al acuerdo para aprobar una nueva ley mordaza. Junts, por su parte, ha avanzado que presentará enmiendas al texto, si bien lo cierto es que con el acuerdo quedan cubiertas todas las lagunas que le llevaron a votar en contra en marzo de 2023. Podemos, por su parte, cree que el pacto alcanzado no es más que un "retoque estético" y votará en contra –aunque en la pasada legislatura votó a favor– si no se incluye la prohibición "expresa" de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.